“Es crucial que los desafíos y las oportunidades de la
migración internacional sean algo que nos una, en lugar de dividirnos”, dice el
documento
República Dominicana ocupa la
mitad de una isla en el caribe que es origen, tránsito y destino de migraciones
desde antes de la llegada de los españoles en 1492. Por conflictos político-económicos,
raciales y culturales, siempre se ha
opuesto a la fusión con la vecina república de Haití y a la migración de sus
nacionales a suelo dominicano, lo último de manera formal, porque en la
práctica, la economía nacional se sostiene, en gran medida, gracias a la barata
mano de obra haitiana.
La Organización de las Naciones
Unidas (ONU), junto a los estados miembros, ha trabajado durante los últimos
años en la elaboración de un Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y
Regular. República Dominicana es parte de la ONU y ha trabajado en la
elaboración de ese pacto, el cual ha de ratificarse en los próximos días o ser
rechazado.
Una cantidad considerable de
personas e instituciones criollas, entre los que se destacan el Instituto
Duartiano, se han manifestados en oposición a la firma o ratificación del pacto
por parte del gobierno dominicano, alegando que éste es parte de un proyecto
fusionista que lleva décadas en la mentalidad nacional dominicana y no se
materializa.
Parecería que en República Dominicana
no residen más de 1 millón de haitianos (mal contados), la mayoría de manera
irregular.
Parecería que República
Dominicana ocupa la isla completa y que no es una isla que comparte el territorio
con la población que pretende repeler o que cuenta con una frontera física
efectiva.
Se olvidan los nacionalistas que
la presencia haitiana en el país es una realidad mayúscula y sin regulación,
que estamos realmente a expensas de la migración haitiana en las condiciones en
que se da ésta. Ignoran también que los y las haitianas no pagan los impuestos
que pagamos los dominicanos, y, sin embargo, reciben los mismos servicios de
salud, educación y transporte, entre otros. Pretenden esos buenos dominicanos darle poca importancia al
hecho de que la migración irregular es un negocio en la frontera
dominico-haitiana que lucra a sectores de los organismos de seguridad nacional.
Pero además, pretenden hacer caso
omiso a que ya el gobierno del presidente Danilo Medina dio pasos para la
regularización de los extranjeros en suelo dominicano con la puesta en vigor
del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y eso sin presión de la ONU,
a motu proprio. Es decir, que ya estamos inmersos en el problema y en la
búsqueda de soluciones, pero asumiéndolo de manera individual, solo con
nuestros recursos técnicos y financieros.
¿Y qué tal si nos abrimos a la posibilidad
de que el problema migratorio haitiano lo abordemos de manera concertada entre
todos los países miembros de la ONU que firmen el pacto, y que esto nos permita
recibir ayuda técnica y financiera?
En primer lugar, el pacto no es
jurídicamente vinculante, es decir, que ni nuestra constitución ni la ley de
migración, ni ninguna otra legislación serían modificadas. Con esto, la
soberanía nacional, en lo que respecta al tema migratorio, queda salvaguardada.
Nos llamó la atención que este
pacto mundial de la ONU, de la misma forma en que promueve la migración segura,
ordenada y regular, tiene entre sus objetivos crear condiciones en los países
de origen que desincentiven a las personas a migrar, porque en realidad son las
pésimas condiciones políticas, económicas y sociales de los países de origen
las que empujan a las personas a migrar. Y lo saben dominicanos y haitianos porque lo han vivido en carne propia.
Es así como en su objetivo número
dos (2), dice lo siguiente: “minimizar los factores adversos y estructurales
que obligan a las personas a abandonar su país de origen”.
Pero no solo eso, en su objetivo cuatro (4), se compromete a
“velar porque todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y
documentación adecuada”. Y esto es magnífico, porque el principal escoyo del
Plan Nacional de Regularización de Extranjeros ha sido que el gobierno haitiano documente a sus
ciudadanos.
En este sentido, la ratificación del tratado por parte de
República Dominicana, debe estar condicionado a que la República de Haití
también lo ratifique, pues la mayor carga migratoria que recibimos es del
pueblo haitiano, y es una migración que a la vez es provechosa, por todas los
nacionales haitianos que vienen a estudiar y trabajar a este lado de la isla,
también es perniciosa, porque algunos –los menos- se dedican a actividades
criminales, y no contamos con ningún tipo de mecanismo que nos permita
identificarlos para someterlos a la acción de la justicia o dar parte al país
de origen u otros países miembros de la Interpol.
El tráfico de personas en la frontera y las violaciones a
los derechos de los migrantes serían considerablemente reducidos, por no decir eliminados, y eso es
positivo para el país y el mundo. Además, el pacto tiene un enfoque de género,
por lo que aboga por la protección de las mujeres y las niñas migrantes, más
propensas a ser víctimas de la trata de personas, la esclavitud sexual y
laboral.
En lo que respecta a los servicios básicos que el Estado
dominicano estaría compelido a brindar a los migrantes haitianos (porque no nos
quejamos de los coreanos, chinos, japoneses ni venezolanos), ya se los estamos
brindando sin recibir a cambio ningún tipo de asistencia económica ni técnica. Los
haitianos utilizan nuestros servicios de transporte, acuden a nuestros centros de salud y mandan a
sus hijos a las escuelas, y en todos esos lugares/servicios son tratados como lo
que son: Seres humanos y ciudadanos del mundo. Y cada día podemos ver los esfuerzos que ellos hacen
para utilizar esos servicios públicos sin afectarnos, específicamente en lo que
respecta a la higiene personal.
De República Dominicana firmar el pacto, una de las formas
en las que se aplicarían los principios y objetivos del mismo, sería apoyando “a
otros Estados… incluso prestando asistencia financiera y técnica, en función de
las prioridades, políticas, planes de acción y estrategias nacionales, mediante
un enfoque pangubernamental y pansocial”.
Es decir, que no estaríamos afrontando el problema de la
migración haitiana de manera unilateral, como lo hemos estado haciendo hasta el
momento, porque como bien lo dice el mismo documento del pacto: “Ningún país
puede encarar los retos de este fenómeno mundial y aprovechar sus oportunidades
en solitario”.
¿Por qué este plan no es del agrado de los nacionalistas?
Entre otros aspectos, porque las detenciones de migrantes
sería un último recurso, es decir, ya “la camiona” no podría salir a recoger
haitianos por las calles para luego llevarlos a un centro de detención y negociar
con ellos su libertad. Y porque implicaría la inclusión política, económica y
social de estas comunidades de migrantes, es decir, que en determinado momento
de la historia nacional, nos veríamos conminados a aceptar a un diputado que
representa a los haitianos en el país, de la misma forma como los
estadunidenses, cubanos y judíos han tenido que aceptar la presencia de
dominicanos en las esferas de decisión de los Estados Unidos, porque LO QUE VA…
VIENE.
Nos parece que perderíamos más de
no ratificar el pacto que ratificándolo. De cualquier forma estamos condenados
a ser país receptor de la migración haitiana. Lo más estratégico de nuestra
parte sería identificar las oportunidades que este hecho histórico-social nos
brinda.
La autora es periodista y politóloga.
