“Honorable es fracasar en la duda, mas no en la creencia
ciega”.
Por Patricia Báez Martínez
Los niños, esos pequeños seres
humanos inmaculados y vulnerables, son el blanco de diversas organizaciones del
crimen organizado, y no organizado. Más fáciles de dominar, ocultar,
desaparecer. Como niños al fin, su desaparición puede ocurrir por distracción
propia, y eso aporta a los delincuentes un lapso propicio para perpetrar sus
horrendos crímenes. La inocencia de éstos es el Santo Grial de toda filosofía,
creencia o moral autodestructiva.
Los ritos satánicos son tan
antiguos como la humanidad misma. Las personas tienen derecho a creer en Dios o
en el Diablo, a lo que no tienen derecho es a quitarle a vida a otra persona en
el nombre de esa creencia, y por ello, la creencia o fe, no son tomadas en
cuenta por los jueces como circunstancias atenuantes en la sanción de un
crimen.
Hoy las autoridades quieren
encausar la investigación sobre la muerte de Carla Massiel en el crimen común o
el rito satánico. El tráfico de órganos es una “leyenda urbana”, pero también
lo es el sacrificio-ritual de niños y adolescentes vírgenes. No podemos
asegurar que su fatal destino haya sido el tráfico de órganos como tampoco se
puede descartar el crimen común, como lo es la violación sexual, aún disfrazada
ésta de rito satánico. Es más, para los que creemos en la existencia de dos
fuerzas opuestas: Bien y Mal, toda violación sexual entraña satanismo de una u
otra forma. “Cuando ocurren asesinatos brutales se inventan toda clases de
artimañas como la del satanismo. No se entiende el Mal humano y hay que
endilgar a otro. El Mal es el Mal y los humanos hacemos Mal, solo que es
demasiado duro de ver”, opina sobre este caso particular la antropóloga dominicana Fátima
Portorreal Liriano.
Asumamos, pues, que la
desaparición y posterior asesinato de Carla Massiel tenga como móvil la
violencia de género –presumiblemente la de tipo sexual- tan generalizada en
nuestro país, y que Dawin José Trinidad solo esté buscando ganar tiempo y
protección para no ser linchado en la cárcel, donde otros antisociales tienen
ciertos códigos de ética que les impide aceptar ese nivel de violencia no solo
contra una infante, sino contra su familia y toda una sociedad que ha sufrido
durante más de un año su desaparición. Siendo así, siendo todo una treta, una
minúscula parte de la mitomanía de este joven, algunas preguntas quedan sin
respuestas:
¿Es cierto que era empleado en la
finca del doctor Hipólito Santana en Pedro Brand donde, dicho sea de paso,
habría sido hallado el cadáver de la niña?
¿Cuál o cuáles eran sus funciones
como empleado?
¿Existen formas de probar que era
empleado de la familia Santana?
De ser cierto,
¿Por qué una
familia de profesionales y empresarios tenía como peón a una persona tenida en
su comunidad como un ladrón y agresor sexual?
Si no puede probar su vínculo
laboral, ¿Cómo y por qué conoce los nombres del doctor Hipólito Santana Guzmán
y su hija Liliana? ¿Cómo sabe qué tipo de vehículo usa ella?
¿Es cierto que en el lugar del
hallazgo del cadáver de la menor fue hallada una sábana que pertenece al Centro
Médico Integral II?
¿Cuáles elementos hicieron que el
Ministerio Público allanara y cerrara tres centros médicos de la zona Oriental?
¿Las simples declaraciones de uno de los acusados y/o la existencia de otros
elementos de prueba, como la sábana (por ejemplo)?
¿Cuál fue el resultado de la
investigación que debió realizarse con el allanamiento de la Procuraduría a las
clínicas en cuestión?
¿De qué murió Carla Massiel? Si
no hubo extracción de órganos, como dice el Procurador, pues ya deben saber las
autoridades de qué murió ¿No?
La muerte violenta de Ronald
Castillo (mencionado por Dawin como la persona que raptó a la niña) ¿Fue el
desenlace del robo frustrado de una jeepeta o del rapto de un niño de cuatro
años que iba a bordo?
¿Por qué el médico forense Sergio
Sarita Valdez -en sus intervenciones sobre este caso- no descarta la
posibilidad de tráfico de órganos?
¿Por qué los medios de
comunicación y la Procuraduría se han
encargado de construir un expediente oscuro en torno a Dawin José Trinidad, y
no auscultan el origen de las clínicas bajo investigación?
¿Tenía el doctor Hipólito Santana
Guzmán relaciones con altos funcionarios del oficialista Partido de la
Liberación Dominicana (PLD)?
El Instituto Nacional de
Coordinación de Trasplante (Incort) sostiene que para un trasplante se
requieren equipos médicos sofisticados y un personal médico numeroso y muy
especializado. Nos parece que la familia Santana podría reunir ambos
requisitos. En República Dominicana todo
es posible, a pesar de solo ocupar media isla, es una fuente inagotable de
recursos para los depredadores. Además, sabemos que para todo, con mucho
billete, hay excepciones. En otros países de la región como Perú, Colombia,
México y Panamá el tráfico de órganos, voluntario o no, es una realidad
admitida y que se discute de forma pública, por qué habremos de ser la
diferencia si adolecemos de los mismos males ancestrales que nuestros hermanos
latinoamericanos: Corrupción e impunidad. Y el tráfico de órganos es un tipo de
corrupción.
Tras el disfraz de la “leyenda
urbana”, los niños y niñas de los dominicanos ‘de abajo’ son secuestrados y
exigimos saber qué está aconteciendo. Ni el desconocimiento de nuevos flagelos
sociales ni el manto de la impunidad serán aceptados por respuesta.
El niño Llenas Aybar, rico de
cuna, no es parte de la leyenda urbana, fue quizá víctima de un rito satánico
de jevitos aburridos de sus insustanciales vidas. La niña Carla Massiel,
pobrísima de cuna, podría haber sido víctima del crimen común como lo es la
violencia sexual, de un crimen común como es el asesinato aunque esté revestido
de rito satánico, pero los dominicanos y dominicanas comprometidos con un
proyecto de nación más allá de este siglo, no estamos en la disposición de que
nos vendan por leyenda una aristas de posible tráfico de órganos.
En el caso de Carla Massiel
fueron violentados el derecho a la vida, de la niñez, a una vida sin violencia,
a la protección de la familia, a la
libertad personal, y tipifica como feminicidio y desaparición forzosa.
Aunque en el caso de la desaparición forzosa, el país (rehuyendo a los casos de
Juan Almonte Herrera, Gabriel Sandy
Alistar y Randy Vizcaíno González –vistos por última vez cuando se hallaban
bajo custodia policial-) no ha firmado la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas.
Como feminicidio (el hecho de
matar a una mujer por el solo hecho de pertenecer al sexo femenino, de acuerdo
a la investigadora mexicana Marcela Lagarde, quien le confirió al feminicidio
la categoría de crimen de Estado: es “una fractura del Estado de derecho que favorece
la impunidad”), República Dominicana es signataria de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Belém do Pará); aunque sea un sueño de Pilarín, las autoridades están
conminadas si no a revelar la verdad, al menos a brindar a toda la ciudadanía
unos resultados coherentes, creíbles, convincentes, pues desde nuestra
barricada no descartamos que una niña de 10 años tumbe cosas más grandes que
los ocho super tucanos que derribó tan
solo con su cándida mirada de la manipulable agenda mediática.
