sábado, 4 de febrero de 2017

El techo de cristal del sistema de partidos dominicano

Por Patricia Báez Martínez

El artículo 50 de la Ley Electoral, modificado por la Ley 78-05, establece la forma en que han de distribuirse los fondos que otorga el Estado a los partidos políticos. El 80% de éstos se distribuye a partes iguales entre los partidos que obtuvieron el 5% o más de los votos en el proceso electoral anterior, sin importar el tope de votos obtenidos; mientras el 20% restante se distribuye de la siguiente forma: 12% entre todos los partidos que obtuvieron menos del 5% de los votos en el proceso electoral anterior y los recién reconocidos, y el 8% restante se distribuye proporcionalmente de acuerdo al porcentaje de voto obtenido por cada una de las organizaciones minoritarias en las elecciones anteriores, es decir: La élite partidaria que dirige el Congreso, mediante la Ley Electoral, sometió a los partidos minoritarios a una competencia por el voto y los recursos del Estado, de la cual los partidos mayoritarios que ella representa están exentos.

Entre los partidos mayoritarios los resultados electorales difieren, pero  la asignación pública es la misma para todos; en el caso de los partidos minoritarios las partidas públicas están condicionadas por el desempeño electoral. De este  análisis se desprende que existe una oligarquía del sistema de partidos que tiende a ponerse de acuerdo con el fin de garantizar  el bienestar y la sobrevivencia del grupo, mientras somete a los partidos minoritarios a la competencia y a un diseño democrático de la asignación de fondos públicos que debería aplicarse a todos los partidos sin distinción. 

El sistema de elección de mayoría absoluta (50 + 1) ha incidido en la elaboración de este diseño de distribución del financiamiento, toda vez que el partido con mayoría en el Congreso procura mantener “buenas relaciones” con los partidos mayoritarios hoy en desgracia (PRSC y PRD), de ahí también que la JCE haya reducido el umbral requerido para ser considerado partido mayoritario de 6 a 5% de los votos válidos emitidos, y que éstos puedan seguir accediendo a la mayor proporción de fondos públicos destinados a los partidos políticos, aunque su desempeño sea paupérrimo. 

Todos estos factores sistémicos se combinan para producir lo que hemos dado en llamar ‘el techo de cristal de los partidos políticos’ (techo de cristal es un término de uso ocasional en el mundo organizacional/empresarial y en la teoría de género).  Con el ‘techo de cristal’ el PRD, PLD y PRSC han asegurado ser por décadas los únicos integrantes del exclusivo club de los partidos mayoritarios, mientras los minoritarios (mayoritarios en cantidad) luchan por sobrevivir a ese sistema de exclusión e inequidad en el que el paternalismo y el autoritarismo se expresan conformando una estructura piramidal en la cual las organizaciones políticas con más poder dominan a las más débiles.

El PRM es un caso atípico en todos los sentidos, desde ser un partido con votación mayoritaria financiado con recursos de un partido minoritario en el recién pasado proceso electoral, hasta lograr pasar de partido minoritario a mayoritario con solo participar en una sola elección, lo que de alguna manera demuestra que es el mismo PRD, pero con otro nombre. Los dirigentes perremistas, parte de los diseñadores de ese diseño de exclusión desde el Congreso en 2005, han debido tomar el trago amargo de ser minoría, aunque rápidamente han logrado colarse en el exclusivo club de los partidos mayoritarios.


Este escrito inicialmente fue uno de los capítulos de mi tesis para optar por el título de Maestra en Ciencias Políticas para el Desarrollo por la Universidad de Salamanca y el Iglobal, mas por recomendación del asesor metodológico fue eliminado. Por el valor que entraña, he decidido publicarlo en mi blog. El gráfico y el cuadro son también de mi autoría. Para reproducción, favor citar la fuente o lo que es lo mismo: Darme el crédito.

miércoles, 21 de diciembre de 2016

Tres causales es revictimizar la mujer, pero es algo


La despenalización del aborto por las tres causales es un punto intermedio entre quienes defienden los derechos plenos de la mujer y los grupos religiosos y conservadores, y es una deuda del Estado para con la mujer dominicana

Por Patricia Báez Martínez

El presidente ha observado el proyecto de ley de Código Penal para que el Congreso Nacional tome en cuenta el tema del derecho de la mujer dominicana al aborto en caso de que su vida peligre, cuando la criatura es producto de una violación sexual e/o incesto, y cuando el feto presente malformaciones congénitas. Esta ha sido una lucha de larga data del movimiento feminista dominicano, que al ver la imposibilidad de que el aborto puro y simple fuera aprobado, optó por una salida moderada y viable: El aborto condicionado por tres causales.

Aunque el proyecto vuelve al Congreso y con ello continúa nuestra lucha, celebramos hoy la observación hecha por el presidente Danilo Medina. Si lográsemos el consenso de las dos terceras partes de las matrículas de las cámaras legislativas a favor del aborto por las tres cuales (#Abortox3causales) es muy probable que no volvamos a tener más “Esperancitas” en nuestro país, ni más niñas pariendo criaturas producto de estupros.

Luchamos por tres causales para que el aborto sea permitido en República Dominicana, sin embargo, esas tres causales victimizan a la mujer. Al menos en dos de las tres causales planteadas, la mujer es vista como objeto-victimizado: Cuando su vida peligra (está en riesgo de muerte, débil, afectada, enferma) y cuando la criatura es producto de una violación sexual (es un ser débil frente a otro más fuerte y/o con autoridad).

En ninguno de los tres escenarios planteados la mujer tiene potestad, sino que ésta es ostentada por médicos y personal del Ministerio Público. Los médicos decidirían si la mujer puede abortar en caso de que su vida corra peligro o la criatura padezca malformación congénita; y en el caso de las violaciones sexuales, las niñas y mujeres abusadas que queden embarazadas tendrían que demostrar que han sido violadas, y así no ser perseguidas judicialmente tras abortar.

En el caso de las niñas víctimas de incesto, las familias que decidan no denunciar al agresor para no “destruir” la unidad familiar, éstas quedarían desamparadas por parte del Estado, pues no podrían acceder al aborto legal y seguro, y al practicar éste  de forma clandestina se pondrían en riesgo su salud reproductiva y  vidas, y las consecuencias legales de ese aborto no justificado ante las autoridades no necesariamente sobre caerían en el victimario, sino en el personal médico y el adulto que lleve a la  niña hasta el centro de salud o la “comadrona” y pague por el servicio.

Como se puede ver, en el escenario más halagüeño, la mujer dominicana seguiría sin ser dueña de su cuerpo y su destino, continuaría requiriendo el consentimiento o permiso de la autoridad para disponer de éste y diseñar su vida (una autoridad históricamente ostentada por el hombre y los estamentos del Estado que él como género ha dominado).

Cuando en República Dominicana el aborto sea permitido sin condición –con excepción de las contenidas en el protocolo médico-, entonces podremos hablar de un derecho obtenido mediante el fortalecimiento del género femenino y no su victimización como está ocurriendo en la actualidad, pero como decía la periodista italiana Oriana Falacci en ‘Carta a un niño que no llegó a nacer’: No existe nada peor que la nada. Ante la iniciativa de las iglesias de constitucionalizar y criminalizar el aborto en sentido general, lograr la despenalización por las tres causales es una gran victoria que salvaría muchas vidas, en su mayoría madres pobres que hoy desprotegidas dejan niños en la orfandad.
El aborto no es nuestra meta, el objetivo perseguido es la igualdad y el desarrollo de la mujer. Para ello se requiere educación sexual en las escuelas y colegios, métodos anticonceptivos asequibles tanto a mujeres como a hombres de todas las edades y  clases sociales, y como último recurso, la posibilidad del aborto en caso de que la niña o mujer no esté en condiciones de llevar a término el embarazo.

Despenalizar el aborto por las tres causales, no es una imposición a que mujeres cuyas vidas peligren se les practique un aborto, o a que todo niño malformado desde el vientre sea abortado, o a que todo feto producto de una violación sexual sea arrancado del útero de la víctima, no. En esos tres escenarios planteados, la mujer o su familia (en el caso de las niñas) decidirán si desean o no el aborto.  No se obligará a ninguna cristiana o evangélica a abortar, como ningún cristiano o evangélico debe impedir que las niñas y mujeres que sí deseen acceder al aborto por estos motivos, así lo hagan.

Es una cuestión de derechos. Unos plantean el derecho de la vida recién formada en el vientre, del que no podría disponer la madre según las iglesias y la Constitución, pero de aprobarse el aborto por las tres causales en el Código Penal (un reconocimiento a la dignidad de la mujer), los grupos pro vida deben respetar el derecho de las niñas y mujeres que sí decidan acceder al aborto, pues como ellos aducen: El derecho propio termina donde comienza el derecho ajeno.


Es tiempo de que la sociedad dominicana dé otro paso de avance en materia de derechos de la mujer, no estamos dispuestas a seguir siendo el receptáculo paciente de espermas y legislaciones machistas. Con este inicio de siglo apostamos a un cambio transformador para nuestras vidas, Ustedes legisladores están compelidos a decidir si se suman a nuestro proyecto de desarrollo paritario o le dan la espalda a un derecho no reconocido que gime desde las entrañas de la madre tierra.

jueves, 15 de diciembre de 2016

Partido único o predominante en RD



Por Patricia Báez Martínez 

En días pasados defendimos nuestra tesis para optar por el título de maestra en Ciencias Políticas para el Desarrollo Democrático por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal) y la Universidad de Salamanca (USAL) con el tema Sistema de partidos políticos en la República Dominicana (1990-2016): Del tripartidismo al partido predominante, y en la ocasión se nos cuestionó por qué no admitíamos que vivimos en una dictadura o seudodictadura dado el desvencijado panorama que muestra la institucionalidad democrática dominicana (preferimos usar este término a democracia simple y pura, ya que los dominicanos asociamos más el de democracia al ejercicio electoral, y no existe una equivalencia real entre el hecho de votar y la democracia). 

Nuestra respuesta versó sobre las dos formas de abordar y entender las ciencias políticas y la política: normativa (deber ser) y empírica (es) –máxime si se trata de un estudio descriptivo como fue el nuestro-, así como la caracterización del sistema de partidos predominante, que es la tendencia que advertimos en el país. Mas por lo apremiante del momento ignoramos explicar por qué el sistema de partidos dominicano no es de partido único que es la clase de sistema que caza con la dictadura. Dado que el tema ha concitado durante los últimos años la atención de académicos, investigadores y políticos, consideramos pertinente explicar, aunque fuere por esta vía, por qué el sistema de partidos nacional no es de partido único y, por tanto, aún no vivimos en una dictadura. 

Para 1961, el politólogo francés Roberto Duverger definió una de las principales características del sistema de partido único: “…el partido mismo, como cuerpo, no deja jamás de controlar a todos los organismos del Estado”, además, observó que en este sistema es notorio un grado significativo de restricción de las libertades públicas. Ya en 2005, el italiano Giovanny Sartori enriquece la definición de clases de sistemas de partidos al clasificarlos primero en base a la competencia electoral en competitivos y no competitivos. El sistema de partido único pertenece al último grupo. Arguye Sartori que “sólo existe, y solo se permite que exista, un partido. Eso se debe a que ese partido veta, tanto de jure como de facto, todo tipo de pluralismo de partidos…”. 

Con estas tres caracterizaciones del partido único: i) control del Estado, ii) restricción de las libertades públicas y iii) nulidad de la competencia, pasamos pues a rebatirlas. 

Si bien es cierto que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ostenta el Poder Ejecutivo, controla el Senado y una parte de los diputados, así como el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y las Altas Cortes –un control casi absoluto de los estamentos de decisión-, en el ámbito de las libertades públicas la mayoría de los dominicanos sigue disfrutando de ellas y el espionaje de Estado aparenta limitado. De hecho, se podría decir que en República Dominicana se respeta la libertad de pensamiento y expresión, aunque reconocemos que desde el Estado, y específicamente desde el Poder Ejecutivo, se utilizan “sofisticados” mecanismos de coerción de la libertad de expresión (negar o quitar publicidad gubernamental, provocar que propietarios de canales de TV rescindan contratos con líderes de opinión críticos, soborno a este tipo de comunicadores hasta neutralizarlos o convertirlos en bocinas gubernamentales, acaparamiento de los medios de comunicación en manos de altos dirigentes del partido, etc.). 

Como podemos ver, no todas las características del sistema de partido único se cumplen o se cumplen a cabalidad, por lo que encuadrar al sistema de partido dominicano en el partido único resulta difuso, y se podría interpretar como una reacción alarmista. Sin embargo sí se cumplen de manera efectiva las dos características principales del sistema de partidos predominante: i) un partido gobierna de forma ininterrumpida (no alternancia) y esto ocurre en el país desde 2004, con la agravante de que el ex presidente y presidente del PLD, Dr. Leonel Fernández Reyna, señaló como el principal objetivo del VIII Congreso Norge Botello convertir al PLD en una fábrica de presidentes y presidentas que gobernará la nación hasta mediados del presente siglo; y ii) existen terceros partidos (los minoritarios) que ayudan al partido predominante a retener el poder. Estos terceros partidos trabajan en dos sentidos, ayudando al predominante PLD a brindar la apariencia de que el sistema electoral es competitivo –procura de la legitimidad necesaria para la gobernabilidad-, y aportando votos para que ese partido obtenga el 51% para ganar las elecciones presidenciales. 

El nacimiento del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el 35% de los votos que obtuvo con su participación en el primer certamen electoral confirman también que estamos ante un sistema de partido predominante, pues de ser de partido único el PLD no habría permitido su conformación y participación las elecciones recién pasadas, mismas que no estuvieron exentas de trabas y dificultades –vale la aclaración-, es decir, que esas elecciones no habrían sido competitivas, como lo fueron. 

En nuestra tesis sostuvimos que existe una tendencia hacia el partido predominante, es decir, se está en el proceso, aunque si tras el surgimiento de una segunda fuerza política con potencial de ser gobierno, el PLD se reelige en las elecciones de 2020, no habrá dudas de que estamos ya ante un sistema de partido predominante consolidado, en especial, si la reelección del partido oficial también incluye la del actual presidente, reelecto en 2012 tras una reforma constitucional como todos recordarán. Sólo entonces todo el Estado estaría en manos del PLD, veríamos totalmente limitadas las libertades públicas alcanzadas y las elecciones se convertirían en una “competencia” por el poder con un único participante.

viernes, 23 de septiembre de 2016

Vamos al circo, Carla

Por Patricia Báez Martínez 

Pan y circo, James; y cuando se acabe el pan, que al menos nos den circo.

La Fiscalía de la Provincia Santo Domingo solicitará al Tercer Juzgado de la Instrucción de esa jurisdicción la ampliación del plazo de las investigaciones sobre el caso Carla Massiel Cabrera, el cual –hasta el momento- implica rapto y asesinato. ¡Enhorabuena! Qué bueno que las autoridades judiciales dominicanas han colocado sus oídos en el sentir de la ciudadanía que –por vez primera- no está dispuesta a deglutir conclusiones salcochadas en aras de cerrar un caso que pudiera ser más complejo.

Podría extenderse el horario del circo, nos sentaremos en primera fila, a observar, analizar, exigir y hasta protestar. Exigiremos más profesionalidad y responsabilidad de parte de la Fiscalía de la provincia Santo Domingo: No más errores en este caso porque de seguir este derrotero, al final no habrá ni expediente ni condenados.

Si es que nuestras autoridades no están preparadas para enfrentar un caso de esta potencial magnitud, debe asesorarse. En el país existen expertos en criminología conscientes de que el tráfico de órganos aquí puede ser una realidad. Otros países de la región centroamericana padecen este flagelo, lo están debatiendo públicamente y toman medidas. Según datos de Global Financial Integrity, el negocio del tráfico de órganos mueve mil doscientos millones de euros al año, con Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí como los principales importadores de órganos humanos. ¿Por qué enterrar la cabeza en la arena como el avestruz? ¿No estamos en capacidad de asimilar este nivel de descomposición social o se está encubriendo una mafia macabra y multimillonaria?

Ojalá y el asesinato de Carla Massiel sea obra del crimen común, mas no vamos a descansar por darle respuesta no solo a este caso, sino a otros casos de niños desaparecidos en República Dominicana, que son muchos y pasan sin pena ni gloria hasta que la desgracia toca la puerta de un poderoso. No solo es la posibilidad de tráfico de órganos; es un hecho la trata de personas en toda la región centroamericana y el Caribe, incluida la trata de niños, por lo general con fines de esclavitud sexual.

Carla Massiel será el punto de inflexión, habrá un antes y un después de su muerte; ella dividirá en antes y después nuestro caótico y deficiente Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. No tengan dudas las autoridades, y es pertinente que estén a la altura de esa circunstancia para que no sean arrastradas por la ola de repudio que su indiferencia pudiera provocar.

Se extenderá el horario del circo, sin embargo, llevaremos en las manos tomates y huevos para lanzarlos contra aprendices de payasos y acróbatas cuando no estemos satisfechos con sus  actuaciones. ¿Te parece, Carla?



lunes, 19 de septiembre de 2016

Carla Massiel, entre el rito satánico y el tráfico de órganos

“Honorable es fracasar en la duda, mas no en la creencia ciega”.

Por Patricia Báez Martínez

Los niños, esos pequeños seres humanos inmaculados y vulnerables, son el blanco de diversas organizaciones del crimen organizado, y no organizado. Más fáciles de dominar, ocultar, desaparecer. Como niños al fin, su desaparición puede ocurrir por distracción propia, y eso aporta a los delincuentes un lapso propicio para perpetrar sus horrendos crímenes. La inocencia de éstos es el Santo Grial de toda filosofía, creencia o moral autodestructiva.

Los ritos satánicos son tan antiguos como la humanidad misma. Las personas tienen derecho a creer en Dios o en el Diablo, a lo que no tienen derecho es a quitarle a vida a otra persona en el nombre de esa creencia, y por ello, la creencia o fe, no son tomadas en cuenta por los jueces como circunstancias atenuantes en la sanción de un crimen.

Hoy las autoridades quieren encausar la investigación sobre la muerte de Carla Massiel en el crimen común o el rito satánico. El tráfico de órganos es una “leyenda urbana”, pero también lo es el sacrificio-ritual de niños y adolescentes vírgenes. No podemos asegurar que su fatal destino haya sido el tráfico de órganos como tampoco se puede descartar el crimen común, como lo es la violación sexual, aún disfrazada ésta de rito satánico. Es más, para los que creemos en la existencia de dos fuerzas opuestas: Bien y Mal, toda violación sexual entraña satanismo de una u otra forma. “Cuando ocurren asesinatos brutales se inventan toda clases de artimañas como la del satanismo. No se entiende el Mal humano y hay que endilgar a otro. El Mal es el Mal y los humanos hacemos Mal, solo que es demasiado duro de ver”, opina sobre este caso particular la antropóloga dominicana Fátima Portorreal Liriano.

Asumamos, pues, que la desaparición y posterior asesinato de Carla Massiel tenga como móvil la violencia de género –presumiblemente la de tipo sexual- tan generalizada en nuestro país, y que Dawin José Trinidad solo esté buscando ganar tiempo y protección para no ser linchado en la cárcel, donde otros antisociales tienen ciertos códigos de ética que les impide aceptar ese nivel de violencia no solo contra una infante, sino contra su familia y toda una sociedad que ha sufrido durante más de un año su desaparición. Siendo así, siendo todo una treta, una minúscula parte de la mitomanía de este joven, algunas preguntas quedan sin respuestas:

¿Es cierto que era empleado en la finca del doctor Hipólito Santana en Pedro Brand donde, dicho sea de paso, habría sido hallado el cadáver de la niña?

¿Cuál o cuáles eran sus funciones como empleado?

¿Existen formas de probar que era empleado de la familia Santana?
De ser cierto, 

¿Por qué una familia de profesionales y empresarios tenía como peón a una persona tenida en su comunidad como un ladrón y agresor sexual?

Si no puede probar su vínculo laboral, ¿Cómo y por qué conoce los nombres del doctor Hipólito Santana Guzmán y su hija Liliana? ¿Cómo sabe qué tipo de vehículo usa ella?

¿Es cierto que en el lugar del hallazgo del cadáver de la menor fue hallada una sábana que pertenece al Centro Médico Integral II?

¿Cuáles elementos hicieron que el Ministerio Público allanara y cerrara tres centros médicos de la zona Oriental? ¿Las simples declaraciones de uno de los acusados y/o la existencia de otros elementos de prueba, como la sábana (por ejemplo)?

¿Cuál fue el resultado de la investigación que debió realizarse con el allanamiento de la Procuraduría a las clínicas en cuestión?

¿De qué murió Carla Massiel? Si no hubo extracción de órganos, como dice el Procurador, pues ya deben saber las autoridades de qué murió ¿No?

La muerte violenta de Ronald Castillo (mencionado por Dawin como la persona que raptó a la niña) ¿Fue el desenlace del robo frustrado de una jeepeta o del rapto de un niño de cuatro años que iba a bordo?

¿Por qué el médico forense Sergio Sarita Valdez -en sus intervenciones sobre este caso- no descarta la posibilidad de tráfico de órganos?

¿Por qué los medios de comunicación y la Procuraduría  se han encargado de construir un expediente oscuro en torno a Dawin José Trinidad, y no auscultan el origen de las clínicas bajo investigación?

¿Tenía el doctor Hipólito Santana Guzmán relaciones con altos funcionarios del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD)?

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort) sostiene que para un trasplante se requieren equipos médicos sofisticados y un personal médico numeroso y muy especializado. Nos parece que la familia Santana podría reunir ambos requisitos.  En República Dominicana todo es posible, a pesar de solo ocupar media isla, es una fuente inagotable de recursos para los depredadores. Además, sabemos que para todo, con mucho billete, hay excepciones. En otros países de la región como Perú, Colombia, México y Panamá el tráfico de órganos, voluntario o no, es una realidad admitida y que se discute de forma pública, por qué habremos de ser la diferencia si adolecemos de los mismos males ancestrales que nuestros hermanos latinoamericanos: Corrupción e impunidad. Y el tráfico de órganos es un tipo de corrupción.

Tras el disfraz de la “leyenda urbana”, los niños y niñas de los dominicanos ‘de abajo’ son secuestrados y exigimos saber qué está aconteciendo. Ni el desconocimiento de nuevos flagelos sociales ni el manto de la impunidad serán aceptados por respuesta.

El niño Llenas Aybar, rico de cuna, no es parte de la leyenda urbana, fue quizá víctima de un rito satánico de jevitos aburridos de sus insustanciales vidas. La niña Carla Massiel, pobrísima de cuna, podría haber sido víctima del crimen común como lo es la violencia sexual, de un crimen común como es el asesinato aunque esté revestido de rito satánico, pero los dominicanos y dominicanas comprometidos con un proyecto de nación más allá de este siglo, no estamos en la disposición de que nos vendan por leyenda una aristas de posible tráfico de órganos.

En el caso de Carla Massiel fueron violentados el derecho a la vida, de la niñez, a una vida sin violencia, a la protección de la familia, a la  libertad personal, y tipifica como feminicidio y desaparición forzosa. Aunque en el caso de la desaparición forzosa, el país (rehuyendo a los casos de Juan Almonte Herrera,  Gabriel Sandy Alistar y Randy Vizcaíno González –vistos por última vez cuando se hallaban bajo custodia policial-) no ha firmado la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.


Como feminicidio (el hecho de matar a una mujer por el solo hecho de pertenecer al sexo femenino, de acuerdo a la investigadora mexicana Marcela Lagarde, quien le confirió al feminicidio la categoría de crimen de Estado: es “una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad”), República Dominicana es signataria de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará); aunque sea un sueño de Pilarín, las autoridades están conminadas si no a revelar la verdad, al menos a brindar a toda la ciudadanía unos resultados coherentes, creíbles, convincentes, pues desde nuestra barricada no descartamos que una niña de 10 años tumbe cosas más grandes que los ocho super tucanos  que derribó tan solo con su cándida mirada de la manipulable agenda mediática.