La corrupción y el fraude son tan endémicos en esta sociedad, que nos acostumbramos con facilidad a la derrota de la voluntad popular y apostamos todo por una nueva oportunidad de cambiar el estatus quo cuatro años después
Patricia Báez
Martínez
Mucha agua ha traído el río desde
el fatídico domingo 16 de febrero en el que 7.5 millones de dominicanos se
despertó creyendo que iba a ejercer el derecho al voto, y el proceso electoral
resultó un trauma que requirió ser suspendido para evitar males mayores. El
Pleno de la Junta Central Electoral decidió pautar dichos comicios para el
próximo domingo 15 de marzo, utilizando el voto manual, es decir, la
tradicional boleta impresa y el marcador.
Las actuaciones del gobierno central
previo, durante y después de las elecciones suspendidas, han generado una ola
de protesta que apenas empieza a poner en vilo al país y contra la pared a las
autoridades, tanto gubernamentales como de la JCE, compelidas las últimas a
realizar un proceso diáfano so pena de ser la causante de un estallido social,
que aunque muchos califican de nocivo para la democracia electoral, podría ser
el inicio de la quinta república y, por tanto, la puerta de entrada a una etapa
más avanzada de la vida política de esta media isla.
De todas las acciones, posiciones,
discusiones, enfrentamientos entre partidos y sectores, hemos podido colegir lo
siguiente:
1. 1. El
PRM no estaba obligado, como actor político, a develar la amenaza al sistema de
votación electrónica, porque de hacerlo la reacción de los votantes en los
centros de votación y las calles no hubiese sido de forma pacífica ni cívica,
como ocurrió en la mayor parte del país. Si lo hubiese hecho, el oficialismo lo
hubiese acusado de tratar de impedir la realización de las elecciones porque
iba perder, como esgrime actualmente; porque para el que ostenta el Poder, las acciones
de quien se lo disputa provocan el consabido: “Palo si boga y palo si no boga”.
2. 2. La
Junta Central Electoral -si bien se empecinó en el voto electrónico, pese a la
experiencia de 2016 y las primarias de 2019- hizo lo correcto al suspender las
elecciones, por las siguientes razones: a) El dislocamiento que presentaban el
sistema de votación electrónica hacía casi imposible el ejercicio del derecho
al voto de aproximadamente el 70% de los centros de votación; b) Las elecciones
serían así parciales a nivel municipal cuando las leyes estipulan que sean
generales (a nivel nacional); c) y el voto manual, instituido para refrendar
los resultados electrónicos, se constituirían en la parte del proceso realizado
casi de forma correcta, pero representando solo el 20% de las votos; d) con
tres o cuatro horas de retraso y en esas condiciones, las elecciones serían un
desorden y se daría pie a actos fraudulentos al tener que extender el horario
de votaciones; y d) ya los ciudadanos y ciudadanas habrían perdido la
credibilidad en el proceso y sus resultados.
3. 3. La
JCE fue irresponsable cuando se abocó a realizar el proceso eleccionario
municipal sin hacer una prueba de control a los equipos. También ha sido
irresponsable cuando ante la filtración de la información de que se intentó
sacar un equipo de la institución, no ha asumido la investigación, dejando a la
Policía Nacional, brazo ejecutor del Gobierno, al frente de una cacería de
brujas contra un coronel que funge como escolta de Luis Abinader y un técnico
de la compañía Claro. Y siguió siendo irresponsable cuando al revelar el
presidente en funciones del PLD, Temístocles Montás, que el PLD cuenta con
tecnologías que le permite saber quién vota, dónde vota y por quién vota, no
inició de inmediato una investigación judicial, ya que la Constitución consagra
la confidencialidad del voto.
4. Concurrir
a las elecciones municipales el 15 de marzo, y a las presidenciales y
congresuales el 17 de mayo, sin que se judicialicen los delitos electorales
cometidos antes, durante y después del frustrado proceso del domingo, es un
acto mucho más irresponsable que todo los anteriores, pues las mismas fuerzas
reaccionarios que conspiraron contra él, volverán a hacerlo al saberse impunes
ante las autoridades que deben arbitrar los procesos electorales.
5. 5. El
método de elección no garantiza la diafanidad de unas elecciones. Se ha querido
satanizar el método electrónico y se está reivindicando el método manual, el
usado por Joaquín Balaguer para realizar sus consabidos fraudes electorales,
como la solución al problema que se presentó en el frustrado proceso recién
pasado. Seamos cautos, no alberguemos más ilusión y confianza que las
necesarias para no desbocar a destiempo la paz de nuestro país por senderos de
intranquilidad y dolor. Practiquemos la máxima de Santo Tomás: “Ver para creer”.
6. 6. La
población tiene derecho a protestar, y es fabuloso que esté ejerciendo su
derecho de manera pacífica, en especial jóvenes que no necesitan de un cambio
de gobierno para conseguir un picoteo en un ayuntamiento, sino que sienten
herida de muerte la patria que les vio nacer. La protesta, es la única forma
que tiene el subordinado de ser escuchado en regímenes autoritarios.
7. 7. Lejos
de desalentarnos lo ocurrido el 16 de febrero, como ciudadanos y ciudadanas
comprometidos, debemos estar a primera hora del 15 de marzo en los centros de
votación eligiendo a nuestras autoridades municipales y a las juntas
distritales. Debemos agotar todos los procesos democráticos que consagran
nuestras Leyes para que nuestras acciones cívicas y pacíficas sean observadas y
documentadas por los observadores nacionales e internacionales, y tengamos aval
moral para profundizar el método de lucha, si peores nubarrones ensombrecen la
democracia electoral, la única con la que contamos hasta el momento los dominicanos.
