Desde hace más de dos años, un grupo de activistas en
República Dominicana venía tratando de dar cuerpo a una campaña en contra de la
corrupción y la impunidad que tuviera un impacto similar al
del 4% para la educación. En ese momento no fue posible, no existía el interés
social necesario, porque la ciudadanía continuaba viendo el latrocinio como algo natural. El caso Lava Jato en Brasil, que le costó la presidencia a
Dilma Rousseff y está por llevarse a su sucesor traidor, fue el detonante internacional
que provocó en gran parte de la sociedad dominicana un sentimiento de indignación, motivando a su movilización.
Las marchas iniciaron de manera formal en enero, el mismo mes en que el
presidente Danilo Medina ordenó una investigación sobre las plantas a carbón
que se construyen en Punta Catalina (Baní), y cuando el informe es presentado -justamente seis meses después-, el
Movimiento Verde o Marcha Verde se apresta a realizar una gran marcha (el 16 de
julio en el Distrito Nacional, partiendo de la intersección de las avenidas Máximo Gómez y John F. Kennedy),
para culminar con una etapa de este proceso de lucha social.
Durante ese tiempo, el gobierno ha hecho malabares para
satisfacer -sin éxito- la demanda principal del Movimiento Verde (investigación
del caso Odebrecht, enjuciamiento de todos los resposables de soborno, y más recientemente: Investigar la sobrevaluación de las obras), y de ahí parte la acusación
a un grupo reducido de funcionarios y exfuncionarios del gobierno y del Estado, encabezado por el empresario Ángel Rondón, señalado como “el
hombre del maletín”. Nada más risible, que de cuatro presidentes de las cámaras
del Congreso, solo uno haya sido encartado y es el presidente del principal partido opositor.
También el expediente Odebrecht en RD, se constituye así en un acto de
corrupción judicial.
Las masas despiertan irritadas, no ha habido solo soborno,
también sobrevaluación de las obras hasta en un 230%, como establece una
investigación de un consorcio internacional de periodistas que se ha dedicado a
investigar el caso Odebrecht, y, encima de esto, el expediente es una burla más a los ciudadanos y electores. Muchos están ya cansados de marchas y piden nuevas acciones. El
pedimento de la renuncia del Presidente es parte de ese deseo de ir avanzando
en esta lucha contra los desfalcadores y descarados.
El Gobierno se atemoriza, está siendo ridiculizado en las
redes sociales y en las calles por personas cuyo único patrimonio es la
conciencia limpia y una franela verde. El primer ataque fue desacreditar a la
Marcha Verde soltando el rumor público de que era financiado por el PRM, luego
varió y dijo que era por agencias internacionales, ahora inventa que pretende
convertirse en partido político, y más recientemente saca a escena a dos
alfiles empresariales que dicen haber financiado al movimiento en sus inicios, pero que ya no
lo hacen porque perdió su “esencia”.
Marcha Verde atemoriza a todos los ladrones, sean
funcionarios, industriales o empresarios. Ellos saben que pierden la hegemonía
del Poder, y esos dos victimarios del erario nacional prefieren unirse ahora
para protegerse de un pueblo que está demostrando su madurez y responsabilidad políticas,
y así evitar los primeros verse fuera de la inmunidad que les da impunidad, y
los segundos para mantener los privilegios a los que fueron acostumbrados por el PRSC, PRD
y PLD.
Es en esa coyuntura de enfrentamiento de dos cuerpos sociales
(opresores y oprimidos), que el Gobierno proscribe, prohíbe y pretende criminalizar
el color verde, sin resultado alguno porque hemos dado muestras más que
suficientes de ser ciudadanos civilizados y que nuestra única arma es el
respeto a la misma Constitución que él violenta al impedir el libre tránsito de
los ciudadanos y ciudadanas con camisetas de la Marcha Verde, ropa o cintas de
ese color. La medida solo demuestra dos cosas: El nivel de intolerancia política del
gobierno peledeísta y la desesperación que lo invade. Lejos de
reelegirse en 2020, Danilo Medina podría salir del Gobierno antes de cumplir su
mandato, y con él su séquito de nuevos
corruptos.
El movimiento social y el contexto internacional están demostrando que los tiempos han cambiado, que los depredadores de las riquezas del pueblo no terminan sus días disfrutando de bacanales en sus majestuosas villas, sino en las mazmorras, con lujos sí, pero modestos, haciendo amistad con sus carceleros para no morir de aburrimiento y asegurarse así privilegios, porque "el perro huevero aunque le quemen el hocico sigue comiendo huevos". El miedo es justificado, lo que no tiene justificación es la violación de los derechos de los ciudadanxs que disienten de este Estado saqueador.
La autora es periodista y politóloga.
