viernes, 29 de junio de 2012

Formas de participación ciudadana en América Latina y el Caribe

 Por Patricia Báez Martínez

En este trabajo pretendemos definir el concepto de sociedad civil, como elemento indispensable para entender un concepto relacionado, pero más complejo: la participación ciudadana (PC), y que a través de los años, y dependiendo del contexto político, se ha ido construyendo y descontruyendo, en un proceso cíclico, así como su estrecha relación con la democracia.  Tal vez por su vinculación con la democracia, son términos todos de difícil definición y delimitación. Debido a que la democracia puede ser social, participativa, representativa, directa, deliberativa, económica, no es fácil determinar dónde termina un concepto y empieza el otro. Aunque trataremos de hacerlo.
A seguidas de definir lo que es la sociedad civil y adentrarnos un poco a los múltiples significados históricos de ésta y su contexto actual, pasaremos a definir el concepto de participación ciudadana, analizar cuál es su nivel de institucionalización en América Latina y el Caribe, en especial, en República Dominicana, así como su estatus real en el accionar cotidiano de las instituciones y los ciudadanos. También destacar las formas principales de participación ciudadana en el país, y al final presentaremos algunas conclusiones sobre este tema.
La sociedad civil como génesis de la participación ciudadana
La sociedad civil es un concepto muy abarcador, engloba prácticamente todo aquello que no es el Estado, sin embargo, se excluyen de su seno instituciones como la iglesia y las empresas, de acuerdo a la definición hegeliana, es decir, que sociedad civil es todo aquello que no es Estado ni partidos ni iglesia ni empresariado ni grupo militar, atendiendo, como ya dijimos, a una definición tradicional. Pero hoy en día se maneja un concepto de sociedad civil menos restringido, caben en él la ciudadanía, organizada o no, la iglesia, los medios de comunicación y el empresariado. Esta última es una concepción de sociedad civil que se corresponde con la elaborada por Bobbio:
“La sociedad civil se ubica en contraposición al Estado, se entiende por la esfera de la sociedad civil las relaciones entre individuos, entre grupos, entre las clases, que se desarrollan al margen de las relaciones de poder que caracterizan a las instituciones del Estado. En otras palabras, la sociedad civil está representada en los conflictos del terreno del desarrollo económico, ideológico, social y religioso que el Estado tiene la obligación de resolver interviniendo como mediador o por medio de la fuerza… (es) el campo de las diversas formas de movilización, de asociación y organización de las fuerzas sociales que luchan para conquistar del poder político”. (Bobbio, 1997). (Traducción propia)

Con esta definición se marca una clara diferencia entre Estado y sociedad civil, sin embargo, Sergio De Piero (2005) distingue la existencia de zonas grises entre la sociedad civil y el Estado y entre ésta y el mercado, ya que, como señalara, “sus efectos se sienten en la política, la economía, la cultura, etc.”. Existen instituciones descentralizadas del Estado que ofrecen servicios del tercer sector,  también está el ejemplo de los medios de comunicación, que siendo empresas privadas brindan un servicio público que también coloca a este tipo de organizaciones en la esfera de la sociedad civil, e igual es la situación de las organizaciones eclesiales de base, que siendo parte de la iglesia ofrecen un servicio social y tienen una organización estatutaria que las colocan en la lista de las organizaciones de la sociedad civil. Norberto Bobbio también añade que los partidos políticos pertenecen a esta esfera gris: forman parte de lo institucional político y de la sociedad civil. 
“Los partidos políticos tienen un pie en la sociedad y civil y el otro en las instituciones, tanto así que ha sido propuesto enriquecer el esquema conceptual dicotómico  y de intercalar entre los dos conceptos de sociedad civil y de Estado el de sociedad política [Farneti, 1973, pp.16ss.] orientado a abarcar precisamente el fenómeno de los partidos que de hecho no pertenecen completamente ni a la sociedad civil ni al Estado”. (Bobbio, 2006).
Este autor recuerda la propuesta de Farneti de que se incorpore un tercer concepto que supere la dicotomía Estado/sociedad civil y que defina un tanto el carácter de los partidos políticos, que de hecho no pertenecen completamente ni a la sociedad civil ni al Estado.
En Europa, la sociedad civil surge en contraposición a la nobleza y al clero, como lo que se llamó el Tercer Estado, que en Francia dio empuje a la Revolución Francesa, pero en América Latina se forma como un movimiento de autoprotección y como movimiento mismo: 
                “La sociedad civil en América Latina se caracterizó, no por la oposición al Estado ni de      manera central por la generación de un mercado (en tanto construcción y defensa de la           propiedad privada), sino por una combinación de la autoprotección y la idea del        movimiento, que a lo largo del último siglo adoptó diferentes significaciones: liberación                 nacional, ampliación de la participación, revolución, modernización, etcétera. No se trata              sólo de un espacio de construcción  de instituciones, ni siquiera de la idea de democracia    liberal. Expresa en particular la conjunción de sectores y grupos, y del concepto de pueblo       en general, como un sujeto articulador de demandas y expectativas de construcción de un          nuevo orden. Por ello, los movimientos nacional-populares expresan de manera más amplia      y articulada una idea de sociedad civil durante el siglo XX”.  (De Piero, 2005).
Claus Offe, citado por Edurne Uriarte (2002), ubicando el nacimiento de los movimientos sociales, argumenta que surgieron a partir de los años sesenta con diversos movimientos, entre los que se destacaron los feministas, ecologistas, pacifista, estudiantil, campesino, entre otros. Y el interés por estudiar estos movimientos habría surgido a partir de la aparición de estos grupos. Los jóvenes son señalados por Ronald Inglehart, también citado por Uriarte, como catalizadores sociales al desarrollar nuevas reivindicaciones una vez que la democracia representativa y el bienestar económicos están asegurados:
                “Los postmaterialistas son aquellos que han crecido en condiciones de relativa seguridad             física y económica. Por lo tanto, dando por supuesta la supervivencia y dedican más tiempo               y energía a actividades más distantes y abstractas como la política. Esto ha contribuido a una      tendencia internacional hacia porcentajes mayores de comportamiento no convencional,          desafiante para la élite”. (Inglehart, 1998).
Pese a que los conceptos de sociedad civil y participación ciudadana están bastante relacionados y que a menudo son usados como sinónimos, no describen lo mismo. Sociedad civil no necesariamente describe a un conglomerado activo que trabaja para incidir en las políticas públicas o en su propio bienestar, aunque se presume que la vocación de la sociedad civil es la movilización social en procesos que buscan el bienestar de las comunidades a través del buen gobierno (visión positiva de la sociedad civil), en el otro extremo están las organizaciones civiles que promueven el racismo, el prejuicio, la discriminación y la exclusión (visión negativa). 
De la misma forma como la participación ciudadana gana adeptos, de forma especial entre los jóvenes (son ejemplos el movimiento M-15, en España; las manifestaciones estudiantiles por mejoría de la educación, en Chile; protestas contra la corrupción y por el aumento de la partida presupuestal para la educación a un 4%, en República Dominicana, entre otros), la sociedad civil mantiene su estatus, aunque su estructura ha experimentado cambios significativos. La incorporación del sector empresarial al debate de las ideas y a la negociación con los sindicatos de trabajadores y el Gobierno, es uno de esos cambios, y esta nueva visión del empresariado como ente social, mas no de la empresa, es más visible en los países del tercer mundo con un escaso desarrollo institucional. Es allí donde el empresariado pasa de simple observador del manejo de la cosa pública a un actor activo en el diálogo con el Estado, en las negociaciones, la interpelación y rendición de cuentas.
La participación ciudadana: un paso más adelante
Definida ya la sociedad civil y esclarecido que su existencia no es sinónimo de sociedad activa, es preciso pasar a un segundo plano de la dimensión civil: la participación ciudadana, definida como el “proceso que se registra con indicadores tales como la integración en procesos consultivos generales, la movilización social para presionar por políticas públicas sectoriales y generales, la búsqueda de representación social y política y, en general, toda forma de integración de las personas, en forma organizada o no, a los procesos mediante los cuales se toman decisiones a nivel comunitario, social y político que afectan al conjunto del colectivo involucrado u objeto de dicha decisión”. (Artiles, L., comunicación personal, 13 de febrero de 2012).
La constitución de Ecuador incluye en su artículo 3 una definición de participación ciudadana que vale la pena rescatar: 
“La participación ciudadana se define como el sistema por el cual se involucra activamente a todos los sectores sociales en la vida jurídica, política, cultural y económico social del país, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida del habitante ecuatoriano, con miras a una justa distribución de los servicios y recursos públicos”. (Hevia: 2007).
Para el antropólogo social Felipe Hevia de la Jara,  la participación ciudadana contiene dos ideas-fuerza: legitimidad y eficiencia. “La primera refiere a la capacidad de ejercer la soberanía y legitimar las acciones y decisiones de gobierno, por lo que su arena es la política y el conflicto. La segunda apela al mejoramiento de la gestión y las políticas públicas específicas y encuentra su justificación en la cooperación sociedad-gobierno” (Hevia, 2007).  En las dos, legitimidad y eficacia, la participación  ciudadana juega un papel fundamental, pues de la misma forma que es uno de los sectores indispensables de legitimidad de los gobiernos, si no el más importante, también contribuye a la eficiencia, no sólo en el aspecto de colaboración a que apunta Hevia, sino también en lo que se refiere a la rendición de cuentas vertical y las subsiguientes demandas por una mejor utilización de los recursos públicos.
En su investigación sobre la participación ciudadana, en la que distingue entre participación ciudadana y participación ciudadana institucionalizada, Hevia encontró que en la región de América Latina y el Caribe existe una gran cantidad de principios y mecanismos relacionados con la participación en los países estudiados, así como variaciones de un país a otro de estos principios y mecanismos.
Podemos establecer una suerte de ranking ubicando en un extremo no participativo a República Dominicana y en el otro extremo a Venezuela. Los demás países variarán de posición dependiendo qué queramos ordenar. La constitución del primer país sobresale por no contener ni principios ni mecanismos de democracia participativa. La de Venezuela, en cambio, sobresale por incluir la variable participación en todos los indicadores que hemos tomado hasta ahora (ejercicio soberanía, principios de participación, mecanismos de participación”. (Hevia, 2007).
Es preciso destacar que el investigador resalta también en sus conclusiones que en las 19 constituciones estudiadas para esa investigación, no existe una relación entre diseño constitucional y estabilidad democrática y la presencia de la participación parece ser más una reacción a la inestabilidad que a una fuente de estabilidad.
La participación ciudadana en América Latina y el Caribe
Si tomamos en cuenta el estudio sobre participación ciudadana institucionalizada realizado por Hevia (Ibíd.), se puede concluir que en sentido general la región ha avanzado en la inclusión del concepto y mecanismos de participación ciudadana en las constituciones y leyes secundarias. El investigador resalta una creciente legislación específica sobre participación ciudadana entre 1994 y 2004 en la región de América Latina y el Caribe. Ya para el 2004, señala que “son 6 países de la región que tienen leyes (o están en proceso) de carácter nacional que tratan sobre participación ciudadana y que norman específicamente tanto mecanismos de participación directa como de representación de intereses y cogestión, sin considerar la gran cantidad de reglamentaciones municipales y regionales/provinciales/estatales existentes”. (Hevia, 2007)
Ya fuera del orden normativo, Fernando Pindado Sánchez observa que en Latinoamérica la participación ciudadana sólo se da en la política como proceso (inputs), no en la política como estructura y como resultado (out puts). La participación ciudadana debería darse en cada una de esas tres dimensiones, sostiene. “Las diferentes dimensiones de la política se deben hacer en base a la participación ciudadana y ésta, en tanto que una política más también debe hacerse de una manera participada y debe consolidar estructuras, articular e inventar procesos y producir resultados útiles y eficaces”. (Pindado, 2008).
Este autor no limita la participación del ciudadano al voto, sino que invita a éste a la acción, a ejercer su derecho a la libre asociación en una gran variedad de instituciones entre las que incluye clubes comunitarios, comunidades virtuales, partidos políticos, sindicatos, foros, etc. “... en definitiva, utilizar los derechos conquistados por la democracia para hacer más fuerte el sistema y mantener controlados los detentadores/gestores del poder”.
Pindado Sánchez hace énfasis en la participación ciudadana como ejercicio democrático y de la democracia. Hace una clara referencia a la imposibilidad de la coexistencia de un régimen autoritario y/o dictatorial y la participación ciudadana, porque -a su entender- no existe una participación social efectiva en un régimen sin libertad: 

           “participación es democracia y democracia es participación, no se concibe una sin la otra...           la democracia es el ejercicio de la “participación ciudadana, en el ejercicio de la acción           directa y pacífica del titular de la soberanía: el pueblo, todas las personas mayores de edad,    que se puedan expresar, entre otras maneras, en las urnas”.
Sin embargo, consideramos que los procesos de lucha de movimientos como Madres de Plaza de Mayo, en Argentina, o muy especialmente las Mujeres de Blanco, en Cuba, constituyen muestras de que aún dentro de gobiernos autoritarios o dictatoriales es posible la participación ciudadana, incluso en áreas que atentan contra lo que los gobernantes autoritarios y dictadores llaman la estabilidad del sistema, como cuando estas organizaciones elevan recursos ante instituciones como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Claro está, esta participación social es restringida y se da en situaciones de precariedad de las libertades civiles (represión de marchas, intervenciones telefónicas, amenazas, vigilancia, entre otras formas de control antidemocráticas) y políticas (obstáculos para ejercer el sufragio, la negación de información pública, entre otras). En Puerto Rico, pese a ser un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, existe un consistente movimiento de rechazo a los ejercicios militares en la isla de Vieques que tiene salida en espacios de participación ciudadana. Por ejemplo, el 30 de julio de 2001, en Puerto Rico se realizó una consulta ciudadana para determinar el nivel de aprobación y desaprobación de los ejercicios militares y la consulta tuvo una participación del 80.6% de los convocados, la participación más alta en una consulta popular hasta ese momento en la isla.
“...desde abajo, por medio de los colectivos sociales representados en las ONG, las         sociedades de vecinos, las asambleas empresariales, comienza un proceso de actividad       cotidiana, de experiencias colectivas que contribuye a construir un tejido con las         comunidades, los imaginarios, la diversidad y la organización de la producción. Así, autores                 como Assies, Calderón y Tolman establecen que “la cuestión de la ciudadanía en América                 Latina se presenta de forma específica reflejando configuraciones económicas, políticas y            sociales específicas”, (Calderón Mólgora y otros, 2002) en Discusión de la Ciudadanía y    sus Relaciones con el poder en América Latina” (Talleferro del Pino ,2006).
Siguiendo con la visión de Pindado Sánchez, su aspiración no es a una democracia que se limite al ejercicio del sufragio (visión electoral de la democracia), sino que promueve un estilo de participación holístico desde el punto de vista político, -advierte que la brecha entre electores y elegidos es uno de los problemas de la democracia actual-. También que aspira a una ampliación de la democracia en toda la red social sin importar si surge el handicap principal de la participación: el conflicto: “En democracia no solo debe contar la resolución de los problemas, sino la manera como se solucionan.  No se puede luchar contra la delincuencia matando a los delincuentes, contra la drogadicción encarcelando a los toxicómanos y por la democracia, penalizando la libre   expresión”.
Esta última reflexión invita a tomar en cuenta los métodos democráticos en la resolución de conflictos, no limitar la democracia al ejercicio electoral y al debate de las ideas, sino de tomar en cuenta el valor democrático que tienen los mecanismos elegidos en la resolución de conflictos. En nada vale para este autor la frase, muy socorrida en la política, de que el fin justifica los medios. Y su  idea de la democracia nos parece que hace bastante referencia a la calidad de la democracia.

Participación ciudadana Institucionalizada en República Dominicana
Siguiendo con la línea de investigación llevada a cabo por Hevia en el trabajo suyo que hemos tomado como base para este ensayo, realizamos una revisión de la Constitución dominicana actual, promulgada el 26 de enero de 2010, tres años después de la publicación del estudio.
El detalle más relevante es que la palabra participación ciudadana no se encuentra en la actual Carta Sustantiva, sin embargo aparecen conceptos que en la práctica se usan con el mismo sentido, y se explicitan formas concretas de PC, como el presupuesto participativo.
  • Por ejemplo, en el artículo 4 reza que “el gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático[1] y representativo”.
  • En el artículo 7 estipula que “la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos”.
  • En el artículo 2 define el concepto de soberanía popular: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce mediante sus representantes o en forma directa en los términos que establecen esta Constitución y las leyes”.
Sin embargo, entre las formas directas de ejercer la soberanía popular, no se encuentra el mandato revocatorio, lo que varios países de la región sí contemplan (Colombia, Ecuador y Panamá a nivel nacional, y Argentina a nivel subnacional), mientras que el referéndum, otro de los indicadores utilizados por Hevia para medir el grado de participación ciudadana institucionalizada en la región, en República Dominicana sólo se contempla a nivel municipal.
  • “Art. 203. Referendo, Plebiscitos e iniciativa normativa municipal. La Ley Orgánica de la Administración local establecerá los ámbitos, requisitos y condiciones para el ejercicio del referendo, plebiscito y la iniciativa normativa municipales con el fin de fortalecer el desarrollo de la democracia y la gestión local”.
  • Otro de los indicadores analizados por Hevia es la iniciativa legislativa popular, que en el país también consta a nivel Constitucional en el artículo 97, aunque prevé que para tales fines deberá aprobarse una ley especial que establecerá los procedimientos y las restricciones para el ejercicio de esta iniciativa.
  • En el artículo 206 consta el presupuesto participativo, que es una forma de participación ciudadana, y lo describe de la siguiente forma. Es “la inversión de los recursos municipales se hará mediante el desarrollo progresivo de presupuestos participativos que propicien la integración y corresponsabilidad ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local”.

La participación ciudadana en la práctica en República Dominicana
Visto el aspecto formal de la PC en República Dominicana, nos centraremos en explicar cómo fue el proceso de formación de la sociedad civil o del movimiento social en el país y cuál ha sido su evolución a través del paso de los años, para concluir en su estatus actual.
Antes de 1961, año en que desaparece físicamente Rafael Leonidas Trujillo es difícil hablar de sociedad civil en República Dominicana, existían grupos clandestinos que no tenían libertad de acción ni de expresión, sus líderes eran perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados, y una buena proporción de los que lograron salvar sus vidas tuvieron que exiliarse. Esta situación se corresponde con el axioma de que la participación ciudadana sólo pueden desarrollarse en un entorno democrático. “La apelación a la ciudadanía entraña, tras el agotamiento de la alternativa comunista, la demanda de una democracia más plena y real que la efectivamente existente (Zolo: 1994, p. X)” ( Javier Peña: 1999).
Tras la desaparición del dictador (1930-1961), hubo un despertar. Esas mismas organizaciones de resistencia de la dictadura iniciaron un proceso de transformación, algunas se convirtieron en partidos, otras en organizaciones cívicas, como la Unión Cívica Nacional[2], aunque rápidamente terminaban envueltas en los procesos políticos, participando como partido. Los años transcurridos entre 1961 y 1966 fueron muy convulsos como para hablar del nacimiento de una sociedad civil o participación ciudadana, se gestaban movimientos de resistencia que ante la represión y la compra de conciencia terminaban reducidos.
Al respecto, la politóloga Rosario Espinal, en un artículo publicado en un semanario de circulación nacional, escribió lo siguiente:
 
               “La sociedad civil dominicana nunca ha sido fuerte. No podía desarrollarse en la dictadura                de Trujillo. En los años sesenta y setenta, Joaquín Balaguer se encargó de golpearla en sus                dos expresiones más organizadas de aquel entonces: el movimiento sindical y estudiantil. El                empresariado, por su parte, se plegó a los designios de Joaquín Balaguer para ser neneficiario
               del Estado clientelar.
En los años ochenta terminó por desintegrarse la izquierda dominicana, y en su lugar, surgió una pequeña pero activa sociedad civil de capas media interesada en promover reformas políticas. Su sustento financiero provenía de los nuevos programas de financiamiento internacional para la promoción de la democracia que impulsaron Estados Unidos, la Unión Europea, los organismos internacionales y las agencias de cooperación privadas”. (Artiles, 2010)
Debido a la crisis económica de la Unión Europea y a las nuevas exigencias de los organismos de cooperación internacional, esa sociedad civil y/o participación ciudadana hoy en día se ve amenazada, pues algunos de sus programas y proyectos podrían verse afectados, así lo hicieron constar Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y Salud[3], y Juan José Espinal, del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (Cedaf)[4].
“Sin ánimos de alarmar, estamos muy preocupados por esta situación porque todavía no se incorpora en el Presupuesto Nacional los recursos para la atención a la persona viviendo con VIH y hay una reducción significativa de los fondos de cooperación para enfrentar el VIH… El Fondo Global ha hecho recortes sustantivos, a partir de mayo no sabemos cuál va a ser la situación del país en relación al VIH, son medicamentos muy caros, gente que ya están en tratamiento se va a quedar sin tratamiento”. (Sergia Galván, en comunicación personal, 6 de marzo de 2012).
“Hay menos recursos internacionales, pero sobre todo el sector ha crecido bastante, y unido a la escasez de recursos internacionales, en parte por la crisis económica internacional, se suma el proceso de transparencia que han estado exigiendo las agencias de cooperación a las Ong´s. Los procesos de transparencia dificultan el flujo de recursos, ha ido llevando a que el acceso a los fondos internacionales sea producto de un proceso competitivo. Las Ong´s que no han desarrollado esas capacidades tienen más dificultades para afrontar esos retos”. (Juan José Espinal, en comunicación personal, 23 de marzo de 2012).
A pesar de esto, en el país un nuevo ímpetu se viene registrando desde 2009 en los movimientos sociales, especialmente en la juventud de las capas medias y media-baja con la formación y accionamiento de organizaciones como Toy Jarto[5], La Revuelta[6], Ciudadanxs contra la corrupción (C-3)[7], entre otros. Estos grupos, con formas de accionar atípicas, y propia de su naturaleza joven, lograron doblarle el pulso al Gobierno cuando a través del Ministerio de Medio Ambiente otorgó el permiso a una empresa para instalar una planta cementera en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Los Haitíses.
Estos jóvenes acamparon en este lugar, impidiendo algunas veces el pase de los equipos pesados que ya estaban trabajando en el lugar. Tuvieron, gracias a las nuevas tecnologías, contacto continuo con los medios de comunicación y concitaron el apoyo de una gran parte de la población que le envió alimentos mientras duró la acampada. Todos estos jóvenes, con sus Black Berry informaban al instante de todo cuanto acontecía en el lugar, lo que generaba inmediatamente una ola de opinión en las principales ciudades del país, la cual presionaba al Gobierno.
Además de los jóvenes, hay otros sectores de la sociedad civil que continúan accionando y concitan bastante apoyo, pese a pertenecer a instituciones no tan jóvenes como las que mencionamos antes. Entre ese tipo de instituciones se encuentran las que luchan contra la corrupción, como Participación Ciudadana[8]; las que luchan por los derechos de la mujer, entre ellas Profamilia[9], Colectiva Mujer y Salud, Cipaf[10]; y las que defienden el ambiente, entre éstas últimas la Academia de Ciencias de República Dominicana. También gozan de una gran incidencia[11] las organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes, en especial los derechos de los hijos de haitianos nacidos en el país, como es el Movimiento de Mujeres Domínico-Haitiana (MUDHA)[12], la cual logró el 8 de septiembre una condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado Dominicano, la cual obligó a entregar papeles de identidad a las jóvenes Dilcia Yean y Violeta Bosico, dos jóvenes hijas de padres haitianos, pero nacidas en territorio dominicano.
Existen varios temas y/o instituciones de la sociedad civil que ya sea por la pertinencia del tema en la coyuntura actual o por el correcto desempeño como institución de la sociedad, o ambas cosas a la vez, tienen una incidencia o impacto y -de una u otra forma- logran entablar un diálogo con las altas esferas del Poder, aunque sea a nivel de medios de comunicación; entre esas instituciones se puede citar al Centro Juan Montalvo[13], Finjus[14], Participación Ciudadana, Foro Ciudadano[15], entre otras. Esos temas son: corrupción, migración, género y medio ambiente. Lejos quedaron los tiempos de un movimiento sindical y agropecuario fuerte, el primero se ha ido camuflando con el sector empleador hasta el punto que es puntual y reducido su accionar, y en el segundo grupo: los productores agropecuarios, los acuerdos de libre comercio y las importaciones masivas por parte de las propias instituciones del Gobierno, además de afectarles económicamente, las han ido extinguiendo.
Formas de participación ciudadana 
Ya descrita lo que sería la participación ciudadana institucionalizada en República Dominicana, creemos pertinente brindar algunas pinceladas de cómo es realmente la PC en el país y cuáles son las formas más comunes en las que se manifiesta y que podemos reconocer como tal. Para estos fines, tomaremos como base un estudio presentado por Rosa Cañete (2006) ex cooperante en el país del grupo Progressio[16].
En el trabajo ´Democracia Efectiva: cómo hacer incidencia política desde la sociedad civil`, Cañete sostiene en el marco teórico que, en su función de cooperante del grupo Progressio, los supuestos teóricos contextuales, o sea, democráticos, en los cuales se da la participación ciudadana,  no se dan de una forma plena “y, en general, no existen canales regularmente establecidos para la participación ciudadana”. 
En base a ese contexto, alega que en los países en vía de desarrollo en los que le ha tocado trabajar, incluida la República Dominicana, en donde reside, se han dado dos formas históricas de influir en el poder: 
“Una responde a las élites sociales y económicas vinculadas a los tomadores de decisiones, cuya técnica ha sido la de influir de igual a igual en los gobiernos para que éstos tomen decisiones que las beneficien.   La segunda ha sido la presión, la movilización social e incluso la violencia, utilizada por sectores sin capacidad de influencia o vinculación al poder y que, por tanto, no se relacionan de igual a igual con los tomadores de decisiones y que deben demostrar su fuerza de otra forma para ser tomados en cuenta”. (Cañete, 2006).
En países como estos, alega que la participación ciudadana se ha dado como un puente entre esos dos sectores: los sectores de poder económico y social que tienen influencias en el Estado y los sectores populares, es decir, participar en la arena pública sin usar mecanismos ilegales o violentos.
En estos países la Incidencia Política cobra forma como disciplina intentando encontrar un puente entre estas dos formas históricas de incidencia. Busca dar opciones a los sectores tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones para impulsar los cambios por los que luchan. 
Asimismo, facilitarles herramientas para conseguir sus propósitos con respecto a políticas públicas de una forma intermedia entre la presión y las influencias o, más bien, utilizando parte de las dos pero dentro de un esquema que no entra ni en lo ilegal ni en lo violento
En su investigación, basada en dos casos de incidencia política en los que trabajó el Centro Juan Montalvo -el primero es la modificación del marco legal de las asociaciones sin fines de lucro en República Dominicana, y el segundo la construcción de una nueva visión de la política social en República Dominicana: Reforma Fiscal-, destaca algunas formas de participación ciudadana: cabildeo, negociación, estrategias de medio y de opinión pública, presión a los tomadores de decisiones, difusión de las propuestas y transformación de la opinión general respecto al tema de la o las propuestas.
Es importante destacar que en su trabajo hace propuestas de lecciones aprendidas en los dos procesos de incidencia estudiados, las cuales pueden servir para otras organizaciones orientar sus procesos de participación social.
En el apartado lecciones aprendidas, la ex cooperante destaca la importancia de:
  • Creación de alianzas para impulsar procesos de incidencia, en especial porque las alianzas responden a los valores democráticos que sustentan la participación.
  • Trabajar con redes/conformación de una base social.
  • Poner atención a los perfiles de las instituciones.
  • Instituciones representadas por altos cargos.
  • Reparto de tareas entre los integrantes.
  • Mecanismos de comunicación ágil y efectivo.
  • Vocería compartida.
  • Tener puntos comunes claramente definidos.
  • Tener una propuesta con una base técnica.
  • Manejo de conflictos internos.
  • Ir incorporando la experiencia y conocimiento en las instituciones.
Conclusiones
La sociedad civil es el eje impulsor de los procesos democráticos en las sociedades. Su mayor desarrollo lo logra cuando alcanza a articular una adecuada participación ciudadana que redunda en beneficios inmediatos y a futuro, tanto materiales, como intangibles, entre ellos la democracia, el cual es un intangible que puede medirse, y, por tanto, es posible conocer el nivel de satisfacción de una sociedad respecto a la democracia. Y si bien es cierto que en América Latina la ciudadanía cuestiona aspectos referentes a la calidad de la democracia, no es menos cierto que ningún país de la región está dispuesto a retroceder.
La participación ciudadana tiene altos niveles de institucionalización en América Latina y el Caribe, sin embargo, existen diferentes matices o variaciones de un país a otro. El país en el que la PC está más institucionalizada es Venezuela, y en donde para 2004 existía menos institucionalización de este concepto, era precisamente República Dominicana. Sin embargo, la Constitución de 2010 contempla algunos avances, como la inclusión del referéndum y la posibilidad de la iniciativa legislativa por parte de la ciudadanía, aunque se sigue observando un interés marcado desde el poder por limitar la participación ciudadana.
Pese a ello, en República Dominicana existe una importante tradición de participación que se observa en  el quehacer cotidiano de diferentes instituciones que se han logrado mantener a través del tiempo constituyéndose en interlocutores-negociadores con el Estado en determinadas coyunturas políticas, sociales o económicas. Esa supervivencia es producto del interés de las propias instituciones y de su estrecha vinculación con la intelectualidad nacional y  los líderes de opinión locales. 
Dependiendo del contexto, del grupo de poder y de interés al que estas instituciones enfrenten, son satanizadas o endiosadas. Cuando un partido está en la oposición, se vale del trabajo de interpelación de estas instituciones para atacar al partido de gobierno y al gobierno en sí, en esa coyuntura es su aliado y las instituciones de PC son vistas como legítimas representantes de la sociedad; sin embargo, cuando ese partido en la opinión alcanza el Poder, inmediatamente las instituciones de PC se convierten en  enemigas, y -para la administración- no representa los intereses reales de la sociedad.
En el actual contexto nacional, las organizaciones de PC viven una nueva etapa de fortalecimiento gracias a los aportes de grupos de jóvenes con intereses diversos que se han integrado, ya sea en organizaciones juveniles, o como parte de grupos juveniles de las organizaciones ya existentes.

Bibliografía
 
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[1] Cursiva nuestra.
[2] La Unión Cívica Nacional fue un movimiento patriótico, apartidista, que nació el 17 de junio de 1962. Sus fundadores fueron los hermanos Viriato y Antinoe Fiallo, así como José Fernando Caminero, Luis Manuel Baquero y César de Castro. Su objetivo principal fue la salida de la familia Trujillo del gobierno.
[3] La Colectiva Mujer y Salud es una organización feminista, que defiende de los derechos humanos de las mujeres, promueve cambios ideológicos, sociales y culturales para erradicar su subordinación.
[4] El CEDAF es una fundación que promueve el desarrollo sostenible del sector agropecuario y forestal, a través de la capacitación, información, innovación institucional y análisis de políticas y estrategias sectoriales, con el fin de estimular una agricultura competitiva que contribuya a reducir los niveles de pobreza y a proteger el medio ambiente.
[5] Toy Jarto es un movimiento cívico, político, cultural, no partidista, integrado mayormente por jóvenes, que lucha por políticas de transparencia y el combate a la corrupción, así como por el rescate del ejercicio político ético, construcción de liderazgo, entre otros objetivos.
[6] La Revuelta es otro movimiento social liderado por jóvenes que entre sus propuestas se destaca el que a la boleta electoral en las elecciones de 2010 se incluyera la casilla Ninguno. Fue uno de los movimientos juveniles que se opuso a la instalación de una cementera en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Los Haitíses, logrando doblarle el pulso al gobierno.
[7] C3 es uno de los movimientos sociales más jóvenes del país, hasta el momento se ha enfocado en el combate a la corrupción.
[8] Participación Ciudadana es un movimiento cívico no partidista, de presión, concertación y vinculación del ámbito social con los poderes públicos. Se constituye con el fin de promover la articulación en el seno de la sociedad civil y para incentivar la participación de los ciudadanos y ciudadanas a fin de lograr las reformas políticas, institucionales y democráticas que requiere la república y un desarrollo social justo y equilibrado. Inició sus actividades en 1993, aunque la personería jurídica la obtuvo en 1996.
[9] Profamilia, creada en 1966, es una organización no gubernamental pionera en servicios de salud sexual y salud reproductiva que se ha convertido en una institución que ofrece salud integral a través una amplia gama de servicios, consultas y procedimientos especializados.
[10] El CIPAF  promueve la participación y el protagonismo de las mujeres como sujetas de transformaciones históricas, como protagonistas fundamentales de las alternativas de Desarrollo y Democracia, educando y concientizando a la ciudadanía y a la opinión pública en general sobre la necesidad de transformar las situaciones de opresión y subordinación de las mujeres.
[11] Para este trabajo utilizaremos la definición que hiciera sobre incidencia Cañete (2006): “La Incidencia Política es el proceso planificado y realizado por la ciudadanía organizada para influir en el sistema político, los mecanismos de poder y toma de decisiones a fin de lograr en el corto plazo modificaciones en las leyes y políticas públicas y a largo plazo promover cambios sociales a través del fortalecimiento de la ciudadanía”.
[12] MUDHA es una  ong, creada en 1983, que impulsa el desarrollo democrático, equitativo, solidario, sostenible y el respeto a los Derechos Humanos. Está integrada por mujeres dominicanas de ascendencia haitiana y haitianas. Trabaja desde una perspectiva de género y etnia con la población dominicana de ascendencia haitiana y haitiana con énfasis en las mujeres, niñas y niños.

[13] El Centro Juan Montalvo, creada en 1993, es una ong  de promoción social, educación e investigación que trabaja para el desarrollo y empoderamiento de las organizaciones comunitarias, impulsando y participando en procesos de investigación, acción, reflexión y divulgación centrados en el fortalecimiento de la sociedad civil y el combate a la pobreza.  Su nombre es en honor al Padre Juan Montalvo, un jesuita dominicano, sociólogo, fallecido en 1979, cuando era formador de jóvenes jesuitas, de gran sensibilidad social.
[14] Finjus es una fundación u ong enfocada en el tema de la justicia y su correcta administración por parte del Estado Dominicano.
[15] Foro Ciudadano engloba a varias organizaciones sociales: Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Central General de Trabajadores (CGT), la Asociación de Empresarios Industriales de Herrera (AEIH) , la Confraternidad Evangélica Dominicana (CONEDO), el Centro de Estudios Padre Juan Montalvo, Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Acción Comunitaria por el Progreso, (ACOPRO), Departamento de Estudios Sociedad y Religión (DESYR), Federación de Obreros Metalúrgicos, Mujeres en Desarrollo (MUDE) y el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), entre otras.
[16] Progressio es una ong internacional que trabaja para ayudar a las personas en los países en desarrollo a tener poder sobre sus vidas y superar las barreras que los mantienen pobres.

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