El papel que la iglesia de hoy
pretende juegue el Estado fue aquel rol de los encomenderos en la época de la
colonia, cuando disfrazado de un plan de evangelización, la corona española
–dirigida por dos llamados católicos- patrocinó la expoliación, tortura y
exterminio de la raza aborigen en esta isla
Por Patricia Báez Martínez
Tanto en la política como en la religión los textos
son interpretativos. Así como los libros, pasajes y versículos de las sagradas
escrituras tienen diferentes interpretaciones para cristianos católicos y
protestantes y sus ramificaciones, de la misma forma los artículos, párrafos,
numerales y letras de la Constitución dominicana que versan sobre la vida y el
aborto, tienen diferentes interpretaciones que cada grupo, a favor y en contra
de éste, esgrime para lograr sus objetivos en un momento crucial para la
nación. Es lo que acontece con el tema
del aborto. Las feministas y médicos entienden que está prohibido, mientras
algunos congresistas atisban a ver grietas por donde se podría colar el aborto
terapéutico en caso de que la vida de la madre esté en peligro. Nada más ambiguo y difuso en un tema tan
vital.
La Constitución de la que hoy disfrutamos, calificada
por algunos de progresista, adolece de una gran contradicción en lo que
respecta a la mujer y los derechos y deberes que en su condición de ser
reproductor, le atañen. Veamos:
En el artículo 38, sobre la dignidad humana, la
Constitución resalta que “la dignidad del ser humano es sagrada, innata e
inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de
los poderes públicos”, y en el literal 4 del artículo 39 el texto es explicito
en cuanto a la igualdad ante la ley del hombre y la mujer: “Se prohíbe
cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos
fundamentales de mujeres y hombres”. Nada más contrario al respeto y protección
de la dignidad humana y de la igualdad entre hombres y mujeres que obligar a
una niña o adolescente a traer al mundo el fruto de un abuso, violación sexual
e/o incesto, con las agravantes físicas y psicológicas más allá de las morales
y sociales.
Si la condición de la mujer dominicana se analizara
solo a través de esos dos preceptos constitucionales antes citados, estuviese
ella actualmente disfrutando de unos derechos constitucionalizados que la
ubicarían a la par de las ciudadanas de naciones de desarrollo medio. Nada más
lejano. Todo hasta aquí ha sido lo que damos en llamar ‘adornos
constitucionales’. La médula de la condición y situación de la mujer nacional
se halla en el artículo 37 donde se la condena no solo a traer al mundo el
fruto de relaciones no consentidas y/o violentas, productos con malformaciones
congénitas, sino todo ser que se haya concebido en su vientre, sin importar si
pone en peligro su propia vida.
Algunos amanuenses de congresistas han intentado
confundir a la sociedad, al señalar que en la Constitución sí se contempla el
aborto terapéutico, y para ello se basan en el artículo 42, sobre el derecho a
la integridad personal: “Toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la
protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas”.
¿Cómo es posible que la Constitución, la máxima jurídica de un país, se
contradiga a sí misma?
La iglesia y el aborto
La iglesia, en especial la Católica, ha sido la más
ferviente defensora de la ley que modificará el Código Penal Dominicano, cuyos
artículos 107, 108 y 109 fueron observados por el Poder Ejecutivo a favor de
las mujeres. Como mujer creyente había sido adoctrinada en el sentido de que la
salvación es individual no colectiva, es decir, cada uno de nosotros habrá de
rendir cuentas de forma individual.
Citas bíblicas como San Juan 3:16, Romanos 10:910, San Juan 11:25 y 5:24
y Apocalipsis 3:20-21 se refieren a la salvación en primera persona y no en
cuarta (nosotros), y ha sido el elemento persuasor por excelencia de las
religiones para obtener más fieles.
Cuál es el afán si la rendición de cuentas es
individual. A ese paso la siguiente razón de las iglesias para oponerse a las
observaciones y enfrentar al Presidente ha sido la defensa de la vida, un tema
en el cual el revolucionario Papa Francisco se ha mantenido incólume. El sumo
pontífice le ha tendido un ramo de olivo a los gay de fuera y dentro de la
iglesia, ha dicho que el infierno no existe, es partidario de la profundización
de las discusiones sobre el rol de la mujer en la iglesia, le ha puesto cara
–solo cara- a la pederastia en la iglesia, pero no transige con la vida. Y lo
respetamos.
Ahora bien, la iglesia dominicana debe, en consonancia
con el Papa Francisco, darse cuenta de que vivimos en el siglo XXI, y de que
las mujeres, además de seguir avanzando en al obtención de nuevos derechos y la
ampliación de los ya existentes demanda ‘opciones de vida’, qué es esto: Que
mientras las iglesias se oponen a un Código Penal que le de la opción (no es
obligatorio) de un aborto seguro a la mujer en condiciones excepcionales; las
iglesias pretenden imponer su visión, no solo a su feligresía, sino a toda una
sociedad, crea o no en Dios. Nada más autoritario y abusivo. Mientras a las
mujeres creyentes los grupos que defienden los derechos de la mujer no les
están pidiendo abortar en las citadas excepciones, los líderes religiosos sí se
sienten con la potestad –en base al
poder político otorgado mediante el Concordato- de someter a las no creyentes y
creyentes liberales a dar vida cuando su integridad física y su dignidad están
amenazadas.
Recordamos pues, el papel que la iglesia de hoy
pretende juegue el Estado fue aquel rol de los encomenderos en la época de la
colonia, cuando disfrazado de un plan de evangelización, la corona española
–dirigida por dos llamados católicos- patrocinó la expoliación, tortura y
exterminio de la raza aborigen en esta isla.
Para que la historia los absorba
El almirante Cristóbal Colón fue el primer encomendado
por los reyes Fernando el Católico e Isabel la Católica para evangelizar en La
Hispaniola e islas adyacentes. Tras su primer viaje dejó levantado el Fuerte de
la Navidad, destruido, se dice, por el cacique Caonabo, quien se habría
molestado porque los intrusos, además de hurtarle los alimentos a los
aborígenes, tomaron sus mujeres. Tras vengarse y atemorizar a la población
taína, el navegante continuó su caza furtiva de mujeres. Uno de sus
acompañantes en el segundo viaje, Diego Álvarez Chanca, narra en sus memorias
que, para noviembre de 1493, “tomamos (de las islas caribes) más de veinte
mujeres cautivas que luego el Almirante repartió como sirvientas entre sus
acompañantes”. (Pons, 2012).
Otro de los acompañantes de Colon en ese viaje lo fue
Miguel de Cúneo, quizá el primer hombre que le propinó una golpiza a una mujer
en estas tierras, según los registros. El propio Cúneo narra en sus memorias:
“Estando yo en la barca tomé una cambala (caribe) bellísima, la cual me regaló
el Señor Almirante; y teniéndola en mi camarote, al estar desnuda según su
usanza, me vino deseo de solazarme con ella; y al querer poner en obra mi
deseo, ella, resistiéndose, me arañó, de
tal modo con sus uñas que yo no hubiese querido entonces haber comenzado; pero
visto aquello, para deciros el final, agarré una correa y le di una buena tunda
de azotes, de modo que lanzaba gritos inauditos que no podrías creer. Por
último, nos pusimos de acuerdo de tal manera que os puedo decir que de hecho
parecía amaestrada en la escuela de rameras”.
El historiador Frank Moya Pons destaca que el tema de
la posesión de las mujeres fue un tema de conflicto entre aborígenes y
conquistadores, pero no solo eso, es que los beneficios no eran solo
“solazarse” con las nativas, sino que el estar en concubinato con una de estas
mujeres le daba ciertos beneficios al colonizador ante los demás subyugados. Esa
visión instrumentalizada de la mujer es la reproducción de un sistema
patriarcal que se reflejaba y aún lo hace en la iglesia y en el proyecto de
“Nuevo Mundo”.
Para aumentar los caudales de oro enviados a España, empresa
por la que fueron sobreexplotados los nativos –de 1 millón de taínos, en unos
52 años pasaron a ser un poco más de un centenar -, los católicos
evangelizadores idearon las “Guerras Justas”, con ellas se capturaban indígenas
de Cuba, Puerto Rico, Jamaica, México, y las costas venezolanas, para
obligarlos a trabajar en la industria aurífera. La mujer aborigen no escapó al
trabajo forzado de las minas; el hecho de ser un instrumento sexual no la
eximió de ser explotada en las minas, los trapiches y en las labores
domésticas.
Citando a John Carter Brown, Pons refiere que “Fernando
el Católico estaba más interesado en las remesas en metálico que debía recibir
la española que en el bienestar o cristianización de los naturales”, y para
mantener y aumentar las remesas no se escatimaba castigo ni tortura:
“Hacían unas
horcas largas que juntase casi los pies a la tierra, y de trece en trece, á
honor y reverencia de nuestro Redentor de los Doce Apóstoles, poniéndoles leña
y fuego los quemaban vivos”, escribió Bartolomé de las Casas.
Después que Fray Antón de Montesinos tronara, el rey
intentó enmascarar el genocidio aborigen
y tras varios fracasos y argucias reales logró sacar las Leyes de
Burgos. En estas quedaba establecido que “se quemarían las antiguas aldeas
indígenas para evitar que éstos (los indígenas) regresaran; “el periodo anual
de trabajo para los indios ha de ser de dos etapas de cinco meses cada una, con
cuarenta días de descanso entre ellas, durante los cuales los indios pueden ir
a sus casas, donde estarían obligados a trabajar en sus labranzas”; los
servicios religiosos, el supuesto móvil de la colonización, serían solo los
domingos y días feriados; y los encomenderos también debían obligar a los
nativos a rezar al amanecer y al atardecer.
Esas leyes, que si bien seguían siendo injustas, iban
a regular la situación de los taínos, nunca fueron aplicadas porque se
afectaban los intereses de la colonia y de la turba de vagos y criminales que,
discriminados por una sociedad española decadente en la que todos los
beneficios eran para el rey y sus allegados, vinieron a estas tierras en busca
de aventura económica y –de paso- sexual.
Este recorrido histórico es para subrayar que para la
iglesia católica la mujer es un ser inferior al hombre, y esa supuesta
inferioridad está dada por el aspecto físico: Menos fuerza bruta y capacidad
reproductora. De ahí que poseer un útero convierta indefectiblemente a la mujer
en una suerte de incubadora, sin importar si la criatura es fruto de una
violación e/o incesto, y si peligra su propia existencia. Y son ellos, los que
impiden a las mujeres tener derecho sobre su sexualidad y su cuerpo, quienes
las violentan. Ellos son curas, sacerdotes, legisladores, funcionarios de toda
clase, profesores, y otros. Razonado el tema a la luz de los cientos de
feminicidios que ocurren cada año, estamos ante un nuevo genocidio, el
genocidio de género.
En buena lid:
Que las iglesias hagan lo suyo
Que los congresistas hagan lo suyo
Que el Presidente haya lo suyo
Y nosotras haremos el resto.
