En este trabajo
pretendemos definir el concepto de sociedad civil, como elemento indispensable
para entender un concepto relacionado, pero más complejo: la participación ciudadana (PC), y que a través de los años, y
dependiendo del contexto político, se ha ido construyendo y descontruyendo, en
un proceso cíclico, así como su estrecha relación con la democracia. Tal vez por su vinculación con la democracia,
son términos todos de difícil definición y delimitación. Debido a que la
democracia puede ser social, participativa, representativa, directa,
deliberativa, económica, no es fácil determinar dónde termina un concepto y
empieza el otro. Aunque trataremos de hacerlo.
A seguidas de
definir lo que es la sociedad civil y adentrarnos un poco a los múltiples
significados históricos de ésta y su contexto actual, pasaremos a definir el
concepto de participación ciudadana, analizar cuál es su nivel de
institucionalización en América Latina y el Caribe, en especial, en República
Dominicana, así como su estatus real en el accionar cotidiano de las
instituciones y los ciudadanos. También destacar las formas principales de
participación ciudadana en el país, y al final presentaremos algunas
conclusiones sobre este tema.
La sociedad civil como
génesis de la participación ciudadana
La sociedad civil
es un concepto muy abarcador, engloba prácticamente todo aquello que no es el
Estado, sin embargo, se excluyen de su seno instituciones como la iglesia y las
empresas, de acuerdo a la definición hegeliana, es decir, que sociedad civil es
todo aquello que no es Estado ni partidos ni iglesia ni empresariado ni grupo
militar, atendiendo, como ya dijimos, a una definición tradicional. Pero hoy en
día se maneja un concepto de sociedad civil menos restringido, caben en él la
ciudadanía, organizada o no, la iglesia, los medios de comunicación y el
empresariado. Esta última es una concepción de sociedad civil que se
corresponde con la elaborada por Bobbio:
“La sociedad civil se ubica en contraposición al Estado, se entiende
por la esfera de la sociedad civil las relaciones entre individuos, entre
grupos, entre las clases, que se desarrollan al margen de las relaciones de
poder que caracterizan a las instituciones del Estado. En otras palabras, la
sociedad civil está representada en los conflictos del terreno del desarrollo
económico, ideológico, social y religioso que el Estado tiene la obligación de
resolver interviniendo como mediador o por medio de la fuerza… (es) el campo de
las diversas formas de movilización, de asociación y organización de las
fuerzas sociales que luchan para conquistar del poder político”. (Bobbio,
1997). (Traducción propia)
Con esta definición
se marca una clara diferencia entre Estado y sociedad civil, sin embargo, Sergio De
Piero (2005) distingue la existencia de zonas grises entre la sociedad civil y
el Estado y entre ésta y el mercado, ya que, como señalara, “sus efectos se
sienten en la política, la economía, la cultura, etc.”. Existen instituciones
descentralizadas del Estado que ofrecen servicios del tercer sector, también está el ejemplo de los medios de comunicación, que siendo
empresas privadas brindan un servicio público que también coloca a este tipo de
organizaciones en la esfera de la sociedad civil, e igual es la situación de
las organizaciones eclesiales de base, que siendo parte de la iglesia ofrecen
un servicio social y tienen una organización estatutaria que las colocan en la
lista de las organizaciones de la sociedad civil. Norberto Bobbio también añade
que los partidos políticos pertenecen a esta esfera gris: forman parte de lo
institucional político y de la sociedad civil.
“Los
partidos políticos tienen un pie en la sociedad y civil y el otro en las instituciones,
tanto así que ha sido propuesto enriquecer el esquema conceptual
dicotómico y de intercalar entre los dos
conceptos de sociedad civil y de Estado el de sociedad política [Farneti, 1973,
pp.16ss.] orientado a abarcar precisamente el fenómeno de los partidos que de
hecho no pertenecen completamente ni a la sociedad civil ni al Estado”.
(Bobbio, 2006).
Este autor recuerda
la propuesta de Farneti de que se incorpore un tercer concepto que supere la
dicotomía Estado/sociedad civil y que defina un tanto el carácter de los
partidos políticos, que de hecho no pertenecen completamente ni a la sociedad
civil ni al Estado.
En Europa, la
sociedad civil surge en contraposición a la nobleza y al clero, como lo que se
llamó el Tercer Estado, que en Francia dio empuje a la Revolución Francesa,
pero en América Latina se forma como un movimiento de autoprotección y como
movimiento mismo:
“La sociedad civil en América
Latina se caracterizó, no por la oposición al Estado ni de manera central por la generación de un
mercado (en tanto construcción y defensa de la propiedad
privada), sino por una combinación de la autoprotección y la idea del movimiento, que a lo largo del último
siglo adoptó diferentes significaciones: liberación nacional, ampliación de la participación, revolución,
modernización, etcétera. No se trata sólo
de un espacio de construcción de
instituciones, ni siquiera de la idea de democracia liberal. Expresa en particular la conjunción de sectores y grupos,
y del concepto de pueblo en general,
como un sujeto articulador de demandas y expectativas de construcción de un nuevo orden. Por ello, los movimientos
nacional-populares expresan de manera más amplia y articulada una idea de sociedad civil durante el siglo
XX”. (De Piero, 2005).
Claus
Offe, citado por Edurne Uriarte (2002), ubicando el
nacimiento de los movimientos sociales, argumenta que surgieron a partir de los
años sesenta con diversos movimientos, entre los que se destacaron los
feministas, ecologistas, pacifista, estudiantil, campesino, entre otros. Y el
interés por estudiar estos movimientos habría surgido a partir de la aparición
de estos grupos. Los jóvenes son señalados por Ronald
Inglehart, también citado por Uriarte, como catalizadores sociales al
desarrollar nuevas reivindicaciones una vez que la democracia representativa y
el bienestar económicos están asegurados:
“Los postmaterialistas son
aquellos que han crecido en condiciones de relativa seguridad física y económica. Por lo tanto,
dando por supuesta la supervivencia y dedican más tiempo y energía a actividades más
distantes y abstractas como la política. Esto ha contribuido a una tendencia internacional hacia porcentajes
mayores de comportamiento no convencional, desafiante
para la élite”. (Inglehart, 1998).
Pese a que los
conceptos de sociedad civil y participación ciudadana están bastante
relacionados y que a menudo son usados como sinónimos, no describen lo mismo.
Sociedad civil no necesariamente describe a un conglomerado activo que trabaja
para incidir en las políticas públicas o en su propio bienestar, aunque se
presume que la vocación de la sociedad civil es la movilización social en
procesos que buscan el bienestar de las comunidades a través del buen gobierno
(visión positiva de la sociedad civil), en el otro extremo están las
organizaciones civiles que promueven el racismo, el prejuicio, la
discriminación y la exclusión (visión negativa).
De la misma forma como la
participación ciudadana gana adeptos, de forma especial entre los jóvenes (son
ejemplos el movimiento M-15, en España; las manifestaciones estudiantiles por
mejoría de la educación, en Chile; protestas contra la corrupción y por el
aumento de la partida presupuestal para la educación a un 4%, en República
Dominicana, entre otros), la sociedad civil mantiene su estatus, aunque su
estructura ha experimentado cambios significativos. La incorporación del sector empresarial al debate de las ideas y a la negociación con los
sindicatos de trabajadores y el Gobierno, es uno de esos cambios, y esta nueva
visión del empresariado como ente social, mas no de la empresa, es más visible
en los países del tercer mundo con un escaso desarrollo institucional. Es allí
donde el empresariado pasa de simple observador del manejo de la cosa pública a
un actor activo en el diálogo con el Estado, en las negociaciones, la
interpelación y rendición de cuentas.
La participación ciudadana:
un paso más adelante
Definida ya la
sociedad civil y esclarecido que su existencia no es sinónimo de sociedad
activa, es preciso pasar a un segundo plano de la dimensión civil: la
participación ciudadana, definida como el “proceso que se registra con
indicadores tales como la integración en procesos consultivos generales, la
movilización social para presionar por políticas públicas sectoriales y
generales, la búsqueda de representación social y política y, en general, toda
forma de integración de las personas, en forma organizada o no, a los procesos
mediante los cuales se toman decisiones a nivel comunitario, social y político
que afectan al conjunto del colectivo involucrado u objeto de dicha decisión”.
(Artiles,
L., comunicación personal, 13 de febrero de 2012).
La constitución de
Ecuador incluye en su artículo 3 una definición de participación ciudadana que
vale la pena rescatar:
“La
participación ciudadana se define como el sistema por el cual se involucra
activamente a todos los sectores sociales en la vida jurídica, política,
cultural y económico social del país, con la finalidad de mejorar las
condiciones de vida del habitante ecuatoriano, con miras a una justa
distribución de los servicios y recursos públicos”. (Hevia: 2007).
Para el antropólogo social
Felipe Hevia de la Jara, la
participación ciudadana contiene dos ideas-fuerza: legitimidad y eficiencia.
“La primera refiere a la capacidad de ejercer la soberanía y legitimar las
acciones y decisiones de gobierno, por lo que su arena es la política y el
conflicto. La segunda apela al mejoramiento de la gestión y las políticas
públicas específicas y encuentra su justificación en la cooperación
sociedad-gobierno” (Hevia, 2007). En las
dos, legitimidad y eficacia, la participación ciudadana juega un papel fundamental, pues de la misma forma que es uno
de los sectores indispensables de legitimidad de los gobiernos, si no el más
importante, también contribuye a la eficiencia, no sólo en el aspecto de
colaboración a que apunta Hevia, sino también en lo que se refiere a la
rendición de cuentas vertical y las subsiguientes demandas por una mejor
utilización de los recursos públicos.
En su investigación
sobre la participación ciudadana, en la que distingue entre participación
ciudadana y participación ciudadana institucionalizada, Hevia encontró que en
la región de América Latina y el Caribe existe una gran cantidad de principios
y mecanismos relacionados con la participación en los países estudiados, así
como variaciones de un país a otro de estos principios y mecanismos.
Podemos
establecer una suerte de ranking
ubicando en un extremo no participativo a República Dominicana y en el otro
extremo a Venezuela. Los demás países variarán de posición dependiendo qué
queramos ordenar. La constitución del primer país sobresale por no contener ni
principios ni mecanismos de democracia participativa. La de Venezuela, en
cambio, sobresale por incluir la variable participación en todos los
indicadores que hemos tomado hasta ahora (ejercicio soberanía, principios de
participación, mecanismos de participación”. (Hevia, 2007).
Es preciso destacar
que el investigador resalta también en sus conclusiones que en las 19 constituciones
estudiadas para esa investigación, no existe una relación entre diseño
constitucional y estabilidad democrática y la presencia de la participación
parece ser más una reacción a la inestabilidad que a una fuente de estabilidad.
La participación ciudadana en
América Latina y el Caribe
Si tomamos en
cuenta el estudio sobre participación ciudadana institucionalizada realizado
por Hevia (Ibíd.), se puede concluir que en sentido general la región ha avanzado en la
inclusión del concepto y mecanismos de participación ciudadana en las
constituciones y leyes secundarias. El investigador resalta una creciente
legislación específica sobre participación ciudadana entre 1994 y 2004 en la
región de América Latina y el Caribe. Ya para el 2004, señala que “son 6 países
de la región que tienen leyes (o están en proceso) de carácter nacional que
tratan sobre participación ciudadana y que norman específicamente tanto
mecanismos de participación directa como de representación de intereses y
cogestión, sin considerar la gran cantidad de reglamentaciones municipales y
regionales/provinciales/estatales existentes”. (Hevia, 2007)
Ya fuera del orden
normativo, Fernando Pindado Sánchez observa que en Latinoamérica la
participación ciudadana sólo se da en la política como proceso (inputs), no en
la política como estructura y como resultado (out puts). La participación
ciudadana debería darse en cada una de esas tres dimensiones, sostiene. “Las
diferentes dimensiones de la política se deben hacer en base a la participación
ciudadana y ésta, en tanto que una política más también debe hacerse de una
manera participada y debe consolidar estructuras, articular e inventar procesos
y producir resultados útiles y eficaces”. (Pindado, 2008).
Este autor no
limita la participación del ciudadano al voto, sino que invita a éste a la
acción, a ejercer su derecho a la libre asociación en una gran variedad de
instituciones entre las que incluye clubes comunitarios, comunidades virtuales,
partidos políticos, sindicatos, foros, etc. “... en definitiva, utilizar los
derechos conquistados por la democracia para hacer más fuerte el sistema y
mantener controlados los detentadores/gestores del poder”.
Pindado Sánchez
hace énfasis en la participación ciudadana como ejercicio democrático y de la
democracia. Hace una clara referencia a la imposibilidad de la coexistencia de
un régimen autoritario y/o dictatorial y la participación ciudadana, porque -a
su entender- no existe una participación social efectiva en un régimen sin
libertad:
“participación es democracia y democracia es participación, no se concibe una sin la otra... la democracia es el ejercicio de la “participación ciudadana, en el ejercicio de la acción directa y pacífica del titular de la soberanía: el pueblo, todas las personas mayores de edad, que se puedan expresar, entre otras maneras, en las urnas”.
“participación es democracia y democracia es participación, no se concibe una sin la otra... la democracia es el ejercicio de la “participación ciudadana, en el ejercicio de la acción directa y pacífica del titular de la soberanía: el pueblo, todas las personas mayores de edad, que se puedan expresar, entre otras maneras, en las urnas”.
Sin embargo,
consideramos que los procesos de lucha de movimientos como Madres de Plaza de
Mayo, en Argentina, o muy especialmente las Mujeres de Blanco, en Cuba,
constituyen muestras de que aún dentro de gobiernos autoritarios o
dictatoriales es posible la participación ciudadana, incluso en áreas que
atentan contra lo que los gobernantes autoritarios y dictadores llaman la
estabilidad del sistema, como cuando estas organizaciones elevan recursos ante
instituciones como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Claro está, esta participación social es restringida y se da en situaciones de
precariedad de las libertades civiles (represión de marchas, intervenciones
telefónicas, amenazas, vigilancia, entre otras formas de control
antidemocráticas) y políticas (obstáculos para ejercer el sufragio, la negación
de información pública, entre otras). En Puerto Rico, pese a ser un Estado
Libre Asociado de Estados Unidos, existe un consistente movimiento de rechazo a
los ejercicios militares en la isla de Vieques que tiene salida en espacios de
participación ciudadana. Por ejemplo, el 30 de julio de 2001, en Puerto Rico se
realizó una consulta ciudadana para determinar el nivel de aprobación y
desaprobación de los ejercicios militares y la consulta tuvo una participación
del 80.6% de los convocados, la participación más alta en una consulta popular
hasta ese momento en la isla.
“...desde abajo, por medio de los colectivos sociales representados en
las ONG, las sociedades de
vecinos, las asambleas empresariales, comienza un proceso de actividad cotidiana, de experiencias colectivas que
contribuye a construir un tejido con las comunidades,
los imaginarios, la diversidad y la organización de la producción. Así, autores
como Assies, Calderón y
Tolman establecen que “la cuestión de la ciudadanía en América Latina se presenta de forma
específica reflejando configuraciones económicas, políticas y sociales específicas”, (Calderón
Mólgora y otros, 2002) en Discusión de la Ciudadanía y sus Relaciones con el poder en América Latina” (Talleferro del
Pino ,2006).
Siguiendo con la
visión de Pindado Sánchez, su aspiración no es a una democracia que se limite
al ejercicio del sufragio (visión electoral de la democracia), sino que
promueve un estilo de participación holístico desde el punto de vista político,
-advierte que la brecha entre electores y elegidos es uno de los problemas de
la democracia actual-. También que aspira a una ampliación de la democracia en
toda la red social sin importar si surge el handicap principal de la
participación: el conflicto: “En democracia no solo debe contar la resolución
de los problemas, sino la manera como se solucionan. No se puede luchar contra la delincuencia
matando a los delincuentes, contra la drogadicción encarcelando a los
toxicómanos y por la democracia, penalizando la libre expresión”.
Esta última
reflexión invita a tomar en cuenta los métodos democráticos en la resolución de
conflictos, no limitar la democracia al ejercicio electoral y al debate de las
ideas, sino de tomar en cuenta el valor democrático que tienen los mecanismos
elegidos en la resolución de conflictos. En nada vale para este autor la frase,
muy socorrida en la política, de que el fin justifica los medios. Y su idea de la democracia nos parece que hace
bastante referencia a la calidad de la democracia.
Participación ciudadana
Institucionalizada en República Dominicana
Siguiendo con la
línea de investigación llevada a cabo por Hevia en el trabajo suyo que hemos
tomado como base para este ensayo, realizamos una revisión de la Constitución
dominicana actual, promulgada el 26 de enero de 2010, tres años después de la
publicación del estudio.
El detalle más
relevante es que la palabra participación ciudadana no se encuentra en la
actual Carta Sustantiva, sin embargo aparecen conceptos que en la práctica se
usan con el mismo sentido, y se explicitan formas concretas de PC, como el
presupuesto participativo.
- Por ejemplo, en el artículo 4 reza que “el gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático[1] y representativo”.
- En el artículo 7 estipula que “la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos”.
- En el artículo 2 define el concepto de soberanía popular: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce mediante sus representantes o en forma directa en los términos que establecen esta Constitución y las leyes”.
Sin embargo, entre
las formas directas de ejercer la soberanía popular, no se encuentra el mandato
revocatorio, lo que varios países de la región sí contemplan (Colombia, Ecuador
y Panamá a nivel nacional, y Argentina a nivel subnacional), mientras que el
referéndum, otro de los indicadores utilizados por Hevia para medir el grado de
participación ciudadana institucionalizada en la región, en República
Dominicana sólo se contempla a nivel municipal.
- “Art. 203. Referendo, Plebiscitos e iniciativa normativa municipal. La Ley Orgánica de la Administración local establecerá los ámbitos, requisitos y condiciones para el ejercicio del referendo, plebiscito y la iniciativa normativa municipales con el fin de fortalecer el desarrollo de la democracia y la gestión local”.
- Otro de los indicadores analizados por Hevia es la iniciativa legislativa popular, que en el país también consta a nivel Constitucional en el artículo 97, aunque prevé que para tales fines deberá aprobarse una ley especial que establecerá los procedimientos y las restricciones para el ejercicio de esta iniciativa.
- En el artículo 206 consta el presupuesto participativo, que es una forma de participación ciudadana, y lo describe de la siguiente forma. Es “la inversión de los recursos municipales se hará mediante el desarrollo progresivo de presupuestos participativos que propicien la integración y corresponsabilidad ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local”.
La participación ciudadana en la práctica en República
Dominicana
Visto el aspecto
formal de la PC en República Dominicana, nos centraremos en explicar cómo fue
el proceso de formación de la sociedad civil o del movimiento social en el país
y cuál ha sido su evolución a través del paso de los años, para concluir en su
estatus actual.
Antes de 1961, año
en que desaparece físicamente Rafael Leonidas Trujillo es difícil hablar de
sociedad civil en República Dominicana, existían grupos clandestinos que no
tenían libertad de acción ni de expresión, sus líderes eran perseguidos,
encarcelados, torturados y asesinados, y una buena proporción de los que lograron
salvar sus vidas tuvieron que exiliarse. Esta situación se corresponde con el
axioma de que la participación ciudadana sólo pueden desarrollarse en un
entorno democrático. “La apelación a la ciudadanía entraña, tras el agotamiento
de la alternativa comunista, la demanda de una democracia más plena y real que
la efectivamente existente (Zolo: 1994, p. X)” ( Javier Peña: 1999).
Tras la
desaparición del dictador (1930-1961), hubo un despertar. Esas mismas
organizaciones de resistencia de la dictadura iniciaron un proceso de
transformación, algunas se convirtieron en partidos, otras en organizaciones
cívicas, como la Unión Cívica Nacional[2],
aunque rápidamente terminaban envueltas en los procesos políticos, participando
como partido. Los años transcurridos entre 1961 y 1966 fueron muy convulsos
como para hablar del nacimiento de una sociedad civil o participación
ciudadana, se gestaban movimientos de resistencia que ante la represión y la
compra de conciencia terminaban reducidos.
Al respecto, la
politóloga Rosario
Espinal, en un artículo publicado en un semanario de circulación nacional,
escribió lo siguiente:
“La sociedad civil dominicana
nunca ha sido fuerte. No podía desarrollarse en la dictadura de Trujillo. En los años sesenta y
setenta, Joaquín Balaguer se encargó de golpearla en sus dos expresiones más organizadas de
aquel entonces: el movimiento sindical y estudiantil. El empresariado, por su parte, se
plegó a los designios de Joaquín Balaguer para ser neneficiario
del Estado clientelar.
del Estado clientelar.
…
En
los años ochenta terminó por desintegrarse la izquierda dominicana, y en su
lugar, surgió una pequeña pero activa sociedad civil de capas media interesada
en promover reformas políticas. Su sustento financiero provenía de los nuevos
programas de financiamiento internacional para la promoción de la democracia
que impulsaron Estados Unidos, la Unión Europea, los organismos internacionales
y las agencias de cooperación privadas”. (Artiles, 2010)
Debido a la crisis
económica de la Unión Europea y a las nuevas exigencias de los organismos de
cooperación internacional, esa sociedad civil y/o participación ciudadana hoy
en día se ve amenazada, pues algunos de sus programas y proyectos podrían verse
afectados, así lo hicieron constar Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y Salud[3], y
Juan José Espinal, del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
(Cedaf)[4].
“Sin
ánimos de alarmar, estamos muy preocupados por esta situación porque todavía no
se incorpora en el Presupuesto Nacional los recursos para la atención a la
persona viviendo con VIH y hay una reducción significativa de los fondos de
cooperación para enfrentar el VIH… El Fondo Global ha hecho recortes
sustantivos, a partir de mayo no sabemos cuál va a ser la situación del país en
relación al VIH, son medicamentos muy caros, gente que ya están en tratamiento
se va a quedar sin tratamiento”. (Sergia Galván, en comunicación personal, 6 de
marzo de 2012).
“Hay
menos recursos internacionales, pero sobre todo el sector ha crecido bastante,
y unido a la escasez de recursos internacionales, en parte por la crisis
económica internacional, se suma el proceso de transparencia que han estado
exigiendo las agencias de cooperación a las Ong´s. Los procesos de
transparencia dificultan el flujo de recursos, ha ido llevando a que el acceso
a los fondos internacionales sea producto de un proceso competitivo. Las Ong´s
que no han desarrollado esas capacidades tienen más dificultades para afrontar
esos retos”. (Juan José Espinal, en comunicación personal, 23 de marzo de
2012).
A pesar de esto, en
el país un nuevo ímpetu se viene registrando desde 2009 en los movimientos
sociales, especialmente en la juventud de las capas medias y media-baja con la
formación y accionamiento de organizaciones como Toy
Jarto[5],
La Revuelta[6], Ciudadanxs contra la
corrupción (C-3)[7], entre otros. Estos
grupos, con formas de accionar atípicas, y propia de su naturaleza joven,
lograron doblarle el pulso al Gobierno cuando a través del Ministerio de Medio
Ambiente otorgó el permiso a una empresa para instalar una planta cementera en
la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Los Haitíses.
Estos jóvenes
acamparon en este lugar, impidiendo algunas veces el pase de los equipos
pesados que ya estaban trabajando en el lugar. Tuvieron, gracias a las nuevas
tecnologías, contacto continuo con los medios de comunicación y concitaron el
apoyo de una gran parte de la población que le envió alimentos mientras duró la
acampada. Todos estos jóvenes, con sus Black Berry informaban al instante de
todo cuanto acontecía en el lugar, lo que generaba inmediatamente una ola de
opinión en las principales ciudades del país, la cual presionaba al Gobierno.
Además de los
jóvenes, hay otros sectores de la sociedad civil que continúan accionando y
concitan bastante apoyo, pese a pertenecer a instituciones no tan jóvenes como
las que mencionamos antes. Entre ese tipo de instituciones se encuentran las
que luchan contra la corrupción, como Participación Ciudadana[8];
las que luchan por los derechos de la mujer, entre ellas Profamilia[9], Colectiva
Mujer y Salud, Cipaf[10];
y las que defienden el ambiente, entre éstas últimas la Academia de Ciencias de
República Dominicana. También gozan de una gran incidencia[11]
las organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes, en especial
los derechos de los hijos de haitianos nacidos en el país, como es el
Movimiento de Mujeres Domínico-Haitiana (MUDHA)[12],
la cual logró el 8 de septiembre una condena de la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado Dominicano, la cual obligó a entregar
papeles de identidad a las jóvenes Dilcia Yean y Violeta Bosico, dos jóvenes
hijas de padres haitianos, pero nacidas en territorio dominicano.
Existen varios
temas y/o instituciones de la sociedad civil que ya sea por la pertinencia del
tema en la coyuntura actual o por el correcto desempeño como institución de la
sociedad, o ambas cosas a la vez, tienen una incidencia o impacto y -de una u
otra forma- logran entablar un diálogo con las altas esferas del Poder, aunque
sea a nivel de medios de comunicación; entre esas instituciones se puede citar
al Centro Juan Montalvo[13],
Finjus[14],
Participación Ciudadana, Foro Ciudadano[15],
entre otras. Esos temas son: corrupción, migración, género y medio
ambiente. Lejos quedaron los tiempos de un movimiento sindical y agropecuario
fuerte, el primero se ha ido camuflando con el sector empleador hasta el punto
que es puntual y reducido su accionar, y en el segundo grupo: los productores
agropecuarios, los acuerdos de libre comercio y las importaciones masivas por
parte de las propias instituciones del Gobierno, además de afectarles
económicamente, las han ido extinguiendo.
Formas de participación
ciudadana
Ya descrita lo que
sería la participación ciudadana institucionalizada en República Dominicana, creemos
pertinente brindar algunas pinceladas de cómo es realmente la PC en el país y
cuáles son las formas más comunes en las que se manifiesta y que podemos
reconocer como tal. Para estos fines, tomaremos como base un estudio presentado
por Rosa Cañete (2006) ex cooperante en el país del grupo Progressio[16].
En el trabajo
´Democracia Efectiva: cómo hacer incidencia política desde la sociedad civil`,
Cañete sostiene en el marco teórico que, en su función de cooperante del grupo
Progressio, los supuestos teóricos contextuales, o sea, democráticos, en los
cuales se da la participación ciudadana,
no se dan de una forma plena “y, en general, no existen canales
regularmente establecidos para la participación ciudadana”.
En base a ese
contexto, alega que en los países en vía de desarrollo en los que le ha tocado
trabajar, incluida la República Dominicana, en donde reside, se han dado dos
formas históricas de influir en el poder:
“Una
responde a las élites sociales y económicas vinculadas a los tomadores de
decisiones, cuya técnica ha sido la de influir de igual a igual en los
gobiernos para que éstos tomen decisiones que las beneficien. La segunda ha sido la presión, la
movilización social e incluso la violencia, utilizada por sectores sin
capacidad de influencia o vinculación al poder y que, por tanto, no se
relacionan de igual a igual con los tomadores de decisiones y que deben
demostrar su fuerza de otra forma para ser tomados en cuenta”. (Cañete, 2006).
En países como
estos, alega que la participación ciudadana se ha dado como un puente entre
esos dos sectores: los sectores de poder económico y social que tienen
influencias en el Estado y los sectores populares, es decir, participar en la
arena pública sin usar mecanismos ilegales o violentos.
En estos países la
Incidencia Política cobra forma como disciplina intentando encontrar un puente
entre estas dos formas históricas de incidencia. Busca dar opciones a los
sectores tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones para impulsar los
cambios por los que luchan.
Asimismo,
facilitarles herramientas para conseguir sus propósitos con respecto a
políticas públicas de una forma intermedia entre la presión y las influencias
o, más bien, utilizando parte de las dos pero dentro de un esquema que no entra
ni en lo ilegal ni en lo violento
En su
investigación, basada en dos casos de incidencia política en los que trabajó el
Centro Juan Montalvo -el primero es la modificación del marco legal de las
asociaciones sin fines de lucro en República Dominicana, y el segundo la
construcción de una nueva visión de la política social en República Dominicana:
Reforma Fiscal-, destaca algunas formas de participación ciudadana: cabildeo,
negociación, estrategias de medio y de opinión pública, presión a los tomadores
de decisiones, difusión de las propuestas y transformación de la opinión
general respecto al tema de la o las propuestas.
Es importante
destacar que en su trabajo hace propuestas de lecciones aprendidas en los dos
procesos de incidencia estudiados, las cuales pueden servir para otras
organizaciones orientar sus procesos de participación social.
En el apartado
lecciones aprendidas, la ex cooperante destaca la importancia de:
- Creación de alianzas para impulsar procesos de incidencia, en especial porque las alianzas responden a los valores democráticos que sustentan la participación.
- Trabajar con redes/conformación de una base social.
- Poner atención a los perfiles de las instituciones.
- Instituciones representadas por altos cargos.
- Reparto de tareas entre los integrantes.
- Mecanismos de comunicación ágil y efectivo.
- Vocería compartida.
- Tener puntos comunes claramente definidos.
- Tener una propuesta con una base técnica.
- Manejo de conflictos internos.
- Ir incorporando la experiencia y conocimiento en las instituciones.
Conclusiones
La sociedad civil
es el eje impulsor de los procesos democráticos en las sociedades. Su mayor
desarrollo lo logra cuando alcanza a articular una adecuada participación
ciudadana que redunda en beneficios inmediatos y a futuro, tanto materiales,
como intangibles, entre ellos la democracia, el cual es un intangible que puede
medirse, y, por tanto, es posible conocer el nivel de satisfacción de una
sociedad respecto a la democracia. Y si bien es cierto que en América Latina la
ciudadanía cuestiona aspectos referentes a la calidad de la democracia, no es
menos cierto que ningún país de la región está dispuesto a retroceder.
La participación
ciudadana tiene altos niveles de institucionalización en América Latina y el
Caribe, sin embargo, existen diferentes matices o variaciones de un país a
otro. El país en el que la PC está más institucionalizada es Venezuela, y en
donde para 2004 existía menos institucionalización de este concepto, era
precisamente República Dominicana. Sin embargo, la Constitución de 2010
contempla algunos avances, como la inclusión del referéndum y la posibilidad de
la iniciativa legislativa por parte de la ciudadanía, aunque se sigue
observando un interés marcado desde el poder por limitar la participación
ciudadana.
Pese a ello, en
República Dominicana existe una importante tradición de participación que se
observa en el quehacer cotidiano de
diferentes instituciones que se han logrado mantener a través del tiempo
constituyéndose en interlocutores-negociadores con el Estado en determinadas
coyunturas políticas, sociales o económicas. Esa supervivencia es producto del
interés de las propias instituciones y de su estrecha vinculación con la
intelectualidad nacional y los líderes
de opinión locales.
Dependiendo del
contexto, del grupo de poder y de interés al que estas instituciones enfrenten,
son satanizadas o endiosadas. Cuando un partido está en la oposición, se vale
del trabajo de interpelación de estas instituciones para atacar al partido de
gobierno y al gobierno en sí, en esa coyuntura es su aliado y las instituciones
de PC son vistas como legítimas representantes de la sociedad; sin embargo,
cuando ese partido en la opinión alcanza el Poder, inmediatamente las
instituciones de PC se convierten en
enemigas, y -para la administración- no representa los intereses reales
de la sociedad.
En el actual
contexto nacional, las organizaciones de PC viven una nueva etapa de
fortalecimiento gracias a los aportes de grupos de jóvenes con intereses
diversos que se han integrado, ya sea en organizaciones juveniles, o como parte
de grupos juveniles de las organizaciones ya existentes.
Arteta, A., García,
Elena, y Máiz, R. (Eds.) (1999).Teoría
Política: poder, moral, democracia. (196-214). España: Ciencias Sociales
Alianza Editorial.
Artiles, L. (2010).
Estado Sociedad Civil y democracia en la
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[1] Cursiva nuestra.
[2] La Unión Cívica Nacional fue un movimiento patriótico, apartidista,
que nació el 17 de junio de 1962. Sus fundadores fueron los hermanos Viriato y
Antinoe Fiallo, así como José Fernando Caminero, Luis Manuel Baquero y César de
Castro. Su objetivo principal fue la salida de la familia Trujillo del
gobierno.
[3] La Colectiva Mujer y Salud es una organización feminista, que defiende
de los derechos humanos de las mujeres, promueve cambios ideológicos, sociales
y culturales para erradicar su subordinación.
[4] El CEDAF es una fundación que promueve el desarrollo sostenible del
sector agropecuario y forestal, a través de la capacitación, información,
innovación institucional y análisis de políticas y estrategias sectoriales, con
el fin de estimular una agricultura competitiva que contribuya a reducir los
niveles de pobreza y a proteger el medio ambiente.
[5] Toy Jarto es un movimiento cívico, político, cultural, no partidista,
integrado mayormente por jóvenes, que lucha por políticas de transparencia y el
combate a la corrupción, así como por el rescate del ejercicio político ético,
construcción de liderazgo, entre otros objetivos.
[6] La Revuelta es otro movimiento social liderado por jóvenes que entre
sus propuestas se destaca el que a la boleta electoral en las elecciones de
2010 se incluyera la casilla Ninguno. Fue uno de los movimientos juveniles que
se opuso a la instalación de una cementera en la zona de amortiguamiento del
Parque Nacional Los Haitíses, logrando doblarle el pulso al gobierno.
[7] C3 es uno de los movimientos sociales más jóvenes del país, hasta el
momento se ha enfocado en el combate a la corrupción.
[8] Participación Ciudadana es un movimiento cívico no partidista, de
presión, concertación y vinculación del ámbito social con los poderes públicos.
Se constituye con el fin de promover la articulación en el seno de la sociedad
civil y para incentivar la participación de los ciudadanos y ciudadanas a fin
de lograr las reformas políticas, institucionales y democráticas que requiere
la república y un desarrollo social justo y equilibrado. Inició sus actividades
en 1993, aunque la personería jurídica la obtuvo en 1996.
[9] Profamilia, creada en 1966, es una organización no gubernamental
pionera en servicios de salud sexual y salud reproductiva que se ha convertido
en una institución que ofrece salud integral a través una amplia gama de
servicios, consultas y procedimientos especializados.
[10] El CIPAF promueve la
participación y el protagonismo de las mujeres como sujetas de transformaciones
históricas, como protagonistas fundamentales de las alternativas de Desarrollo
y Democracia, educando y concientizando a la ciudadanía y a la opinión pública
en general sobre la necesidad de transformar las situaciones de opresión y
subordinación de las mujeres.
[11] Para este trabajo utilizaremos la definición que hiciera sobre
incidencia Cañete (2006): “La Incidencia
Política es el proceso planificado y realizado por la ciudadanía organizada
para influir en el sistema político, los mecanismos de poder y toma de decisiones
a fin de lograr en el corto plazo modificaciones en las leyes y políticas
públicas y a largo plazo promover cambios sociales a través del fortalecimiento
de la ciudadanía”.
[12] MUDHA es una ong, creada en
1983, que impulsa el desarrollo democrático, equitativo, solidario, sostenible
y el respeto a los Derechos Humanos. Está integrada por mujeres dominicanas de
ascendencia haitiana y haitianas. Trabaja desde una perspectiva de género y
etnia con la población dominicana de ascendencia haitiana y haitiana con
énfasis en las mujeres, niñas y niños.
[13] El Centro Juan Montalvo, creada en 1993, es una ong de promoción social, educación e
investigación que trabaja para el desarrollo y empoderamiento de las
organizaciones comunitarias, impulsando y participando en procesos de
investigación, acción, reflexión y divulgación centrados en el fortalecimiento
de la sociedad civil y el combate a la pobreza.
Su nombre es en honor al Padre Juan Montalvo, un jesuita dominicano, sociólogo,
fallecido en 1979, cuando era formador de jóvenes jesuitas, de gran
sensibilidad social.
[14] Finjus es una fundación u ong enfocada en el tema de la justicia y su
correcta administración por parte del Estado Dominicano.
[15] Foro Ciudadano engloba a varias organizaciones sociales: Fundación
Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Central General de Trabajadores (CGT),
la Asociación de Empresarios Industriales de Herrera (AEIH) , la Confraternidad
Evangélica Dominicana (CONEDO), el Centro de Estudios Padre Juan Montalvo,
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), el Comité para la Defensa de
los Derechos Barriales (COPADEBA), la Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios (ANJE), Acción Comunitaria por el Progreso, (ACOPRO), Departamento
de Estudios Sociedad y Religión (DESYR), Federación de Obreros Metalúrgicos,
Mujeres en Desarrollo (MUDE) y el Centro de Planificación y Acción Ecuménica
(CEPAE), entre otras.
[16] Progressio es una ong internacional que trabaja para ayudar a las
personas en los países en desarrollo a tener poder sobre sus vidas y superar
las barreras que los mantienen pobres.
*** Todos los derechos reservados. Prohibida la publicación parcial o total de este paper sin el consentimiento de la autora.
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