Tres causales es revictimizar la mujer, pero es algo

La despenalización del aborto por las tres causales es un punto intermedio entre quienes defienden los derechos plenos de la mujer y los grupos religiosos y conservadores, y es una deuda del Estado para con la mujer dominicana

Por Patricia Báez Martínez

El presidente ha observado el proyecto de ley de Código Penal para que el Congreso Nacional tome en cuenta el tema del derecho de la mujer dominicana al aborto en caso de que su vida peligre, cuando la criatura es producto de una violación sexual e/o incesto, y cuando el feto presente malformaciones congénitas. Esta ha sido una lucha de larga data del movimiento feminista dominicano, que al ver la imposibilidad de que el aborto puro y simple fuera aprobado, optó por una salida moderada y viable: El aborto condicionado por tres causales.

Aunque el proyecto vuelve al Congreso y con ello continúa nuestra lucha, celebramos hoy la observación hecha por el presidente Danilo Medina. Si lográsemos el consenso de las dos terceras partes de las matrículas de las cámaras legislativas a favor del aborto por las tres cuales (#Abortox3causales) es muy probable que no volvamos a tener más “Esperancitas” en nuestro país, ni más niñas pariendo criaturas producto de estupros.

Luchamos por tres causales para que el aborto sea permitido en República Dominicana, sin embargo, esas tres causales victimizan a la mujer. Al menos en dos de las tres causales planteadas, la mujer es vista como objeto-victimizado: Cuando su vida peligra (está en riesgo de muerte, débil, afectada, enferma) y cuando la criatura es producto de una violación sexual (es un ser débil frente a otro más fuerte y/o con autoridad).

En ninguno de los tres escenarios planteados la mujer tiene potestad, sino que ésta es ostentada por médicos y personal del Ministerio Público. Los médicos decidirían si la mujer puede abortar en caso de que su vida corra peligro o la criatura padezca malformación congénita; y en el caso de las violaciones sexuales, las niñas y mujeres abusadas que queden embarazadas tendrían que demostrar que han sido violadas, y así no ser perseguidas judicialmente tras abortar.

En el caso de las niñas víctimas de incesto, las familias que decidan no denunciar al agresor para no “destruir” la unidad familiar, éstas quedarían desamparadas por parte del Estado, pues no podrían acceder al aborto legal y seguro, y al practicar éste  de forma clandestina se pondrían en riesgo su salud reproductiva y  vidas, y las consecuencias legales de ese aborto no justificado ante las autoridades no necesariamente sobre caerían en el victimario, sino en el personal médico y el adulto que lleve a la  niña hasta el centro de salud o la “comadrona” y pague por el servicio.

Como se puede ver, en el escenario más halagüeño, la mujer dominicana seguiría sin ser dueña de su cuerpo y su destino, continuaría requiriendo el consentimiento o permiso de la autoridad para disponer de éste y diseñar su vida (una autoridad históricamente ostentada por el hombre y los estamentos del Estado que él como género ha dominado).

Cuando en República Dominicana el aborto sea permitido sin condición –con excepción de las contenidas en el protocolo médico-, entonces podremos hablar de un derecho obtenido mediante el fortalecimiento del género femenino y no su victimización como está ocurriendo en la actualidad, pero como decía la periodista italiana Oriana Falacci en ‘Carta a un niño que no llegó a nacer’: No existe nada peor que la nada. Ante la iniciativa de las iglesias de constitucionalizar y criminalizar el aborto en sentido general, lograr la despenalización por las tres causales es una gran victoria que salvaría muchas vidas, en su mayoría madres pobres que hoy desprotegidas dejan niños en la orfandad.

El aborto no es nuestra meta, el objetivo perseguido es la igualdad y el desarrollo de la mujer. Para ello se requiere educación sexual en las escuelas y colegios, métodos anticonceptivos asequibles tanto a mujeres como a hombres de todas las edades y  clases sociales, y como último recurso, la posibilidad del aborto en caso de que la niña o mujer no esté en condiciones de llevar a término el embarazo.

Despenalizar el aborto por las tres causales, no es una imposición a que mujeres cuyas vidas peligren se les practique un aborto, o a que todo niño malformado desde el vientre sea abortado, o a que todo feto producto de una violación sexual sea arrancado del útero de la víctima, no. En esos tres escenarios planteados, la mujer o su familia (en el caso de las niñas) decidirán si desean o no el aborto.  No se obligará a ninguna cristiana o evangélica a abortar, como ningún cristiano o evangélico debe impedir que las niñas y mujeres que sí deseen acceder al aborto por estos motivos, así lo hagan.

Es una cuestión de derechos. Unos plantean el derecho de la vida recién formada en el vientre, del que no podría disponer la madre según las iglesias y la Constitución, pero de aprobarse el aborto por las tres causales en el Código Penal (un reconocimiento a la dignidad de la mujer), los grupos pro vida deben respetar el derecho de las niñas y mujeres que sí decidan acceder al aborto, pues como ellos aducen: El derecho propio termina donde comienza el derecho ajeno.

Es tiempo de que la sociedad dominicana dé otro paso de avance en materia de derechos de la mujer, no estamos dispuestas a seguir siendo el receptáculo paciente de espermas y legislaciones machistas. Con este inicio de siglo apostamos a un cambio transformador para nuestras vidas, Ustedes legisladores están compelidos a decidir si se suman a nuestro proyecto de desarrollo paritario o le dan la espalda a un derecho no reconocido que gime desde las entrañas de la madre tierra.

¿Congresistas o encomenderos?

El papel que la iglesia de hoy pretende juegue el Estado fue aquel rol de los encomenderos en la época de la colonia, cuando disfrazado de un plan de evangelización, la corona española –dirigida por dos llamados católicos- patrocinó la expoliación, tortura y exterminio de la raza aborigen en esta isla

Por Patricia Báez Martínez

Tanto en la política como en la religión los textos son interpretativos. Así como los libros, pasajes y versículos de las sagradas escrituras tienen diferentes interpretaciones para cristianos católicos y protestantes y sus ramificaciones, de la misma forma los artículos, párrafos, numerales y letras de la Constitución dominicana que versan sobre la vida y el aborto, tienen diferentes interpretaciones que cada grupo, a favor y en contra de éste, esgrime para lograr sus objetivos en un momento crucial para la nación.  Es lo que acontece con el tema del aborto. Las feministas y médicos entienden que está prohibido, mientras algunos congresistas atisban a ver grietas por donde se podría colar el aborto terapéutico en caso de que la vida de la madre esté en peligro.  Nada más ambiguo y difuso en un tema tan vital.

La Constitución de la que hoy disfrutamos, calificada por algunos de progresista, adolece de una gran contradicción en lo que respecta a la mujer y los derechos y deberes que en su condición de ser reproductor, le atañen. Veamos:

En el artículo 38, sobre la dignidad humana, la Constitución resalta que “la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”, y en el literal 4 del artículo 39 el texto es explicito en cuanto a la igualdad ante la ley del hombre y la mujer: “Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres”. Nada más contrario al respeto y protección de la dignidad humana y de la igualdad entre hombres y mujeres que obligar a una niña o adolescente a traer al mundo el fruto de un abuso, violación sexual e/o incesto, con las agravantes físicas y psicológicas más allá de las morales y  sociales.

Si la condición de la mujer dominicana se analizara solo a través de esos dos preceptos constitucionales antes citados, estuviese ella actualmente disfrutando de unos derechos constitucionalizados que la ubicarían a la par de las ciudadanas de naciones de desarrollo medio. Nada más lejano. Todo hasta aquí ha sido lo que damos en llamar ‘adornos constitucionales’. La médula de la condición y situación de la mujer nacional se halla en el artículo 37 donde se la condena no solo a traer al mundo el fruto de relaciones no consentidas y/o violentas, productos con malformaciones congénitas, sino todo ser que se haya concebido en su vientre, sin importar si pone en peligro su propia vida.

Algunos amanuenses de congresistas han intentado confundir a la sociedad, al señalar que en la Constitución sí se contempla el aborto terapéutico, y para ello se basan en el artículo 42, sobre el derecho a la integridad personal: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas”. ¿Cómo es posible que la Constitución, la máxima jurídica de un país, se contradiga a sí misma?

La iglesia y el aborto

La iglesia, en especial la Católica, ha sido la más ferviente defensora de la ley que modificará el Código Penal Dominicano, cuyos artículos 107, 108 y 109 fueron observados por el Poder Ejecutivo a favor de las mujeres. Como mujer creyente había sido adoctrinada en el sentido de que la salvación es individual no colectiva, es decir, cada uno de nosotros habrá de rendir cuentas de forma individual.  Citas bíblicas como San Juan 3:16, Romanos 10:910, San Juan 11:25 y 5:24 y Apocalipsis 3:20-21 se refieren a la salvación en primera persona y no en cuarta (nosotros), y ha sido el elemento persuasor por excelencia de las religiones para obtener más fieles.

Cuál es el afán si la rendición de cuentas es individual. A ese paso la siguiente razón de las iglesias para oponerse a las observaciones y enfrentar al Presidente ha sido la defensa de la vida, un tema en el cual el revolucionario Papa Francisco se ha mantenido incólume. El sumo pontífice le ha tendido un ramo de olivo a los gay de fuera y dentro de la iglesia, ha dicho que el infierno no existe, es partidario de la profundización de las discusiones sobre el rol de la mujer en la iglesia, le ha puesto cara –solo cara- a la pederastia en la iglesia, pero no transige con la vida. Y lo respetamos.

Ahora bien, la iglesia dominicana debe, en consonancia con el Papa Francisco, darse cuenta de que vivimos en el siglo XXI, y de que las mujeres, además de seguir avanzando en al obtención de nuevos derechos y la ampliación de los ya existentes demanda ‘opciones de vida’, qué es esto: Que mientras las iglesias se oponen a un Código Penal que le de la opción (no es obligatorio) de un aborto seguro a la mujer en condiciones excepcionales; las iglesias pretenden imponer su visión, no solo a su feligresía, sino a toda una sociedad, crea o no en Dios. Nada más autoritario y abusivo. Mientras a las mujeres creyentes los grupos que defienden los derechos de la mujer no les están pidiendo abortar en las citadas excepciones, los líderes religiosos sí se sienten  con la potestad –en base al poder político otorgado mediante el Concordato- de someter a las no creyentes y creyentes liberales a dar vida cuando su integridad física y su dignidad están amenazadas.

Recordamos pues, el papel que la iglesia de hoy pretende juegue el Estado fue aquel rol de los encomenderos en la época de la colonia, cuando disfrazado de un plan de evangelización, la corona española –dirigida por dos llamados católicos- patrocinó la expoliación, tortura y exterminio de la raza aborigen en esta isla.

Para que la historia los absorba

El almirante Cristóbal Colón fue el primer encomendado por los reyes Fernando el Católico e Isabel la Católica para evangelizar en La Hispaniola e islas adyacentes. Tras su primer viaje dejó levantado el Fuerte de la Navidad, destruido, se dice, por el cacique Caonabo, quien se habría molestado porque los intrusos, además de hurtarle los alimentos a los aborígenes, tomaron sus mujeres. Tras vengarse y atemorizar a la población taína, el navegante continuó su caza furtiva de mujeres. Uno de sus acompañantes en el segundo viaje, Diego Álvarez Chanca, narra en sus memorias que, para noviembre de 1493, “tomamos (de las islas caribes) más de veinte mujeres cautivas que luego el Almirante repartió como sirvientas entre sus acompañantes”. (Pons, 2012).

Otro de los acompañantes de Colon en ese viaje lo fue Miguel de Cúneo, quizá el primer hombre que le propinó una golpiza a una mujer en estas tierras, según los registros. El propio Cúneo narra en sus memorias: “Estando yo en la barca tomé una cambala (caribe) bellísima, la cual me regaló el Señor Almirante; y teniéndola en mi camarote, al estar desnuda según su usanza, me vino deseo de solazarme con ella; y al querer poner en obra mi deseo, ella, resistiéndose, me arañó,  de tal modo con sus uñas que yo no hubiese querido entonces haber comenzado; pero visto aquello, para deciros el final, agarré una correa y le di una buena tunda de azotes, de modo que lanzaba gritos inauditos que no podrías creer. Por último, nos pusimos de acuerdo de tal manera que os puedo decir que de hecho parecía amaestrada en la escuela de rameras”.

El historiador Frank Moya Pons destaca que el tema de la posesión de las mujeres fue un tema de conflicto entre aborígenes y conquistadores, pero no solo eso, es que los beneficios no eran solo “solazarse” con las nativas, sino que el estar en concubinato con una de estas mujeres le daba ciertos beneficios al colonizador ante los demás subyugados. Esa visión instrumentalizada de la mujer es la reproducción de un sistema patriarcal que se reflejaba y aún lo hace en la iglesia y en el proyecto de “Nuevo Mundo”.

Para aumentar los caudales de oro enviados a España, empresa por la que fueron sobreexplotados los nativos –de 1 millón de taínos, en unos 52 años pasaron a ser un poco más de un centenar -, los católicos evangelizadores idearon las “Guerras Justas”, con ellas se capturaban indígenas de Cuba, Puerto Rico, Jamaica, México, y las costas venezolanas, para obligarlos a trabajar en la industria aurífera. La mujer aborigen no escapó al trabajo forzado de las minas; el hecho de ser un instrumento sexual no la eximió de ser explotada en las minas, los trapiches y en las labores domésticas.

Citando a John Carter Brown, Pons refiere que “Fernando el Católico estaba más interesado en las remesas en metálico que debía recibir la española que en el bienestar o cristianización de los naturales”, y para mantener y aumentar las remesas no se escatimaba castigo ni tortura:

 “Hacían unas horcas largas que juntase casi los pies a la tierra, y de trece en trece, á honor y reverencia de nuestro Redentor de los Doce Apóstoles, poniéndoles leña y fuego los quemaban vivos”, escribió  Bartolomé de las Casas.

Después que Fray Antón de Montesinos tronara, el rey intentó enmascarar el genocidio aborigen  y tras varios fracasos y argucias reales logró sacar las Leyes de Burgos. En estas quedaba establecido que “se quemarían las antiguas aldeas indígenas para evitar que éstos (los indígenas) regresaran; “el periodo anual de trabajo para los indios ha de ser de dos etapas de cinco meses cada una, con cuarenta días de descanso entre ellas, durante los cuales los indios pueden ir a sus casas, donde estarían obligados a trabajar en sus labranzas”; los servicios religiosos, el supuesto móvil de la colonización, serían solo los domingos y días feriados; y los encomenderos también debían obligar a los nativos a rezar al amanecer y al atardecer.

Esas leyes, que si bien seguían siendo injustas, iban a regular la situación de los taínos, nunca fueron aplicadas porque se afectaban los intereses de la colonia y de la turba de vagos y criminales que, discriminados por una sociedad española decadente en la que todos los beneficios eran para el rey y sus allegados, vinieron a estas tierras en busca de aventura económica y –de paso- sexual.

Este recorrido histórico es para subrayar que para la iglesia católica la mujer es un ser inferior al hombre, y esa supuesta inferioridad está dada por el aspecto físico: Menos fuerza bruta y capacidad reproductora. De ahí que poseer un útero convierta indefectiblemente a la mujer en una suerte de incubadora, sin importar si la criatura es fruto de una violación e/o incesto, y si peligra su propia existencia. Y son ellos, los que impiden a las mujeres tener derecho sobre su sexualidad y su cuerpo, quienes las violentan. Ellos son curas, sacerdotes, legisladores, funcionarios de toda clase, profesores, y otros. Razonado el tema a la luz de los cientos de feminicidios que ocurren cada año, estamos ante un nuevo genocidio, el genocidio de género.

En buena lid:

Que las iglesias hagan lo suyo

Que los congresistas hagan lo suyo

Que el Presidente haya lo suyo

Y nosotras haremos el resto.