Un Gobierno con bastante oposición

Por Patricia Báez Martínez

Contrario a las últimas administraciones peledeístas (2004-2020), la nueva administración del Presidente Luis Abinader Corona empieza su labor en medio de una oposición amplia y feroz, lo que la convierte en una oposición de cuidado. Las razones que diferencian a las administraciones del PLD y la del PRM en relación a la oposición radica en que i) Los conflictos internos en que se vio envuelto el PRD (partido del que nació el PRM) impidieron que su liderazgo se dedicara a analizar y criticar los desaciertos y desafueros de las políticas peledeístas; ii) Las correlaciones de fuerzas políticas no eran favorables para una victoria del PRM sin alianzas, y ello hacía muy escabroso el escenario político (el partido que se ataca hoy podría convertirse en un potencial aliado mañana); y iii) No negaremos que una parte del liderazgo del nuevo PRM pertenece más al sector empresarial que al político, y los políticos piensan en función de intereses económicos. 

Consumado el triunfo del PRM en julio pasado, el escenario político se figura de la siguiente manera:

a)      Un PRM convertido en fuerza política mayoritaria, aunque con gran apoyo de la sociedad civil (ésta última mantiene su espíritu crítico).

b)      Un PLD dividido en: PLD tradicional y Fuerza del Pueblo (dos partidos).

c)      Un PRD destruido y aún en shock, aunque con visos de más resquebrajamiento, y

d)      Una Alianza País al acecho de los errores del presente gobierno para crecer, y perfilarse como opción de gobierno.

Es así como el Gobierno del PRM se ve solo y muy asediado en un sistema de partidos políticos en constante conflicto y transformación, pero sobre todo caracterizado por alianzas imprevistas a causa de la flexibilización de las ideologías. Es evidente que los hermanos gemelos  PLD y Fuerza del Pueblo no le dieron al PRM ni el chance de los primeros 100 días de gobierno para iniciar las críticas, su propósito está claro: No permitir que el Gobierno de Luis Abinader levante cabeza y que la administración del PRM apenas dure 4 años, y nueva vez ellos alzarse con el Poder para seguir esquilmando la Nación, además de protegerse ellos y sus fortunas de eventuales juicios que los pongan tras las rejas.

Este contexto provoca mucha incertidumbre y temor a la hora de la toma de decisiones políticas, y genera una gran presión sobre los gobernantes, lo que debe llevar a las autoridades a ser más precavidas en su accionar, a anticipar las jugadas de la oposición, a ser lo más explicitas posible, pero sin que lo explícito genere más ruido del que conlleva la decisión, es decir, más que relacionistas públicos el gobierno del PRM requiere de verdaderos estrategas políticos en materia de comunicación, algo de lo que nos parece adolece el partido. Pero  si se quiere tener una administración exitosa, debe hacerse acopio de ese tipo de cerebros y hacer un trabajo como la Patria demanda, pues son muchos los que ya compraron su caña de pescar y apuestan a pescar en río revuelto. 

Carta pública al presidente Luis Abinader Corona

Estimado Señor Presidente, Luis Abinader Corona:

Soy ante todo, amiga y colaboradora de su gobierno, y espero que siempre cuente con mi favor y el de millones de dominicanos y dominicanas que creen en la posibilidad de un cambio en República Dominicana. Vemos con entusiasmo algunas de sus designaciones. Yo, humildemente, me atreveré a hacer una observación.

Señor Presidente, el cambio que esperamos las dominicanas, no solo se circunscribe a que se reduzcan los niveles de violencia contra nosotras, el cambio incluye una mayor representación en todos los niveles de la administración pública: Qué justo sería ver la imagen de un Consejo de Gobierno en que haya representación de la mujer. Si no podemos tener paridad en la designación de ministerios, al menos sea justo.

Es un cliché pasado de moda que sean ministras las que dirijan el Ministerio de la Mujer y Juventud, por eso no es raro que los conservadores (esos que nos quieren de vuelta en las cocinas) aboguen por la eliminación de esos ministerios y propongan la creación del Ministerio de la Familia, para borrar nuestra presencia en el aparato administrativo de un solo plumazo, y conferirnos esa aura de esposa y madre, que nos ha costado tanto a nosotras, y que no engloba a todas las mujeres, porque muchas no son ni una ni la otra.

Yo esperaba mayor designación de ministras.

Es cierto que Usted comenzó designando a Milagros Ortiz Bosch y a Milagros Germán, como directora de Ética y Comunicaciones, respectivamente; y ha prometido que las gobernaciones estarán dirigidas por mujeres. Pero eso es peccata minuta, cuando se trata de poder y representación de la mujer. Todos sabemos que los gobernadores, en la especie de su gobierno: las gobernadoras, son cargos casi decorativos.

Colocar viceministras y directoras nos coloca un paso detrás de los hombres, como si nosotras no fuéramos la mitad de la población, como si no dejáramos el forro en los partidos y las campañas igual que ellos. Es como si necesitáramos un Pater Familias para poder ejecutar en una institución pública, como si no se nos pudiera dejar solas disponiendo.

No dudo en lo absoluto de la capacidad de las designaciones que Usted ha hecho hasta el momento como ministros, pero mi pregunta ante cada Twitdecreto es: ¿No existen mujeres con iguales o mejores condiciones que esos hombres?

Nosotras confiamos en Usted, en que ya nada será como antes, en que ya no seremos relleno, decorado, mujer florero, dádiva. No abogo por mí, Señor Presidente, no seré ministra. Abogo por todas las mujeres que luchamos por la paridad/ equidad/ igualdad, por una vida de libertad y oportunidades, por las que nos revelamos contra el Techo de Cristal.

Yo le pido de corazón, que nos envíe un rayo de luz a este túnel en el que llevamos siglos encerradas. Sigo confiando en Usted.

Afectos.

El PLD, haciendo oposición antes de dejar el gobierno

Por Patricia Báez Martínez

Será el próximo 16 de agosto cuando el Presidente Danilo Medina entregue el gobierno al presidente electo Luis Abinader Corona, pero desde antes se sienten ya los aires de oposición de parte del colectivo morado, que se cree con autoridad moral de trazar pautas  a los nuevos inquilinos del palacio de la Presidencia.
Cuando en las elecciones de marzo el PRM obtuvo el mayor número de alcaldías, el gobierno -a través de instituciones como la Contraloría General de la República y el Banco de Reservas, entre otras; y del Ministerio de Administración Pública (MAP)- limitaron el accionar de los alcaldes de la oposición recién electos dilatando el proceso de reconocimiento de las firmas de los nuevos alcaldes en la entidad bancaria, así como las declaraciones del ministro de Administración Pública advirtiendo a los nuevos incumbentes de que no podían cancelar a empleados de las alcaldías, en especial los que están amparados por la Ley de Carrera Administrativa. Se le olvidó a Ramón Ventura Camejo tomar la misma actitud en defensa de los empleados públicos cuando el gobierno de Danilo Medina sacó de las instituciones públicas a  todo el que oliera a Leonel, como cuando canceló al ex director del hospital Ney Arias Lora, Amaury García Silverio, a pesar de haber éste encabezar una corta y excelente gestión que redujo la deuda con suplidores del centro asistencial de 302 millones de pesos a 85 millones.
Este 5 julio fue la segunda derrota consecutiva del partido oficial en lo que va de año, ya #sevan, pero quieren dejar al PRM atado de manos con una abultada nómina pública (sin contar las nominillas) o que sea visto por los eventualmente cancelados como "el malo de la película", y ellos como sus defensores.

El PRM, al margen de la citada ley, debe hacer valer su derecho de partido ganador, por las siguientes razones:

1. Todo el que trabaja en la administración pública es consciente de que esos trabajos no son para siempre, que son posiciones transitorias, y cuando hay cambio de gobierno nadie está seguro/a. 
2. El PRM debe disponer de los empleos públicos para satisfacer la necesidad de trabajo-reconocimiento de sus dirigentes, votantes y seguidores, además de que los nuevos funcionarios necesitan rodearse de personas de su confianza, máxime: que no tengan responsabilidad en actividades corruptas que han caracterizado a esta gestión. 
3. Los nuevos funcionarios tienen derecho a sacar de las nóminas a las "botellas".
4. Porque la Constitución, en su artículo 39, consagra el derecho a la igualdad de todos los dominicanos y dominicanas, sin privilegios (numeral 1), por lo tanto, si 600 mil peledeístas tuvieron derecho a trabajo en la administración pública, de la misma manera los dirigentes, militantes y seguidores del PRM tienen ese mismo derecho, exceptuando los empleados adscritos a la carrera administrativa, siempre que éstos no violenten el Código de Trabajo ni los reglamentos internos de las instituciones para las que laboran.
5. Porque de acuerdo a los informes del Banco Central y del Gobierno, la economía dominicana -bajo los gobiernos de Danilo Medina- se ha robustecido y el sector privado puede absorber sin problemas a los peledeístas que queden sin empleo, además de que el clima de oportunidades creado por esas gestiones gubernamentales es propicio para el emprendimiento. 
6. Y porque el PLD está evidenciando desde ahora que ya comenzó a hacer oposición sin siquiera estar fuera del poder presidencial y congresual, y bien dice un dicho: "Cría cuervos y te sacarán los ojos".  Pues que los jerarcas del PLD, que pretenden proteger a esos 600 mil empleos, les den empleo en sus empresas a sus protegidos.

Danilo y su piñata del Covid-19

Por Patricia Báez Martínez

No hablaré de números: De número de contagiados, de número de defunciones y de recuperados, ni de acumulados. Las estadísticas diarias nos anestesian la razón

Han transcurrido dos meses o sesenta días desde que el Gobierno de Danilo Medina solicitó el Estado de Emergencia al Congreso Nacional y declaró toque de queda desde las 5:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana., ordenando el cierre de las empresas y comercios que no tuvieran que ver con alimentos, salud/medicamentos, bancos y remesadoras. Aunque se habló de la conveniencia de usar mascarillas, aunque fuera de tela, las tiendas de venta de materiales de costura estuvieron impedidas de abrir sus puertas, y las que lo hicieron fueron multadas (un ejemplo es Almacenes Capital en Baní, con 70 mil pesos de multa por vender telas, pellón y elástico para algunos ganarse el pan de cada día y todos protegernos).

Ante la gravedad de la crisis del Covid en países desarrollados como Italia, España y Estados Unidos, en varias ocasiones se le solicitó al Gobierno declarar un toque de queda general. Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) fue una de esas voces que clamó en el desierto por un toque de queda de 24 horas que parara el incremento de los casos de Covid-19. Pero él es de la oposición, además de que en un país en el que el 70 por ciento de la fuerza productiva trabaja en el sector informal, era una sentencia de muerte para cientos de familias, a las que una libra de espaguetis, un poco de azúcar, un sobre de café, una Paco Fish, 4 libras de arroz,  1 lata de guandules, etc., no les sirve para nada. Señor, Presidente, son tres comidas –como mínimo-, y su Plan Social de la Presidencia no suple bien ni para una.

Los dominicanos podían hacer cuanto quisiesen entre 6:00 de la mañana y 5:00 de la tarde, incluido ir a cabañas, siempre que a las 5:00 de la tarde estuvieran en sus casas como Cenicientas. Es por ello que ciudades como San Francisco de Macorís, Santiago, Puerto Plata y el Distrito Nacional presentan elevadas cifras de contagios con sus consiguientes números de defunciones.

Al final no fue cuarentena, ante la ineficacia de las políticas de salud  pública, hubo que subirle el rango a cincuentena, y ya vamos por sesentena. Sin embargo, cuando entramos a la sesentena (cuando ya un toque de queda de 24 horas ya no tiene sentido), se distiende el horario hábil para salir a la calle: ahora se puede estar en la calle hasta las 7:00 de la noche y se puede salir de los hogares desde las 5:00 de la mañana. Esto para que las industrias, empresas y negocios que ya quebraron o están quebrando, puedan usar la mano de obra de sus empleados y que estos lleguen a sus hogares sin ser víctimas de detenciones por incumplir el toque de queda.

No se hizo lo que había que hacer en su momento, y ahora prácticamente se levantan casi todas las restricciones (hasta el Metro, el Teleférico y la Omsa van a funcionar); los transportistas alegan que si funciona el transporte del Gobierno, ellos también saldrán a las calles a ganarse el pan de cada día: El pandemónium acecha.

A todo esto, ¿Qué protocolo se está usando en República Dominicana para la atención de los infectados por Covid-19? ¿Está de acuerdo el CMD con ese protocolo (el CMD sirve de contrapeso a las políticas de salud pública del Gobierno?

Como el virus es un fenómeno nuevo, poco estudiado, el protocolo deberá irse ajustando cada vez que salgan nuevas investigaciones, para así reducir el número de  defunciones. ¡Y no solo eso! Siempre verlo a la luz del país tropical que en que vivimos, y su cultura, pues la temperatura influye en el comportamiento de la pandemia y la cultura afecta -para bien o para mal- cualquier política de salud que se tome.

Me siento engañada, creo que nos han engañado (con intención o no). Después de dos meses de encierro, ahora nos lanzan a la nada, a salir todos a trabajar, a comprar, al médico, al salón, a la telefónica, usando transporte colectivo, sin mascarillas N95 suficiente ni a precio asequible para los pobres, con una fabricación casera de mascarillas de tela que muchas son “vendas transparentes” que ni protege a quien la lleva ni a quien está en su entorno. Ahora nos sacan del encierro y nos lanzan a un corral a ramonear todos juntos y a la vez.

Sesenta días, sesenta días para nada. A mi mente solo viene una imagen, la de Danilo Medina con su bigotico y su saquito, tratando de romper una piñata, dando palos por donde quiera, porque al final no importa por dónde se rompa la piñata, sino que su interés es que caigan los dulces.

La autora es periodista y politóloga

El problema es de cultura política, no de método de elección

La corrupción y el fraude son tan endémicos en esta sociedad, que nos acostumbramos con facilidad a la derrota de la voluntad popular y apostamos todo por una nueva oportunidad de cambiar el estatus quo cuatro años después


Patricia Báez Martínez

Mucha agua ha traído el río desde el fatídico domingo 16 de febrero en el que 7.5 millones de dominicanos se despertó creyendo que iba a ejercer el derecho al voto, y el proceso electoral resultó un trauma que requirió ser suspendido para evitar males mayores. El Pleno de la Junta Central Electoral decidió pautar dichos comicios para el próximo domingo 15 de marzo, utilizando el voto manual, es decir, la tradicional boleta impresa y el marcador.

Las actuaciones del gobierno central previo, durante y después de las elecciones suspendidas, han generado una ola de protesta que apenas empieza a poner en vilo al país y contra la pared a las autoridades, tanto gubernamentales como de la JCE, compelidas las últimas a realizar un proceso diáfano so pena de ser la causante de un estallido social, que aunque muchos califican de nocivo para la democracia electoral, podría ser el inicio de la quinta república y, por tanto, la puerta de entrada a una etapa más avanzada de la vida política de esta media isla.

De todas las acciones, posiciones, discusiones, enfrentamientos entre partidos y sectores, hemos podido colegir lo siguiente:

1.    1. El PRM no estaba obligado, como actor político, a develar la amenaza al sistema de votación electrónica, porque de hacerlo la reacción de los votantes en los centros de votación y las calles no hubiese sido de forma pacífica ni cívica, como ocurrió en la mayor parte del país. Si lo hubiese hecho, el oficialismo lo hubiese acusado de tratar de impedir la realización de las elecciones porque iba perder, como esgrime actualmente; porque para el que ostenta el Poder, las acciones de quien se lo disputa provocan el consabido: “Palo si boga y palo si no boga”.

2.      2.  La Junta Central Electoral -si bien se empecinó en el voto electrónico, pese a la experiencia de 2016 y las primarias de 2019- hizo lo correcto al suspender las elecciones, por las siguientes razones: a) El dislocamiento que presentaban el sistema de votación electrónica hacía casi imposible el ejercicio del derecho al voto de aproximadamente el 70% de los centros de votación; b) Las elecciones serían así parciales a nivel municipal cuando las leyes estipulan que sean generales (a nivel nacional); c) y el voto manual, instituido para refrendar los resultados electrónicos, se constituirían en la parte del proceso realizado casi de forma correcta, pero representando solo el 20% de las votos; d) con tres o cuatro horas de retraso y en esas condiciones, las elecciones serían un desorden y se daría pie a actos fraudulentos al tener que extender el horario de votaciones; y d) ya los ciudadanos y ciudadanas habrían perdido la credibilidad en el proceso y sus resultados.

3.      3. La JCE fue irresponsable cuando se abocó a realizar el proceso eleccionario municipal sin hacer una prueba de control a los equipos. También ha sido irresponsable cuando ante la filtración de la información de que se intentó sacar un equipo de la institución, no ha asumido la investigación, dejando a la Policía Nacional, brazo ejecutor del Gobierno, al frente de una cacería de brujas contra un coronel que funge como escolta de Luis Abinader y un técnico de la compañía Claro. Y siguió siendo irresponsable cuando al revelar el presidente en funciones del PLD, Temístocles Montás, que el PLD cuenta con tecnologías que le permite saber quién vota, dónde vota y por quién vota, no inició de inmediato una investigación judicial, ya que la Constitución consagra la confidencialidad del voto. 

         

      4. Concurrir a las elecciones municipales el 15 de marzo, y a las presidenciales y congresuales el 17 de mayo, sin que se judicialicen los delitos electorales cometidos antes, durante y después del frustrado proceso del domingo, es un acto mucho más irresponsable que todo los anteriores, pues las mismas fuerzas reaccionarios que conspiraron contra él, volverán a hacerlo al saberse impunes ante las autoridades que deben arbitrar los procesos electorales.

5.   5.  El método de elección no garantiza la diafanidad de unas elecciones. Se ha querido satanizar el método electrónico y se está reivindicando el método manual, el usado por Joaquín Balaguer para realizar sus consabidos fraudes electorales, como la solución al problema que se presentó en el frustrado proceso recién pasado. Seamos cautos, no alberguemos más ilusión y confianza que las necesarias para no desbocar a destiempo la paz de nuestro país por senderos de intranquilidad y dolor. Practiquemos la máxima de Santo Tomás: “Ver para creer”.

6.     6.  La población tiene derecho a protestar, y es fabuloso que esté ejerciendo su derecho de manera pacífica, en especial jóvenes que no necesitan de un cambio de gobierno para conseguir un picoteo en un ayuntamiento, sino que sienten herida de muerte la patria que les vio nacer. La protesta, es la única forma que tiene el subordinado de ser escuchado en regímenes autoritarios.

7.     7.  Lejos de desalentarnos lo ocurrido el 16 de febrero, como ciudadanos y ciudadanas comprometidos, debemos estar a primera hora del 15 de marzo en los centros de votación eligiendo a nuestras autoridades municipales y a las juntas distritales. Debemos agotar todos los procesos democráticos que consagran nuestras Leyes para que nuestras acciones cívicas y pacíficas sean observadas y documentadas por los observadores nacionales e internacionales, y tengamos aval moral para profundizar el método de lucha, si peores nubarrones ensombrecen la democracia electoral, la única con la que contamos hasta el momento los dominicanos.

Julito Fulcar: La JCE no garantiza elecciones diáfanas y equitativas

“En los hombros de los miembros de la Junta Central Electoral está actualmente descansando la paz social y el sistema democrático de la República Dominicana”

Por Patricia Báez Martínez

Baní, provincia Peravia.- El diputado de la provincia Peravia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y candidato a la misma posición, Julito Fulcar, expresó este viernes que la Junta Central Electoral (JCE) no da garantías a la ciudadanía de República Dominicana para organizar y dirigir las elecciones municipales suspendidas y reprogramadas para el 15 de marzo, así como  las municipales y presidenciales del 17 de mayo venidero.

“El hecho de que la Junta Central Electoral supiera desde la noche del sábado que el sistema del voto electrónico presentaba problemas y no lo informara, evidencia una irresponsabilidad inaceptable. Pero además, tomar la decisión de realizar las elecciones el día 15 de marzo sin consultar a los partidos políticos de la oposición, nos habla de que no hay un trato equitativo con todos los actores políticos involucrados en el proceso… Fueron flojos y no fueron sinceros”, dijo Fulcar en el programa Conversando, que se transmite de lunes a viernes por Radio Ambiente y La Fabulosa (96.7 FM).

Sin embargo, Fulcar no respalda el pedido social de que el pleno de la JCE renuncie, como se solicita en las calles y en las redes sociales, porque –como expresó- la renuncia del pleno de la Junta entraña la posibilidad de que los procesos electorales pautados para este año no se realicen.

 “Ahora  bien, tiene que renunciar el delegado técnico del candidato presidencial del PLD, porque es sub director nacional del DNI. Y cuando un delegado técnico de un candidato político es sub director del DNI, esos son visos de una nación que se encamina a una dictadura, y en República Dominicana ya los tiempos de las dictaduras pasaron”.

Para él, las protestas pacíficas que se están escenificando frente a la JCE y en casi todo el país es un derecho que tiene la ciudadanía a expresar su rechazo a las actuaciones de la JCE y del Gobierno central en el marco del fracasado proceso electoral del pasado fin de semana, que costó al erario nacional 14 mil millones de pesos. “El pueblo les va a dar un rechazo masivo en el próximo proceso electoral”, sostuvo Fulcar al referirse al PLD y sus aliados.

A los jóvenes que protestan por la suspensión de los comicios, les recordó que tienen tres oportunidades: “Primero: Exigir transparencia en la junta y al gobierno. Y una segunda oportunidad, el 15 de marzo y el 17 de mayo, cuando vayan a votar y le pasen factura a quienes fueron elegidos para funciones públicas que no han honrado”.

Verdofobia

Por Patricia Báez Martínez/

Desde hace más de dos años, un grupo de activistas en República Dominicana venía tratando de dar cuerpo a una campaña en contra de la corrupción y la impunidad que tuviera un impacto similar al del 4% para la educación. En ese momento no fue posible, no existía el interés social necesario, porque la ciudadanía continuaba viendo el latrocinio como algo natural. El caso Lava Jato en Brasil, que le costó la presidencia a Dilma Rousseff y está por llevarse a su sucesor traidor, fue el detonante internacional que provocó en gran parte de la sociedad dominicana un sentimiento de indignación, motivando a su movilización.

Las marchas iniciaron de manera formal en enero, el mismo mes en que el presidente Danilo Medina ordenó una investigación sobre las plantas a carbón que se construyen en Punta Catalina (Baní), y cuando el informe es presentado -justamente seis meses después-, el Movimiento Verde o Marcha Verde se apresta a realizar una gran marcha (el 16 de julio en el Distrito Nacional, partiendo de la intersección de las avenidas Máximo Gómez y John F. Kennedy), para culminar con una etapa de este proceso de lucha social.

Durante ese tiempo, el gobierno ha hecho malabares para satisfacer -sin éxito- la demanda principal del Movimiento Verde (investigación del caso Odebrecht, enjuciamiento de todos los resposables de soborno, y más recientemente: Investigar la sobrevaluación de las obras), y de ahí parte la acusación a un grupo reducido de funcionarios y exfuncionarios del gobierno y del Estado, encabezado por el empresario Ángel Rondón, señalado como “el hombre del maletín”. Nada más risible, que de cuatro presidentes de las cámaras del Congreso, solo uno haya sido encartado y es el presidente del principal partido opositor. También el expediente Odebrecht en RD, se constituye así en un acto de corrupción judicial.

Las masas despiertan irritadas, no ha habido solo soborno, también sobrevaluación de las obras hasta en un 230%, como establece una investigación de un consorcio internacional de periodistas que se ha dedicado a investigar el caso Odebrecht, y, encima de esto, el expediente es una burla más a los ciudadanos y electores. Muchos están ya cansados de marchas y piden nuevas acciones. El pedimento de la renuncia del Presidente es parte de ese deseo de ir avanzando en esta lucha contra los desfalcadores y descarados.

El Gobierno se atemoriza, está siendo ridiculizado en las redes sociales y en las calles por personas cuyo único patrimonio es la conciencia limpia y una franela verde. El primer ataque fue desacreditar a la Marcha Verde soltando el rumor público de que era financiado por el PRM, luego varió y dijo que era por agencias internacionales, ahora inventa que pretende convertirse en partido político, y más recientemente saca a escena a dos alfiles empresariales que dicen haber financiado al movimiento en sus inicios, pero que ya no lo hacen porque perdió su “esencia”.

Marcha Verde atemoriza a todos los ladrones, sean funcionarios, industriales o empresarios. Ellos saben que pierden la hegemonía del Poder, y esos dos victimarios del erario nacional prefieren unirse ahora para protegerse de un pueblo que está demostrando su madurez y responsabilidad políticas, y así evitar los primeros verse fuera de la inmunidad que les da impunidad, y los segundos para mantener los privilegios a los que fueron acostumbrados por el PRSC, PRD y PLD.

Es en esa coyuntura de enfrentamiento de dos cuerpos sociales (opresores y oprimidos), que el Gobierno proscribe, prohíbe y pretende criminalizar el color verde, sin resultado alguno porque hemos dado muestras más que suficientes de ser ciudadanos civilizados y que nuestra única arma es el respeto a la misma Constitución que él violenta al impedir el libre tránsito de los ciudadanos y ciudadanas con camisetas de la Marcha Verde, ropa o cintas de ese color. La medida solo demuestra dos cosas: El nivel de intolerancia política del gobierno peledeísta y la desesperación que lo invade. Lejos de reelegirse en 2020, Danilo Medina podría salir del Gobierno antes de cumplir su mandato, y con él  su séquito de nuevos corruptos.

El movimiento social y el contexto internacional están demostrando que los tiempos han cambiado, que los depredadores de las riquezas del pueblo no terminan sus días disfrutando de bacanales en sus majestuosas villas, sino en las mazmorras, con lujos sí, pero modestos, haciendo amistad con sus carceleros para no morir de aburrimiento y asegurarse así privilegios, porque "el perro huevero aunque le quemen el hocico sigue comiendo huevos". El miedo es justificado, lo que no tiene justificación es la violación de los derechos de los ciudadanxs que disienten de este Estado saqueador.

El miedo solo se combate con la exposición al objeto o situación que causa el pánico (terapia de choque), hasta que el individuo asume como normal el objeto o situación que le hacía temblar, sudar, tartamudear, estupidear…. Seguiremos llevando el color verde en todas sus formas y variantes, en nuestras actividades y fuera de ellas, porque quienes deben temer son los desfalcadores, no los esquilmados. Quien tenga miedo, que se compre un gato verde.

La autora es periodista y politóloga.

Manifiesto del Desafío Verde en el Metro de Santo Domingo

En respuesta a una orden del Gobierno de impedir la entrada a instituciones públicas de personasvestidas de verde o con insignias verdes que identifican al Movimiento Verde, un grupo de ciudadanos, algunos víctimas directas de la disposición, nos hemos convocado hoy en este lugar paradesafiar a las autoridades en el mismo lugar en que se nos intentó despojar de  nuestro derecho a utilizar un servicio público construido con nuestros impuestos y también objeto de investigación.

Con su acción arbitraria, el Gobierno violó los siguientes artículos de la Constitución: Artículo 7 (sobre el Estado Social, Democrático y de Derechos), artículo 8 (sobre la función esencial del Estado de proteger los derechos de las personas), el literal 5 del artículo 22 (sobre el derecho del ciudadano a denunciar las faltas cometidas por funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones), artículo 39 (sobre el derecho a la igualdad), artículo 45 (sobre la libertad de conciencia), artículo 46 (sobre la libertad de tránsito), artículo 47 (sobre la libertad de asociación), artículo 48 (sobre la libertad de reunión), y el artículo 49 (sobre la libertad de expresión).

La orden de marras, aunque nos afecta en lo personal, es –en el fondo- un atentado político contra el Movimiento Verde que cada día va en aumento en este país, por las implicaciones nacionales e internacionales del caso Odebrecht (soborno colosal por el orden de los 92 millones de dólares, y obras sobrevaluadas hasta en un 200% solo en el país), y por los casos de corrupción que cada día son denunciados y que envuelven a importantes funcionarios del gobierno de Danilo Medina.

Demasiado sudor, lágrimas y sangre derramó a la sociedad dominicana para liberarse de la dictadura de Trujillo (1930-1961) y de la seudo dictadura de Balaguer (1966-1978), como para que permitamos en pleno siglo XXI que un partido continúe entronizándose como una dictadura moderna, en la que podemos comprar y usar todo cuanto queramos, como parte de la sociedad mundial de consumo, pero pretende prohibirnos una franela verde que les enrostra sus actos de corrupción y la impunidad que apadrina.

Seguiremos desafiando esa orden en todas las instituciones y servicios públicos, hasta destruir la intolerancia política en su propia simiente. Invitamos a todos los dominicanos comprometidos con la democracia, sean del Movimiento Verde o no, a vestir de verde en las instituciones y servicios públicos y hacer valer sus derechos al libre tránsito, a la libertad de expresión, asociación y de  conciencia, a la opinión política; todos consignados en la Constitución.

¡Contra la corrupción y la impunidad, y por un Estado de Derechos!

Distrito Nacional

30 de junio de 2017

Partido único o predominante en RD

Por Patricia Báez Martínez 

En días pasados defendimos nuestra tesis para optar por el título de maestra en Ciencias Políticas para el Desarrollo Democrático por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal) y la Universidad de Salamanca (USAL) con el tema Sistema de partidos políticos en la República Dominicana (1990-2016): Del tripartidismo al partido predominante, y en la ocasión se nos cuestionó por qué no admitíamos que vivimos en una dictadura o seudodictadura dado el desvencijado panorama que muestra la institucionalidad democrática dominicana (preferimos usar este término a democracia simple y pura, ya que los dominicanos asociamos más el de democracia al ejercicio electoral, y no existe una equivalencia real entre el hecho de votar y la democracia). 

Nuestra respuesta versó sobre las dos formas de abordar y entender las ciencias políticas y la política: normativa (deber ser) y empírica (es) –máxime si se trata de un estudio descriptivo como fue el nuestro-, así como la caracterización del sistema de partidos predominante, que es la tendencia que advertimos en el país. Mas por lo apremiante del momento ignoramos explicar por qué el sistema de partidos dominicano no es de partido único que es la clase de sistema que caza con la dictadura. Dado que el tema ha concitado durante los últimos años la atención de académicos, investigadores y políticos, consideramos pertinente explicar, aunque fuere por esta vía, por qué el sistema de partidos nacional no es de partido único y, por tanto, aún no vivimos en una dictadura. 

Para 1961, el politólogo francés Roberto Duverger definió una de las principales características del sistema de partido único: “…el partido mismo, como cuerpo, no deja jamás de controlar a todos los organismos del Estado”, además, observó que en este sistema es notorio un grado significativo de restricción de las libertades públicas. Ya en 2005, el italiano Giovanny Sartori enriquece la definición de clases de sistemas de partidos al clasificarlos primero en base a la competencia electoral en competitivos y no competitivos. El sistema de partido único pertenece al último grupo. Arguye Sartori que “sólo existe, y solo se permite que exista, un partido. Eso se debe a que ese partido veta, tanto de jure como de facto, todo tipo de pluralismo de partidos…”. 

Con estas tres caracterizaciones del partido único: i) control del Estado, ii) restricción de las libertades públicas y iii) nulidad de la competencia, pasamos pues a rebatirlas. 

Si bien es cierto que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ostenta el Poder Ejecutivo, controla el Senado y una parte de los diputados, así como el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y las Altas Cortes –un control casi absoluto de los estamentos de decisión-, en el ámbito de las libertades públicas la mayoría de los dominicanos sigue disfrutando de ellas y el espionaje de Estado aparenta limitado. De hecho, se podría decir que en República Dominicana se respeta la libertad de pensamiento y expresión, aunque reconocemos que desde el Estado, y específicamente desde el Poder Ejecutivo, se utilizan “sofisticados” mecanismos de coerción de la libertad de expresión (negar o quitar publicidad gubernamental, provocar que propietarios de canales de TV rescindan contratos con líderes de opinión críticos, soborno a este tipo de comunicadores hasta neutralizarlos o convertirlos en bocinas gubernamentales, acaparamiento de los medios de comunicación en manos de altos dirigentes del partido, etc.). 

Como podemos ver, no todas las características del sistema de partido único se cumplen o se cumplen a cabalidad, por lo que encuadrar al sistema de partido dominicano en el partido único resulta difuso, y se podría interpretar como una reacción alarmista. Sin embargo sí se cumplen de manera efectiva las dos características principales del sistema de partidos predominante: i) un partido gobierna de forma ininterrumpida (no alternancia) y esto ocurre en el país desde 2004, con la agravante de que el ex presidente y presidente del PLD, Dr. Leonel Fernández Reyna, señaló como el principal objetivo del VIII Congreso Norge Botello convertir al PLD en una fábrica de presidentes y presidentas que gobernará la nación hasta mediados del presente siglo; y ii) existen terceros partidos (los minoritarios) que ayudan al partido predominante a retener el poder. Estos terceros partidos trabajan en dos sentidos, ayudando al predominante PLD a brindar la apariencia de que el sistema electoral es competitivo –procura de la legitimidad necesaria para la gobernabilidad-, y aportando votos para que ese partido obtenga el 51% para ganar las elecciones presidenciales. 

El nacimiento del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el 35% de los votos que obtuvo con su participación en el primer certamen electoral confirman también que estamos ante un sistema de partido predominante, pues de ser de partido único el PLD no habría permitido su conformación y participación las elecciones recién pasadas, mismas que no estuvieron exentas de trabas y dificultades –vale la aclaración-, es decir, que esas elecciones no habrían sido competitivas, como lo fueron. 

En nuestra tesis sostuvimos que existe una tendencia hacia el partido predominante, es decir, se está en el proceso, aunque si tras el surgimiento de una segunda fuerza política con potencial de ser gobierno, el PLD se reelige en las elecciones de 2020, no habrá dudas de que estamos ya ante un sistema de partido predominante consolidado, en especial, si la reelección del partido oficial también incluye la del actual presidente, reelecto en 2012 tras una reforma constitucional como todos recordarán. Sólo entonces todo el Estado estaría en manos del PLD, veríamos totalmente limitadas las libertades públicas alcanzadas y las elecciones se convertirían en una “competencia” por el poder con un único participante.

Infanticidio constitucional

Por Patricia Báez Martínez

Con apenas cinco años en vigencia cuenta nuestra Carta Magna. Es una niña, como todas nuestras cartas Sustantivas a la hora de ser profanadas. La costumbre hace ley, sin embargo, los avances políticos, sociales y económicos se imponen y deben, al menos, promover cambios en la cultura política. No vivimos en la era del trueque, sino de las transferencias bancarias, y estamos contestes con ese cambio, como debemos estar todos de acuerdo en respetar nuestro gran pacto social, la Constitución, libro que consagra nuestros derechos, pero también nuestros deberes. Nos protege y a la vez nos conmina u obliga.

Nada es perfecto, incluida la Constitución de 2010 a la que nos referimos. Ella también tiene sus áreas imprecisas: ambiguas, grises, multi interpretativas. Algunas quizá fruto de la ignorancia e ingenuidad de los legisladores, otras totalmente deliberadas. Es muy probable, que la frase “la necesidad de la reforma constitucional” de los artículos 270 y 271 de nuestra Constitución, forme parte de ese grupo de zonas ambiguas, plasmadas allí con alevosía por quienes nos representan.

¿Qué es necesidad? Entre las diferentes acepciones que brinda la Real Academia Española, se encuentra esta: “Especial riesgo o peligro que se padece, y en que se necesita pronto auxilio”, y es la que más se aproxima al contexto de esta palabra en los artículos antes mencionados. Es decir, que para que el Congreso Nacional apruebe una ley que declare la necesidad de reformar la Constitución debe existir una necesidad, cuya causa es un riesgo o peligro.

No existe riesgo o peligro para la soberanía, para el Estado en sí, para el Estado Social, Democrático y de Derechos, etcétera, que justifique una reforma a la Carta Magna, en especial si la ley que declara tal necesidad es contraria a los propios preceptos constitucionales que prohíben la reelección consecutiva.

¿Por qué no existe necesidad de reforma constitucional? Porque dentro del propio partido oficial hay varios aspirantes a la nominación presidencial, porque en el espectro de la oposición, el PRD y el PRM tienen sus candidatos definidos, y los partidos minoritarios también están haciendo lo suyo para elegir sus candidatos a dirigir los destinos de la nación. Es más, este proceso electoral cuenta con la novedad de una plataforma política opositora denominada La Convergencia, es decir, que existe amplio interés en mantener la continuidad del sistema democrático-electoral. Pero sobre todo, ninguno de los precandidatos y candidatos, oficialistas y de la oposición, significa peligro para el sistema democrático impuesto por el hegemon. Todos los candidatos y precandidatos potables van desde un diluido centro hasta la extrema derecha.

“Danilo es popular”: ¿Y?, ¿Se traduce esto en necesidad de reforma constitucional?, ¿Es siempre vinculante la popularidad de un presidente con la reelección? No. Todo depende de las reglas del juego, de la Constitución, de la voluntad del presidente en cuestión y de los niveles de institucionalidad del país, que son bastante bajos, por no decir inexistentes.

Que Danilo Medina sea muy popular, lo que es razonable para una gestión sin oposición durante tres años, no significa que su sucesor no pueda ser igual o más popular que él -si la divisa más importante de un presidente fuera la popularidad-. Ojalá y la divisa fuera que Danilo es un buen presidente;  enunciado discutible. Antes de hacer una apuesta en ese sentido, es preferible elucubrar que cualquiera que suceda a Leonel Fernández -hasta el  Diablo que se enfrentó a Hipólito en una encuesta en 2004-, con tomar dos o tres medidas populares, escuchar y hablar con la gente de a pie, y dar un poco de muestra de austeridad, es suficiente para generar un aura de bondad a su alrededor, y, como ya dijimos, sin oposición: La reelección tomaría entonces forma de supositorio.

No es real la necesidad de reformar la Constitución, solo se bosqueja una gran gama de intereses políticos, económicos y personales, muy alejados de las necesidades y esperanzas de las personas que en las encuestas de opinión han valorado como positiva la actual gestión de gobierno. 

Narcoestado

Quien primero dio la voz de alarma en el país fue el dirigente de izquierda Narciso Isa Conde, pero viniendo de él, el término fue obviado como otros de su repertorio contra el sistema neoliberal.  ¡Narcoestado! ¿Narcoestado?  Cuando Isa Conde denunciaba que vivíamos en un Narcoestado nuestras mentes se resistían, porque nos creíamos muy diferentes a Colombia y México. Pero estamos en iguales o peores condiciones, pues siendo el territorio nacional  una de las rutas de tránsito de la droga suramericana hacia Estados Unidos y también laboratorio, no la producimos  ni estamos divididos del principal consumidor del hemisferio por una valla. Somos en la cadena de tráfico y distribución de drogas de la región un eslabón -estratégico por su ubicación, debilidad fronteriza e institucional-, pero sustituible.

¿Cuándo un país es un Narcoestado? Cuando su estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) participa, directa o indirectamente, de la actividad del narcotráfico. Y en esas estamos desde hace décadas, mas nos aferramos a la idea de que somos una sociedad campechana y sana en la que dos o tres forajidos hacen lo que les place. ¡No!, en República Dominicana aquellos que no hacen connivencia con el narcotráfico son antigüedades sociales. Estemos claros en que el porcentaje de narcotraficantes y conniventes con éste que son investigados y apresados son los menos, que existe una franja negra –engrosada por funcionarios, congresistas, militares, policías, jueces y fiscales- que continúa enquistada en el Estado y a la vez operando y colaborando con el negocio de las drogas. Quizá en la puerta del despacho de Joaquín Balaguer no solo se habría detenido la corrupción, también el narcotráfico, pero lo ignoramos porque aún ese flagelo no dejaba cadáveres a orillas de las carreteras. En esta nación de apenas 42 mil kilómetros cuadrados hemos visto desfilar como traficantes y conniventes a funcionarios del Gobierno, familiares de jueces de la Suprema Corte de Justicia, a senadores y diputados, a militares, a ex jefes de la Policía y policías de rangos altos y medios.

El caso Figueroa Agosto lo retrata así. “Junior Cápsula” se codeó con el Estado Dominicano durante diez años en los que supuestamente vivió prófugo en República Dominicana. El caso Quirino, que salpicó de heces al expresidente Mejía y que ahora amenaza con derramar un balde de ese contenido sobre el expresidente Fernández, también, y así el supuesto empresario del Tiempo Marques, constructor de la torre Atiemar y preso en España por tráfico de drogas desde este territorio. Lo evidencia además la foto de Leonel Fernández junto a Arturo del Tiempo Marques y su hijo en el Palacio Nacional, también los ayudantes civiles del expresidente Hipólito Mejía asesinados en circunstancias oscuras durante su gobierno, los tan solos dos fiscales que cayeron presos con el caso de la Dican en el que una veintena de policías está acusada de traficar la droga incautada; el jefe de Operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) extraditado a Estados Unidos, la regidora de Bonao presa en ese país por narcotráfico, el expelotero ligado a un caso de narcotráfico y sicariato, el laboratorio de drogas desmantelado en San Cristóbal en una casa que un ex asistente del jefe de la DNCD vendió a un narcotraficante hoy prófugo de la justicia.

Pareciera que los impolutos son los congresistas dominicanos. ¿Cuánto cuesta una candidatura a diputado o senador? ¿Tiene un dominicano honrado y con interés de servirle a su país ese dinero para apostarlo al azar de unas elecciones? En la mayoría de los casos no. Nuestros congresistas tienen compromisos con empresarios y con  narcotraficantes, que si bien no cuentan con representación formal en el legislativo, pero sí están protegidos por algunos de estos funcionarios que pagamos a un altísimo precio con dinero de los impuestos. 

Los conflictos por las tierras del CEA en el Este del país están atizados por el narcotráfico. No son agricultores ni empresarios quienes están sacando a los campesinos de sus predios con la colaboración de fiscales corruptos, son narcotraficantes que requieren esas tierras porque después del desmantelamiento de las pistas de aterrizaje clandestinas que usaba Toño Leña, la droga la están lanzando en pacas desde el aire. Los narcotraficantes necesitan tierras donde aquellas puedan caer y ellos recogerlas. Simular que son terratenientes. El asesinato de una pareja de esposos joven en La Patilla de Antosí habría sido producto de uno de estos conflictos. Imagínese usted que a un infeliz campesino le caiga una paca de droga en sus predios y decida tomarla y venderla para salir de una vez por todas de la miseria. En el Este se supone que existen autoridades, algunas confabuladas con esos supuestos terratenientes, pero todo el mundo calla, sino es que la misma autoridad trafica aprovechando la cercanía con Puerto Rico.

El negocio inmobiliario del país está cimentado sobre la droga. Los narcotraficantes necesitan invertir los millones de dólares obtenidos en la venta de estimulantes destructores. Los bancos saben que esos certificados de ahorros son producto de la venta de estupefacientes y hasta le solicitan a los testaferros que muevan las cuentas, que saquen dinero y lo inviertan y vuelvan a guardarlo para disimular. Todos saben de dónde salen los penthouse y las Hommer, pero se hacen los tontos siempre que les signifique ganancias. Qué más da si al final de cuentas hasta los hijos de los banqueros se empolvan la nariz. Si a la economía doméstica se le retira la ficha del narcotráfico, se derrumba el país. Se ufana el Gobierno en el 5% que creció la agricultura durante 2014, y ¿Cuánto creció el narcotráfico el mismo año, señor Presidente?

Los muchachos de los barrios colaboran con el transporte, almacenamiento y envío de la droga que no entra al país por el Salón de Embajadores del AILA y por los puertos, ésa entra resguardada por los funcionarios y oficiales de la Dirección General de Aduanas.  Ellos cobran sus servicios con droga que venden al detalle en los barrios del país, dividido en jurisdicciones que  ni imaginamos. ¿Sabe usted en la zona de qué narcotraficante vive usted? Es bueno que lo investigue, él también es una autoridad. También están los sicarios, brazos ejecutores, la ETA del narcotráfico, la consumen, la venden, matan. Algunos hasta son policías, llamados a perseguir el crimen y proteger a la sociedad. ¿Dónde está La Soga? ¿Es posible que un policía acumule 37 asesinatos sin ser detectado por la institución para la que trabaja y además huir sin que a la fecha sea capturado? Si eso es cierto, merece ser el jefe de Policía, pues es más inteligente y hábil que el actual.

Las mujeres, “los cromos”, en este entramado son parte de la mercancía, negocios paralelos, mulas, camuflajes, testaferras, el trofeo de caza de una actividad en la que a diario se ponen a prueba inteligencia, poderío físico, armamentístico y organizacional. Las premian con carros y apartamentos, ropas, joyas, viajes, con el menudo del negocio gordo de los miles de millones de pesos y millones de dólares. Por sus relaciones con el Poder son sacadas de expedientes de narcotráfico; son geishas, un peligro para el sistema político si caen presas. ¡Ay, si Sobeida hubiese hablado se caen los altares!

Y ahora son los narcocorridos. No se escuchan en la radio, pero no está prohibido que una persona escuche en su aparato receptor y a todo volumen este tipo de música que reivindica la actividad del narcotráfico. Se ha normalizado en la sociedad dominicana el narcotráfico, ya no es vergüenza que un hijo o esposo vayan presos por droga. Las familias, las esposas, ante este hecho luchan por retener el patrimonio acumulado como si de una herencia de familia se tratara y tienen el coraje de vivir una vida normal, disfrutando de casas, vehículos y negocios generados por la droga, aunque uno o varios de los suyos estén condenados a 15 años de prisión.

Y al final del escalafón, nuestros niños y niñas, ejército humano disponible para un crimen que los convertirá en comerciantes de la muerte, mulas, consumidores, sicarios, prostitutas, y quizá alguno o alguna en representante de éstos en la estructura de Poder. No queda más remedio que admitir que República Dominicana es un Narcoestado, y no de primera clase, sino de segunda. 

Alias Vincho

La Policía Nacional emplea con fruición los alias o sobrenombres de los hijos de “Machepa” cuando esos pobladores de Catanga, Gualey y Guachupita no les conviene y caen en desgracia, bajo el plomo de un “intercambio de disparos”. Sin embargo, existen políticos dominicanos que teniendo un alias del tipo nota policial, éstos pasan como un nombre más o un apócope de cariño o confianza.

Marino Vinicio Castillo, alias Vincho, es un carroñero que ha convertido los rastrojos del Poder en su hábitat natural y se lanza como un rayo sobre lo que él entiende de su competencia en el festín de la podredumbre, urdiendo con saña los planes más macabros para con los intereses nacionales y defendiendo las arcas de sectores y personalidades funestas. Basta recordar a los banqueros que robaron un estimado de 85 mil millones de pesos.

(A) Vincho aparece como una sombra de ultratumba en los momentos clave de nuestra historia, desde Trujillo hasta nuestros días, moviendo las fichas a favor de los intereses de los sectores conservadores, ya sean diáfanos, turbios u oscuros. Por demás, ha significado una permanente y pesada carga, económica y política para los dominicanos. Por escaso que sea el pastel, siempre sale con su tajada, y para ello no duda en usar su fábrica de chantaje. Los políticos dicen que es mejor tenerlo de amigo que de enemigo y por eso ceden a su nefasta presencia.

Y allí se erige Vincho, en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, como la más dantesca  mueca a la dignidad del colectivo nacional, como último insulto de “El Príncipe” al intelecto de la plebe, como muestra de que nada ha cambiado después del 16 de agosto en este puente de drogas, aspirantes a peloteros, megadivas con ínfulas de “mulas” y jugadores de azar. ¡Que viva la reencarnación de “El Jefe”!

En materia de ética en RD, 'el coyote cuida a las gallinas', dice Patricia Báez

 

La periodista y comentarista de la Z101, Patricia Báez, sostuvo que, pese al interés verbal expresado por el Presidente de encabezar un gobierno ético y transparente, en República Dominicana la ética está secuestrada cuando la Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) la dirige Marino (Vincho) Vinicio Castillo.
La comentarista hizo un recuento de posiciones y casos cuestionables en los escasos siete meses de Gobierno en los que la DIGEIG no ha dicho ni hecho nada.

1er caso: El director de Minería, Alexander Medina, fue empleado de la Falconbridge por 35 años, por lo que es pensionado de esta empresa que quiere explotar, a toda costa, loma Miranda. Recientemente el funcionario dijo que la explotación de loma Miranda no causará daño al ambiente de La Vega, y privilegió que la minera explote la zona y saque los 18 millones de toneladas de oro para que ésta se pueda mantener por 20 años más en el país.

“Es necesario que se esclarezca cual es el principio que debe primar en la Dirección de Minería, si el economicista, es decir, obtener recursos a cualquier costo, o aprovechar los recursos mineros acorde a un plan de sostenibilidad ambiental y económica”, expuso la comunicadora en El Gobierno de la Mañana (5:00 a 6:30 am).

2do caso: El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, quien siendo un importante funcionario del Gobierno, hombre de confianza Danilo Medina, a través de su empresa privada, Helidosa, mantiene un contrato con la Barrick Gold, la minera que explota la mina de Pueblo Viejo en base a un contrato leonino que apenas da el 3.2 % de los beneficios al Estado dominicano, y con la cual el país y el Gobierno tienen conflictos de intereses.

"Como dijimos ayer, este funcionario viola el artículo 135 de la Constitución, varios artículos de la ley 41-08 de Función Pública y el Código de Pautas Éticas que el Consejo de Gobierno aprobó el 22 de agosto pasado, sin embargo, ¿quién lo interpela, quién lo cuestiona e investiga? Nadie”, porque –como explicó- quien debe investigar estos conflictos de intereses y hacer recomendaciones, también viola las legislaciones dominicanas.

3er caso: El director de la Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el propio Vincho Castillo, viola -como mínimo- los numerales 2, 9 y 16 de la Ley 41-08 sobre Función Pública, al abogar porque el Estado dominicano honre el contrato con la ICCSI para la instalación de sistemas de Rayos X en los puertos, uno de cuyo accionistas es el médico Salomón Melgen, quien tiene una relación de parentesco con él. Tanto el fenecido Miguel Cocco como Rafael Camilo, ex directores de Aduanas, consideraron el contrato lesivo al interés nacional.

“Esto es como que la iglesia esté en  manos de Lutero o que el coyote cuide las gallinas en este país. ¿Cómo va Vincho Castillo a investigar y a disciplinar a los funcionarios corruptos si él comete actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones?” Patricia Báez recordó que la DIGEIG tiene un departamento, de Investigación y Seguimiento (DIS), el cual –según la propia página web de la institución- es el encargado de recibir e investigar las denuncias hechas por ciudadanos o por rumor público, por supuestas violaciones al régimen ético, disciplinario y de prohibiciones establecido en la Ley 41-08.

El numeral 2 del artículo 84 de la Ley 41-08 tipifica la acción de Gonzalo Castillo como lesiva a los intereses del Estado, pasible de destitución, por lo que la comunicadora le recomendó al funcionario rescindir el contrato con la minera o renunciar al cargo, de lo contrario, el Presidente puede destituirlo. Sin embargo, ni el Presidente ni el director de Ética se han pronunciado al respecto, mientras el mandatario anuncia otro código, esta vez para evitar las muertes maternas.

 

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Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas y suplidor de Barrick Gold

Patricia Báez Martínez

Cuando el presidente Danilo Medina designó como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones a Gonzalo Castillo Terrero, mediante el artículo 7 del decreto 454-12, la decisión no generó ninguna contradicción; todo lo contrario, el formar parte del reducido grupo de 12 funcionarios que se estrenaban en el tren gubernamental, lo revistió del aura de nuevos tiempos que tanto se ansían en el país.

Sin embargo, cuando en el programa de radio Foro Ciudadano de esta Z101, Hamilk Chahín dió a conocer que Castillo Terrero era suplidor del Estado a través de su empresa Helidosa, se esfumó la presunción de una administración pública bajo la égida del Código de Pautas Éticas anunciado por Danilo Medina en su toma de posesión, el 16 de agosto de 2012, hace apenas siete meses.

¿Quién es Gonzalo Castillo Terrero?

Oriundo de Barahona (Suroeste), se graduó de perito en Electrónica Industrial del Politécnico Loyola, San Cristóbal, en 1980. Luego cursó un postgrado en Electrónica Digital y Microprocesadores en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y en Quebec, Canadá, realizó un post-grado MBA- en Administración de Empresas.

En 1992 fundó Helicópteros Dominicanos S.A. (Helidosa), empresa dedicada al transporte turístico y ejecutivo tipo charter. También es fundador de la Constructora Castillo López y Asociados S.A., empresa dedicada a la construcción y mantenimiento de edificios.

Con 33 años en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) -según él-, fue designado por el hoy presidente Danilo Medina como director de la Comisión Nacional de Finanzas de su candidatura, o sea, que era el encargado de suplir recursos no provenientes de la Junta Central Electoral (JCE) a la campaña del actual presidente, además de coordinar la campaña en cuatro provincias de la región Sur.

“No he conocido a otra gente, a otro político identificado con los ideales del profesor Juan Bosch, para mí, Danilo Medina encarna al profesor Juan Bosch plenamente, y te lo digo sin lugar a equivocarme”, dijo el “hombre de confianza” de Danilo Medina en una entrevista en plena campaña electoral, sin embargo, su accionar empaña la promesa presidencial de un gobierno transparente y ético.

Gobierno, Barrick Gold y Helidosa, una combinación explosiva

Helidosa tiene 15 helicópteros y, dentro de esos, cuenta con el Bell 212, matrícula HI 924, adquirido por gestiones del controvertido expiloto del expresidente Leonel Fernández, Harold Manzano, quien en los actuales momentos estaría gestionando en el extranjero otro helicóptero de mayor capacidad con los cuales la empresa brindar a la minera Barrick Gold el servicio de transporte de oro, según una fuente de Z101Digital en el Aeropuerto El Higüero, en donde Helidosa tiene sus hangares.

Aunque es un secreto a voces en los pasillos gubernamentales el conflicto de intereses -conflicto entre los intereses privados y las responsabilidades públicas de una persona con cargos de confianza (Merriam-Webster; 2004 )- que maneja Gonzalo Castillo Terrero por ser ministro de Obras Públicas y propietario de Helidosa, empresa suplidora de la Barrick Gold, la información pasa “desapercibida” en los medios de comunicación.

La Constitución dominicana, en su artículo 135, es clara al precisar que “Los ministros y viceministros no pueden ejercer ninguna actividad profesional o mercantil que pudiere generar conflictos de intereses”. Más aún, el párrafo único del artículo 95 de la Constitución establece que el ministro Castillo Terrero podría ser llamado a comparecer ante el Congreso Nacional, poder del Estado que pudiera hasta emitir un voto de censura y recomendar su cancelación.

“Si el funcionario o funcionaria citado no compareciese sin causa justificada o se consideraran insatisfactorias sus declaraciones, las cámaras, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, podrán emitir un voto de censura en su contra y recomendar su destitución del cargo al Presidente de la República o al superior jerárquico correspondiente por incumplimiento de responsabilidad”, dice el párrafo”.

Como si el conflicto de interés del ministro fuera poco, la Barrick Gold y el Poder Ejecutivo en la actualidad mantienen un conflicto económico y legal, suscitado por el expreso interés del Presidente de que el Estado dominicano obtenga mayores beneficios de la explotación y comercialización de los minerales (oro, plata y cobre) de la mina de Pueblo Viejo, Cotuí, que en la actualidad es de apenas el 3.2 por ciento de las ganancias, luego que el ex presidente Leonel Fernández modificara el acuerdo original con la Placer Dome, ese acuerdo, de 2002, estipulaba que el Estado recibiría el 53 por ciento de las ganancias.

Mientras el 27 de febrero Danilo Medina estimaba como inaceptable el contrato con la Barrick Gold, el 4 de marzo el director de comunicaciones de la minera, Jorge Esteva, informaba a través de la prensa que para la Barrick Gold el contrato no estaba en discusión. Es decir, el Presidente invita a la minera a sentarse a negociar de buena fe (de la misma forma que en 2009 se sentó Leonel Fernández para beneficiarla), y la empresa se niega, aferrándose al principio de la seguridad jurídica.

Danilo y el Código de Pautas Éticas

El 16 de agosto de 2012, cuando Danilo Medina tomó posesión anunció la creación de la Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental para sustituir a la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, y en el cargo confirmó al conflictivo y cuestionado Marino Vinicio Castillo (Vincho), hoy en tela de juicio por su interés en que el Estado dominicano honre un contrato con el médico dominicano radicado en Miami, Salomón Melgen, para la instalación de Rayos X en los puertos dominicanos. Melgen es primo hermano de los hijos de Vincho Castillo.

En el discurso de toma de posesión, el Presidente expuso que esa dirección “será el órgano responsable de fomentar los comportamientos éticos e íntegros en la Administración Pública. Tendrá potestad para investigar las denuncias de corrupción por el solo rumor público, citar, interrogar, requerir informaciones a entidades públicas y privadas y aplicar sanciones disciplinarias, sin perjuicio de las que correspondan al Régimen Ético y Disciplinario de la Función Pública y a la Cámara de Cuentas”.

Para rematar, Medina anunció en ese momento la entrada en vigor del Código de Pautas Éticas:

“Un Código de Ética que suscribirán todos los servidores públicos al momento de ser designados en altos cargos, donde cada designado o designada asumirá un compromiso ante mí y ante la sociedad dominicana, a través del cual se establecen las normas básicas de comportamiento que aceptarán cumplir por el solo hecho de ser designados”.


Artículo publicado de forma oficial en ZDigital.com

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A Fiordaliza Fructuoso su ex pareja la apuñaleó 19 veces y la dejó por muerta

Ella pidió la palabra en la actividad frente al Congreso Nacional y narró cómo su victimario retrasa el juicio y asegura que saldrá en libertad porque ella no murió

Fiordaliza Fructuoso salió este miércoles de Villa Mella rumbo a su trabajo, en el Ministerio de Trabajo, pero antes pasó por la manifestación que unas sesenta organizaciones convocaron para este miércoles 11 de julio, a las 7:00 de la mañana frente al Congreso Nacional para exigir un abordaje integral y efectivo de la violencia de género.

Ella tomó el altoparlante y narró cómo su ex pareja, Enmanuel Pérez Santos, trató de quitarle la vida con un cuchillo, en un acto de salvajismo que fue presenciado por su hija de doce años.

“Estoy aquí por un milagro del señor, yo soy víctima de violencia, me dieron 19 puñaladas el 17 de noviembre (de 2011). Me dejaron por muerta, me dejó tirada… han reenviado la causa más de 20 veces porque él tiene poder, dice que va a salir”, narró la mujer que en un principio se mostró, pero que al final rompió en llanto.

Ella explicó a todos los presentes y a los medios de comunicación que Pérez Sánchez, acusado de intento de asesinato, alega que saldrá de la cárcel porque ella no llegó a morir.

“Yo aún estoy viva, hagan un ejemplo, estoy viva porque Dios quiso, para que no haya más feminicidio”, dice Fiordaliza pidiendo a la justicia que juegue su papel porque ella no está con vida porque su ex pareja haya tenido alguna consideración, sino por su fortaleza corporal y porque, a su entender, Dios así lo quiso.

Esta joven madre recomendó a las mujeres víctima de violencia que denuncien su situación. Recordó que en su caso recorrió varias fiscalías, pero que sólo recibió apoyo de la ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, en el Distrito Nacional. También agradece el apoyo del Ministerio de la Mujer. 

Sin embargo, sobre el sistema de justicia está decepcionada: “Debiera mejorar el sistema judicial”, porque considera su agresor se burla de los jueces cuando no asiste a las audiencias.

Pidió que su agresor sea condenado, pues además del daño físico y emocional que padece, su madre ha enfermado a causa de la prolongación del proceso judicial, y su hija sufre la indefinición del caso.

Las organizaciones sociales que reclamaron más atención de parte del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para combatir el feminicidio, de manera específica solicitaron presupuestos para el Ministerio de la Mujer y la Procuraduría de la Mujer, y les recuerdan en el documento entregado que apenas existen dos refugios para las mujeres maltratadas y sus hijos.