El pacto de las migraciones de la ONU no es cuco, es una oportunidad

“Es crucial que los desafíos y las oportunidades de la migración internacional sean algo que nos una, en lugar de dividirnos”, dice el documento

República Dominicana ocupa la mitad de una isla en el caribe que es origen, tránsito y destino de migraciones desde antes de la llegada de los españoles en 1492. Por conflictos político-económicos, raciales y  culturales, siempre se ha opuesto a la fusión con la vecina república de Haití y a la migración de sus nacionales a suelo dominicano, lo último de manera formal, porque en la práctica, la economía nacional se sostiene, en gran medida, gracias a la barata mano de obra haitiana.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto a los estados miembros, ha trabajado durante los últimos años en la elaboración de un Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. República Dominicana es parte de la ONU y ha trabajado en la elaboración de ese pacto, el cual ha de ratificarse en los próximos días o ser rechazado.

Una cantidad considerable de personas e instituciones criollas, entre los que se destacan el Instituto Duartiano, se han manifestados en oposición a la firma o ratificación del pacto por parte del gobierno dominicano, alegando que éste es parte de un proyecto fusionista que lleva décadas en la mentalidad nacional dominicana y no se materializa.  

Parecería que en República Dominicana no residen más de 1 millón de haitianos (mal contados), la mayoría de manera irregular.

Parecería que República Dominicana ocupa la isla completa y que no es una isla que comparte el territorio con la población que pretende repeler o que cuenta con una frontera física efectiva.

Se olvidan los nacionalistas que la presencia haitiana en el país es una realidad mayúscula y sin regulación, que estamos realmente a expensas de la migración haitiana en las condiciones en que se da ésta. Ignoran también que los y las haitianas no pagan los impuestos que pagamos los dominicanos, y, sin embargo, reciben los mismos servicios de salud, educación y transporte, entre otros. Pretenden esos buenos dominicanos darle poca importancia al hecho de que la migración irregular es un negocio en la frontera dominico-haitiana que lucra a sectores de los organismos de seguridad nacional.

Pero además, pretenden hacer caso omiso a que ya el gobierno del presidente Danilo Medina dio pasos para la regularización de los extranjeros en suelo dominicano con la puesta en vigor del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y eso sin presión de la ONU, a motu proprio. Es decir, que ya estamos inmersos en el problema y en la búsqueda de soluciones, pero asumiéndolo de manera individual, solo con nuestros recursos técnicos y financieros.

¿Y qué tal si nos abrimos a la posibilidad de que el problema migratorio haitiano lo abordemos de manera concertada entre todos los países miembros de la ONU que firmen el pacto, y que esto nos permita recibir ayuda técnica y financiera?

En primer lugar, el pacto no es jurídicamente vinculante, es decir, que ni nuestra constitución ni la ley de migración, ni ninguna otra legislación serían modificadas. Con esto, la soberanía nacional, en lo que respecta al tema migratorio, queda salvaguardada.

Nos llamó la atención que este pacto mundial de la ONU, de la misma forma en que promueve la migración segura, ordenada y regular, tiene entre sus objetivos crear condiciones en los países de origen que desincentiven a las personas a migrar, porque en realidad son las pésimas condiciones políticas, económicas y sociales de los países de origen las que empujan a las personas a migrar. Y lo saben dominicanos y haitianos porque lo han vivido en carne propia. 

Es así como en su objetivo número dos (2), dice lo siguiente: “minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen”.

Pero no solo eso, en su objetivo cuatro (4), se compromete a “velar porque todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada”. Y esto es magnífico, porque el principal escoyo del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros ha sido que el gobierno haitiano documente a sus ciudadanos.

En este sentido, la ratificación del tratado por parte de República Dominicana, debe estar condicionado a que la República de Haití también lo ratifique, pues la mayor carga migratoria que recibimos es del pueblo haitiano, y es una migración que a la vez es provechosa, por todas los nacionales haitianos que vienen a estudiar y trabajar a este lado de la isla, también es perniciosa, porque algunos –los menos- se dedican a actividades criminales, y no contamos con ningún tipo de mecanismo que nos permita identificarlos para someterlos a la acción de la justicia o dar parte al país de origen u otros países miembros de la Interpol.

El tráfico de personas en la frontera y las violaciones a los derechos de los migrantes serían considerablemente reducidos, por no decir eliminados, y eso es positivo para el país y el mundo. Además, el pacto tiene un enfoque de género, por lo que aboga por la protección de las mujeres y las niñas migrantes, más propensas a ser víctimas de la trata de personas, la esclavitud sexual y laboral.

En lo que respecta a los servicios básicos que el Estado dominicano estaría compelido a brindar a los migrantes haitianos (porque no nos quejamos de los coreanos, chinos, japoneses ni venezolanos), ya se los estamos brindando sin recibir a cambio ningún tipo de asistencia económica ni técnica. Los haitianos utilizan nuestros servicios de transporte,  acuden a nuestros centros de salud y mandan a sus hijos a las escuelas, y en todos esos lugares/servicios son tratados como lo que son: Seres humanos y ciudadanos del mundo. Y cada día podemos ver los esfuerzos que ellos hacen para utilizar esos servicios públicos sin afectarnos, específicamente en lo que respecta a la higiene personal.

De República Dominicana firmar el pacto, una de las formas en las que se aplicarían los principios y objetivos del mismo, sería apoyando “a otros Estados… incluso prestando asistencia financiera y técnica, en función de las prioridades, políticas, planes de acción y estrategias nacionales, mediante un enfoque pangubernamental y pansocial”.

Es decir, que no estaríamos afrontando el problema de la migración haitiana de manera unilateral, como lo hemos estado haciendo hasta el momento, porque como bien lo dice el mismo documento del pacto: “Ningún país puede encarar los retos de este fenómeno mundial y aprovechar sus oportunidades en solitario”.

¿Por qué este plan no es del agrado de los nacionalistas?

Entre otros aspectos, porque las detenciones de migrantes sería un último recurso, es decir, ya “la camiona” no podría salir a recoger haitianos por las calles para luego llevarlos a un centro de detención y negociar con ellos su libertad. Y porque implicaría la inclusión política, económica y social de estas comunidades de migrantes, es decir, que en determinado momento de la historia nacional, nos veríamos conminados a aceptar a un diputado que representa a los haitianos en el país, de la misma forma como los estadunidenses, cubanos y judíos han tenido que aceptar la presencia de dominicanos en las esferas de decisión de los Estados Unidos, porque LO QUE VA… VIENE.

Nos parece que perderíamos más de no ratificar el pacto que ratificándolo. De cualquier forma estamos condenados a ser país receptor de la migración haitiana. Lo más estratégico de nuestra parte sería identificar las oportunidades que este hecho histórico-social nos brinda.

La autora es periodista y politóloga.