Carla Massiel, entre el rito satánico y el tráfico de órganos

“Honorable es fracasar en la duda, mas no en la creencia ciega”.

Por Patricia Báez Martínez

Los niños, esos pequeños seres humanos inmaculados y vulnerables, son el blanco de diversas organizaciones del crimen organizado, y no organizado. Más fáciles de dominar, ocultar, desaparecer. Como niños al fin, su desaparición puede ocurrir por distracción propia, y eso aporta a los delincuentes un lapso propicio para perpetrar sus horrendos crímenes. La inocencia de éstos es el Santo Grial de toda filosofía, creencia o moral autodestructiva.

Los ritos satánicos son tan antiguos como la humanidad misma. Las personas tienen derecho a creer en Dios o en el Diablo, a lo que no tienen derecho es a quitarle a vida a otra persona en el nombre de esa creencia, y por ello, la creencia o fe, no son tomadas en cuenta por los jueces como circunstancias atenuantes en la sanción de un crimen.

Hoy las autoridades quieren encausar la investigación sobre la muerte de Carla Massiel en el crimen común o el rito satánico. El tráfico de órganos es una “leyenda urbana”, pero también lo es el sacrificio-ritual de niños y adolescentes vírgenes. No podemos asegurar que su fatal destino haya sido el tráfico de órganos como tampoco se puede descartar el crimen común, como lo es la violación sexual, aún disfrazada ésta de rito satánico. Es más, para los que creemos en la existencia de dos fuerzas opuestas: Bien y Mal, toda violación sexual entraña satanismo de una u otra forma. “Cuando ocurren asesinatos brutales se inventan toda clases de artimañas como la del satanismo. No se entiende el Mal humano y hay que endilgar a otro. El Mal es el Mal y los humanos hacemos Mal, solo que es demasiado duro de ver”, opina sobre este caso particular la antropóloga dominicana Fátima Portorreal Liriano.

Asumamos, pues, que la desaparición y posterior asesinato de Carla Massiel tenga como móvil la violencia de género –presumiblemente la de tipo sexual- tan generalizada en nuestro país, y que Dawin José Trinidad solo esté buscando ganar tiempo y protección para no ser linchado en la cárcel, donde otros antisociales tienen ciertos códigos de ética que les impide aceptar ese nivel de violencia no solo contra una infante, sino contra su familia y toda una sociedad que ha sufrido durante más de un año su desaparición. Siendo así, siendo todo una treta, una minúscula parte de la mitomanía de este joven, algunas preguntas quedan sin respuestas:

¿Es cierto que era empleado en la finca del doctor Hipólito Santana en Pedro Brand donde, dicho sea de paso, habría sido hallado el cadáver de la niña?

¿Cuál o cuáles eran sus funciones como empleado?

¿Existen formas de probar que era empleado de la familia Santana?

De ser cierto, 

¿Por qué una familia de profesionales y empresarios tenía como peón a una persona tenida en su comunidad como un ladrón y agresor sexual?

Si no puede probar su vínculo laboral, ¿Cómo y por qué conoce los nombres del doctor Hipólito Santana Guzmán y su hija Liliana? ¿Cómo sabe qué tipo de vehículo usa ella?

¿Es cierto que en el lugar del hallazgo del cadáver de la menor fue hallada una sábana que pertenece al Centro Médico Integral II?

¿Cuáles elementos hicieron que el Ministerio Público allanara y cerrara tres centros médicos de la zona Oriental? ¿Las simples declaraciones de uno de los acusados y/o la existencia de otros elementos de prueba, como la sábana (por ejemplo)?

¿Cuál fue el resultado de la investigación que debió realizarse con el allanamiento de la Procuraduría a las clínicas en cuestión?

¿De qué murió Carla Massiel? Si no hubo extracción de órganos, como dice el Procurador, pues ya deben saber las autoridades de qué murió ¿No?

La muerte violenta de Ronald Castillo (mencionado por Dawin como la persona que raptó a la niña) ¿Fue el desenlace del robo frustrado de una jeepeta o del rapto de un niño de cuatro años que iba a bordo?

¿Por qué el médico forense Sergio Sarita Valdez -en sus intervenciones sobre este caso- no descarta la posibilidad de tráfico de órganos?

¿Por qué los medios de comunicación y la Procuraduría  se han encargado de construir un expediente oscuro en torno a Dawin José Trinidad, y no auscultan el origen de las clínicas bajo investigación?

¿Tenía el doctor Hipólito Santana Guzmán relaciones con altos funcionarios del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD)?

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort) sostiene que para un trasplante se requieren equipos médicos sofisticados y un personal médico numeroso y muy especializado. Nos parece que la familia Santana podría reunir ambos requisitos.  En República Dominicana todo es posible, a pesar de solo ocupar media isla, es una fuente inagotable de recursos para los depredadores. Además, sabemos que para todo, con mucho billete, hay excepciones. En otros países de la región como Perú, Colombia, México y Panamá el tráfico de órganos, voluntario o no, es una realidad admitida y que se discute de forma pública, por qué habremos de ser la diferencia si adolecemos de los mismos males ancestrales que nuestros hermanos latinoamericanos: Corrupción e impunidad. Y el tráfico de órganos es un tipo de corrupción.

Tras el disfraz de la “leyenda urbana”, los niños y niñas de los dominicanos ‘de abajo’ son secuestrados y exigimos saber qué está aconteciendo. Ni el desconocimiento de nuevos flagelos sociales ni el manto de la impunidad serán aceptados por respuesta.

El niño Llenas Aybar, rico de cuna, no es parte de la leyenda urbana, fue quizá víctima de un rito satánico de jevitos aburridos de sus insustanciales vidas. La niña Carla Massiel, pobrísima de cuna, podría haber sido víctima del crimen común como lo es la violencia sexual, de un crimen común como es el asesinato aunque esté revestido de rito satánico, pero los dominicanos y dominicanas comprometidos con un proyecto de nación más allá de este siglo, no estamos en la disposición de que nos vendan por leyenda una aristas de posible tráfico de órganos.

En el caso de Carla Massiel fueron violentados el derecho a la vida, de la niñez, a una vida sin violencia, a la protección de la familia, a la  libertad personal, y tipifica como feminicidio y desaparición forzosa. Aunque en el caso de la desaparición forzosa, el país (rehuyendo a los casos de Juan Almonte Herrera,  Gabriel Sandy Alistar y Randy Vizcaíno González –vistos por última vez cuando se hallaban bajo custodia policial-) no ha firmado la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Como feminicidio (el hecho de matar a una mujer por el solo hecho de pertenecer al sexo femenino, de acuerdo a la investigadora mexicana Marcela Lagarde, quien le confirió al feminicidio la categoría de crimen de Estado: es “una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad”), República Dominicana es signataria de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará); aunque sea un sueño de Pilarín, las autoridades están conminadas si no a revelar la verdad, al menos a brindar a toda la ciudadanía unos resultados coherentes, creíbles, convincentes, pues desde nuestra barricada no descartamos que una niña de 10 años tumbe cosas más grandes que los ocho super tucanos  que derribó tan solo con su cándida mirada de la manipulable agenda mediática.