Hay más fiscales corruptas en todo el país

Aurelina Cuevas Román, después de desestimar una denuncia en contra de la periodista Patricia Báez Martínez, ahora presenta pruebas contra ella por el mismo hecho

Era el viernes 23 de febrero de este año, esa mañana decidí salir a investigar dónde era que supuestamente se me estaba investigando por abuso sexual contra mi niña de 12 años. Pasé por la fiscalía de NNA y me dijeron que allí no había nada contra mí, que fuera a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, en el barrio 30 de mayo, y así lo hice. Al preguntar, me informaron que sí, que en agosto de 2018 el padre de mi hija había puesto una denuncia en mi contra por abuso sexual, maltrato físico y abandono contra una menor de edad, pero que eso fue desestimado, “porque la niña iba por un lado y el padre por otro”, dijo textualmente la fiscal Aurelina Cuevas Román, quien había recibido la denuncia; y agregó: “Esa gente, el padre y la esposa, vinieron mucho aquí para que a usted la mandaran a buscar presa, pero yo consideré que eso era un abuso”. Le pedí una certificación de esa desestimación, pero como la secretaria ese viernes había pedido el día libre, me dijo que fuera el lunes 26. Ese lunes tenía audiencia en el Tribunal de NNA de la Pedro Livio Cedeño, donde se discutió la guarda, pero antes de salir fui a la fiscalía por la certificación. Cuando Aurelina Cuevas Román llegó pidió le buscaran el expediente, al rato me mandó a buscar, y muy compungida, me dijo: “Yo le dí una información errada, el caso no está desestimado, de hecho hay una orden de detención en su contra”. Me quedé pasmada. “Considero que lo que se está haciendo contra usted es injusto”, volvió a reiterar. Como tenía audiencia ese día, me dejó ir, quedamos que en cuanto yo llegara a Baní, me pondría a disposición de la UAVVG.

Al yo decir, a través de mis denuncias en las redes, las valoraciones de Cuevas Román sobre la denuncia aviesa en mi contra, fue suspendida por varios meses. Entonces inició la contienda entre su ex jefa y yo, Georgia Teresa Abreu Román, la cual denuncié en diferentes instancias, aunque Bolívar Sánchez no quiso recibir la denuncia en la Procuraduría, y fue separada del puesto. Primero estuvo en la Fiscalía de Baní como asistente del Procurador Fiscal y luego la mandaron para Azua, a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de ese municipio, para que siguiera abusando de otras mujeres, cambiando testimonios de niños para solicitar órdenes de arresto. Pues fue ella, quien por encima de Aurelina Cuevas Román, tomó el expediente, cambió el testimonio de mi hija para pedir una orden de detención dizque por exhibicionismo.

La niña fue llevada a cámara Gesell en San Cristóbal, a pesar de que me opuse porque sabía que iba a ser una tortura para ella. Y fue llevada totalmente manipulada por el padre y su esposa, pero a pesar de eso, todo salió bien, porque mi hija es un ángel (lo mejor dentro de lo peor) y porque oré mucho y pedí unción del Señor en ese lugar. De las cuatro acusaciones, solo una mantuvo la niña: Que le daba con todo y por todo. Y admitió, una vez más, que dice mentiras, así como que su padre le informa de mis publicaciones en Facebook y que deja los expedientes del caso rodando por la casa y ella los hojea. Ése video es la única prueba válida contra mí en ese caso.

Sin embargo, hoy, la titular de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de Baní es Aurelina Cuevas Román, sí, la misma fiscal que me dijo que había desestimado el caso porque la niña iba por un lado y el papá por otro, y que consideraba injusto lo que se me estaba haciendo, y ella va a presentar cargos contra mí el lunes 16 de diciembre.

Las pruebas en mi contra son:

1- 1  El testimonio del padre (testimonio interesado en desaparecerme de la vida de mi hija).

2- 2  Testimonio de la trabajadora doméstica de la casa del padre (que nunca ha ido a mi casa ni me conoce, y cuyo video donde ella cuenta lo que la niña supuestamente le contó, lo graba su padre y la esposa sin ser ellos parte del Ministerio Público ni tener auto de un juez para colectar esa prueba).

3- 3 El acta de nacimiento de la niña (que lo único que prueba es que ella existe y quién es).

4- 4  Reporte de rendimiento escolar del Colegio Dominicano de La Salle (a ver qué tiene que ver eso con lo que se me acusa).

5- 5 Un CD contentivo de la entrevista en la cámara Gesell (que más que hundirme, me salva, y que tendrá que ser admitido también como prueba a descargo).

Me preguntaba indignado mi adorado Orbis Beltré: “¿Pero es que esa fiscal no tiene oficio?” No lo creo. Me parece que ella le teme al padre de mi hija, porque conoce las influencias que él maneja, pues ya una vez la hizo suspender, y ella le tiró ese bulto al juez, para que cuando hagan una archivo definitivo del caso, él no vaya en contra suya. Muy inteligente de su parte, y la apoyo –en este instinto protector- porque considero que ella también ha sido víctima colateral de la violencia que se ejerce contra mí. La otra posibilidad es que Cuevas Román esté recibiendo órdenes del fiscal Darío Tejeda Fabal, quien es un brazo ejecutor de las maldades del senador Wilton Guerrero en el municipio.

(Haciendo un paréntesis: Después de la destitución de Cecilia Báez de la UAVVG de Baní, a finales de marzo de 2018 (1 año y 8 meses), ya van tres (3) titulares de la unidad: Georgia Teresa Abreu Matos, Praxísteles Méndez Segura y ahora Aurelina Cuevas. ¿Está caliente la silla? Parece que solo el fundillo de Cecilia Báez podía contener las órdenes del brazo ejecutor del cacique de Peravia). Recordar que Cecilia Báez fue la fiscal que solicitó medida de coerción –por violencia de género- contra Vantroi Suazo, el pupilo de Wilton Guerrero, quien  estando aún preso fue designado por el Presidente Danilo Medina secretario de la Juventud.

Gasté 5,000 pesos dominicanos y un mes de esfuerzo denunciando a Georgia Teresa Abreu Matos y conseguí que la quitaran del puesto, lo que hicieron en silencio, mas yo me encargué de pregonarlo, para que las mujeres de este  país sepan que es posible quejarse de las autoridades y hacer que sean removidas de sus cargos. Sin embargo, luego la mandaron al mismo puesto, pero en Azua. Pudiera volver a gastar lo mismo e invertir igual esfuerzo, y hacer que quiten a Aurelina Cuevas Román, por incoherente y sospechosa de corrupción –y conste que la corrupción no es solo recibir dinero-, pero ¿Para qué? ¿Para que la manden a la UAVVG de Nizao?

Hoy la Procuraduría General de la República pretende lavarse las manos por las muertes de Anibel González y Juana Domínguez en San Pedro de Macorís, a causa de los delitos de una red de mafiosos de la Fiscalía de esa jurisdicción, cuya  figura visible es la fiscal Margarita Hernández, pero no se las pueden lavar. Las manos del Procurador Jean Alain Rodríguez, de Ana Andrea Villa Camacho, de Bolívar Sánchez, y otros tantos funcionarios corruptos más, están sucias de la sangre de mujeres víctimas de la violencia machista.

A mí me critican porque denuncio los atropellos en mi contra por las redes sociales, ¿Pero qué hubiese sido de mí, si no denuncio por esta vía? ¿Si no pongo en evidencia a mi fino agresor? Que sepa yo, ni Anibel González ni Juana Domínguez, ni muchas otras víctimas del odio machista, han usado esa vía. A veces me pregunto: ¿Me han salvado las redes? Él podrá tener 30 órdenes de alejamiento a su favor (mi madre dice sobre esto: ¿Y quién quiere acercarse a él?), pero todo el mundo sabe, que si me pasare cualquier cosa, él es el primer y único sospechoso.

Si voy a morir por ser mujer y madre, y defenderme, y defenderla, prefiero morir de pies, y no de rodillas. Que cada quien cargue con su culpa.

Manifiesto contra la Corrupción y la Impunidad

Banilejas y banilejos contra la Corrupción y la Impunidad ha convocado para este jueves 9 de abril a todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestra comunidad que no tengan vínculo con la corrupción y la impunidad, a este lugar, el busto del patricio Juan Pablo Duarte, para elevar nuestra voz de protesta contra un mal que destruye la simiente social.

República Dominicana hoy día está dividida entre muy ricos y muy pobres y entre corruptos y honrados. Décadas atrás la nacionalidad, la religión, el partido y el equipo de pelota unían, a pesar de la diferencia de clases y la corrupción. Pero este siglo XXI halla a una sociedad dominicana que no logra compactarse a través de esos referentes sociales. Las disidencias, los sectarismos y las escisiones se han convertido en moneda de curso legal. La ciudadanía ha despertado y comprendido que es pobre o muy pobre no porque Dios así lo quiso, sino porque los diferentes gobiernos que nos hemos dado nos han esquilmado sin piedad.

Bani, una sociedad testigo de la Guerra de Restauración, tierra de los presidentes Francisco Gregorio Billini[i] y Eladio Victoria y Victoria[ii], de la poeta y patriota Canela Mota[iii], y del general Máximo Gómez[iv] -entre otros ilustres hijos-, está en peores condiciones: Se ha conformado con las remesas que envían una buena parte de sus munícipes desde EE.UU., España y otras latitudes, el narcotráfico es el negocio que más demanda, las bancas de apuestas han sustituido a la Zona Franca como fuente de empleo, es decir, se ha ensimismado y dejado solo al movimiento popular, canalizador de las necesidades y aspiraciones, pilar de los reclamos y las protestas. Las últimas décadas Baní ha vivido de espaldas al debate de los temas nacionales y no ha desarrollado el debate de los temas locales.

Ante la cooptación que exhibe el sistema de justicia dominicano por una casta política corrupta, hemos decidido dar un paso al frente y exigir al presidente Danilo Medina una real política contra la corrupción administrativa, sin corruptos preferidos y coherente. Somos conscientes de que después de prometer luchar contra la corrupción, en el discurso por sus primeros cien días de gobierno Danilo Medina claudicó al pedir a los dominicanos no perder el tiempo lanzando piedras hacia atrás, pero dado que es el Ministerio Público, designado por el Ejecutivo, quien está lanzando piedras hacia adelante, reclamamos al primer mandatario lanzar las piedras hacia adelante pero de manera sistemática, no cuando le parezca y con quien le parezca.

Es suficiente para nosotros como contribuyentes, pagar el precio más alto de la corrupción: La falta de escuelas y las debilidades de la educación, la falta de hospitales de

Tercer Nivel y de unidades de Atención Primaria, la carencia de medicinas para los más pobres, falta de centros de atención gratuitos para enfermedades catastróficas, falta de estancias infantiles, falta de bibliotecas públicas, falta de clubes culturales y centros juveniles, falta de empleo digno, falta de viviendas populares, la falta de financiamiento para los productores agropecuarios.

Es suficiente con pagar el galón de gasolina como si el país comprara combustible en el mercado spot cuando se la compra a Venezuela a un precio preferencial y a crédito, drenando nuestros bolsillos mientras el gobierno endeuda a nuestra descendencia. Le corresponde a los costosos Ministerio Público y Poder Judicial investigar y aplicar justicia a quienes se han alzado con los bienes de todos. Se hace imposible seguir pagando salarios, viáticos y regalías a unos jueces que cual Judas Iscariote nos venden al mejor postor. Nos unimos al clamor nacional de que sean sustituidos los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

A partir de este momento, Banilejas y Banilejos contra la Corrupción y la Impunidad se declara en sesión permanente para el debate y la acción en lo referente a los casos de corrupción que son llevados ante la justicia, tanto en el ámbito nacional como en el local. No estamos dispuestos a ser “candil del a calle y oscuridad de la casa”.

Basta ya de corrupción e impunidad, es tiempo de enderezar el destino de nuestra nación, de nuestra comunidad, por nuestro bien, pero sobre todo por el bien de las generaciones, que aún sin nacer, esperan sentirse orgullosas de nuestro accionar.

¡Venceremos!


Jueves 9 de abril de 2015
Baní, provincia Peravia.

Narcoestado

Quien primero dio la voz de alarma en el país fue el dirigente de izquierda Narciso Isa Conde, pero viniendo de él, el término fue obviado como otros de su repertorio contra el sistema neoliberal.  ¡Narcoestado! ¿Narcoestado?  Cuando Isa Conde denunciaba que vivíamos en un Narcoestado nuestras mentes se resistían, porque nos creíamos muy diferentes a Colombia y México. Pero estamos en iguales o peores condiciones, pues siendo el territorio nacional  una de las rutas de tránsito de la droga suramericana hacia Estados Unidos y también laboratorio, no la producimos  ni estamos divididos del principal consumidor del hemisferio por una valla. Somos en la cadena de tráfico y distribución de drogas de la región un eslabón -estratégico por su ubicación, debilidad fronteriza e institucional-, pero sustituible.

¿Cuándo un país es un Narcoestado? Cuando su estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) participa, directa o indirectamente, de la actividad del narcotráfico. Y en esas estamos desde hace décadas, mas nos aferramos a la idea de que somos una sociedad campechana y sana en la que dos o tres forajidos hacen lo que les place. ¡No!, en República Dominicana aquellos que no hacen connivencia con el narcotráfico son antigüedades sociales. Estemos claros en que el porcentaje de narcotraficantes y conniventes con éste que son investigados y apresados son los menos, que existe una franja negra –engrosada por funcionarios, congresistas, militares, policías, jueces y fiscales- que continúa enquistada en el Estado y a la vez operando y colaborando con el negocio de las drogas. Quizá en la puerta del despacho de Joaquín Balaguer no solo se habría detenido la corrupción, también el narcotráfico, pero lo ignoramos porque aún ese flagelo no dejaba cadáveres a orillas de las carreteras. En esta nación de apenas 42 mil kilómetros cuadrados hemos visto desfilar como traficantes y conniventes a funcionarios del Gobierno, familiares de jueces de la Suprema Corte de Justicia, a senadores y diputados, a militares, a ex jefes de la Policía y policías de rangos altos y medios.

El caso Figueroa Agosto lo retrata así. “Junior Cápsula” se codeó con el Estado Dominicano durante diez años en los que supuestamente vivió prófugo en República Dominicana. El caso Quirino, que salpicó de heces al expresidente Mejía y que ahora amenaza con derramar un balde de ese contenido sobre el expresidente Fernández, también, y así el supuesto empresario del Tiempo Marques, constructor de la torre Atiemar y preso en España por tráfico de drogas desde este territorio. Lo evidencia además la foto de Leonel Fernández junto a Arturo del Tiempo Marques y su hijo en el Palacio Nacional, también los ayudantes civiles del expresidente Hipólito Mejía asesinados en circunstancias oscuras durante su gobierno, los tan solos dos fiscales que cayeron presos con el caso de la Dican en el que una veintena de policías está acusada de traficar la droga incautada; el jefe de Operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) extraditado a Estados Unidos, la regidora de Bonao presa en ese país por narcotráfico, el expelotero ligado a un caso de narcotráfico y sicariato, el laboratorio de drogas desmantelado en San Cristóbal en una casa que un ex asistente del jefe de la DNCD vendió a un narcotraficante hoy prófugo de la justicia.

Pareciera que los impolutos son los congresistas dominicanos. ¿Cuánto cuesta una candidatura a diputado o senador? ¿Tiene un dominicano honrado y con interés de servirle a su país ese dinero para apostarlo al azar de unas elecciones? En la mayoría de los casos no. Nuestros congresistas tienen compromisos con empresarios y con  narcotraficantes, que si bien no cuentan con representación formal en el legislativo, pero sí están protegidos por algunos de estos funcionarios que pagamos a un altísimo precio con dinero de los impuestos. 

Los conflictos por las tierras del CEA en el Este del país están atizados por el narcotráfico. No son agricultores ni empresarios quienes están sacando a los campesinos de sus predios con la colaboración de fiscales corruptos, son narcotraficantes que requieren esas tierras porque después del desmantelamiento de las pistas de aterrizaje clandestinas que usaba Toño Leña, la droga la están lanzando en pacas desde el aire. Los narcotraficantes necesitan tierras donde aquellas puedan caer y ellos recogerlas. Simular que son terratenientes. El asesinato de una pareja de esposos joven en La Patilla de Antosí habría sido producto de uno de estos conflictos. Imagínese usted que a un infeliz campesino le caiga una paca de droga en sus predios y decida tomarla y venderla para salir de una vez por todas de la miseria. En el Este se supone que existen autoridades, algunas confabuladas con esos supuestos terratenientes, pero todo el mundo calla, sino es que la misma autoridad trafica aprovechando la cercanía con Puerto Rico.

El negocio inmobiliario del país está cimentado sobre la droga. Los narcotraficantes necesitan invertir los millones de dólares obtenidos en la venta de estimulantes destructores. Los bancos saben que esos certificados de ahorros son producto de la venta de estupefacientes y hasta le solicitan a los testaferros que muevan las cuentas, que saquen dinero y lo inviertan y vuelvan a guardarlo para disimular. Todos saben de dónde salen los penthouse y las Hommer, pero se hacen los tontos siempre que les signifique ganancias. Qué más da si al final de cuentas hasta los hijos de los banqueros se empolvan la nariz. Si a la economía doméstica se le retira la ficha del narcotráfico, se derrumba el país. Se ufana el Gobierno en el 5% que creció la agricultura durante 2014, y ¿Cuánto creció el narcotráfico el mismo año, señor Presidente?

Los muchachos de los barrios colaboran con el transporte, almacenamiento y envío de la droga que no entra al país por el Salón de Embajadores del AILA y por los puertos, ésa entra resguardada por los funcionarios y oficiales de la Dirección General de Aduanas.  Ellos cobran sus servicios con droga que venden al detalle en los barrios del país, dividido en jurisdicciones que  ni imaginamos. ¿Sabe usted en la zona de qué narcotraficante vive usted? Es bueno que lo investigue, él también es una autoridad. También están los sicarios, brazos ejecutores, la ETA del narcotráfico, la consumen, la venden, matan. Algunos hasta son policías, llamados a perseguir el crimen y proteger a la sociedad. ¿Dónde está La Soga? ¿Es posible que un policía acumule 37 asesinatos sin ser detectado por la institución para la que trabaja y además huir sin que a la fecha sea capturado? Si eso es cierto, merece ser el jefe de Policía, pues es más inteligente y hábil que el actual.

Las mujeres, “los cromos”, en este entramado son parte de la mercancía, negocios paralelos, mulas, camuflajes, testaferras, el trofeo de caza de una actividad en la que a diario se ponen a prueba inteligencia, poderío físico, armamentístico y organizacional. Las premian con carros y apartamentos, ropas, joyas, viajes, con el menudo del negocio gordo de los miles de millones de pesos y millones de dólares. Por sus relaciones con el Poder son sacadas de expedientes de narcotráfico; son geishas, un peligro para el sistema político si caen presas. ¡Ay, si Sobeida hubiese hablado se caen los altares!

Y ahora son los narcocorridos. No se escuchan en la radio, pero no está prohibido que una persona escuche en su aparato receptor y a todo volumen este tipo de música que reivindica la actividad del narcotráfico. Se ha normalizado en la sociedad dominicana el narcotráfico, ya no es vergüenza que un hijo o esposo vayan presos por droga. Las familias, las esposas, ante este hecho luchan por retener el patrimonio acumulado como si de una herencia de familia se tratara y tienen el coraje de vivir una vida normal, disfrutando de casas, vehículos y negocios generados por la droga, aunque uno o varios de los suyos estén condenados a 15 años de prisión.

Y al final del escalafón, nuestros niños y niñas, ejército humano disponible para un crimen que los convertirá en comerciantes de la muerte, mulas, consumidores, sicarios, prostitutas, y quizá alguno o alguna en representante de éstos en la estructura de Poder. No queda más remedio que admitir que República Dominicana es un Narcoestado, y no de primera clase, sino de segunda. 

Mujer y dictadura

Una mujer argentina escucha emocionada la sentencia a los exdictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone este jueves, 5 de julio de 2012, en el juicio en su contra en Buenos Aires, Argentina. La justicia condenó a Videla a 50 años de cárcel por el robo de bebés dentro de un plan sistemático ejecutado durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), Bignone fue condenado a 15 años por los mismos cargos. EFE/Enrique García Medina