La comentarista hizo un recuento de posiciones y casos cuestionables en los escasos siete meses de Gobierno en los que la DIGEIG no ha dicho ni hecho nada.
1er caso: El director de Minería,
Alexander Medina, fue empleado de la Falconbridge por 35 años, por lo que es
pensionado de esta empresa que quiere explotar, a toda costa, loma Miranda.
Recientemente el funcionario dijo que la explotación de loma Miranda no causará
daño al ambiente de La Vega, y privilegió que la minera explote la zona y saque
los 18 millones de toneladas de oro para que ésta se pueda mantener por 20 años
más en el país.
“Es necesario que se esclarezca
cual es el principio que debe primar en la Dirección de Minería, si el
economicista, es decir, obtener recursos a cualquier costo, o aprovechar los
recursos mineros acorde a un plan de sostenibilidad ambiental y económica”,
expuso la comunicadora en El Gobierno de la Mañana (5:00 a 6:30 am).
2do caso: El ministro de Obras
Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, quien siendo un importante
funcionario del Gobierno, hombre de confianza Danilo Medina, a través de su
empresa privada, Helidosa, mantiene un contrato con la Barrick Gold, la minera
que explota la mina de Pueblo Viejo en base a un contrato leonino que apenas da
el 3.2 % de los beneficios al Estado dominicano, y con la cual el país y el
Gobierno tienen conflictos de intereses.
"Como dijimos ayer, este
funcionario viola el artículo 135 de la Constitución, varios artículos de la
ley 41-08 de Función Pública y el Código de Pautas Éticas que el Consejo de
Gobierno aprobó el 22 de agosto pasado, sin embargo, ¿quién lo interpela, quién
lo cuestiona e investiga? Nadie”, porque –como explicó- quien debe investigar
estos conflictos de intereses y hacer recomendaciones, también viola las
legislaciones dominicanas.
3er caso: El director de la
Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el propio
Vincho Castillo, viola -como mínimo- los numerales 2, 9 y 16 de la Ley 41-08
sobre Función Pública, al abogar porque el Estado dominicano honre el contrato
con la ICCSI para la instalación de sistemas de Rayos X en los puertos, uno de cuyo accionistas es el médico Salomón Melgen, quien tiene
una relación de parentesco con él. Tanto el fenecido Miguel Cocco como Rafael
Camilo, ex directores de Aduanas, consideraron el contrato lesivo al interés
nacional.
“Esto es como que la iglesia esté
en manos de Lutero o que el coyote cuide
las gallinas en este país. ¿Cómo va Vincho Castillo a investigar y a disciplinar
a los funcionarios corruptos si él comete actos de corrupción en el ejercicio
de sus funciones?”
Patricia Báez recordó que la
DIGEIG tiene un departamento, de Investigación y Seguimiento (DIS), el cual –según
la propia página web de la institución- es el encargado de recibir e investigar
las denuncias hechas por ciudadanos o por rumor público, por supuestas
violaciones al régimen ético, disciplinario y de prohibiciones establecido en
la Ley 41-08.
El numeral 2 del artículo 84 de la Ley 41-08 tipifica la acción de Gonzalo Castillo como lesiva a los intereses del Estado, pasible de destitución, por lo que la comunicadora le recomendó al funcionario rescindir el contrato con la minera o renunciar al cargo, de lo contrario, el Presidente puede destituirlo. Sin embargo, ni el Presidente ni el director de Ética se han pronunciado al respecto, mientras el mandatario anuncia otro código, esta vez para evitar las muertes maternas.
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