Baní, Provincia
Peravia.- La
periodista Patricia Báez Martínez denunció una serie de irregularidades y
atropellos que se han venido produciendo en la Unidad de Atención a Víctimas de
Violencia de Género de Baní, las cuales estarían siendo orquestadas por el
padre de su hija menor, Yoni Cruz, y su esposa, la periodista Rosario Medina
Gómez.
La periodista expuso que procurando que ella no viera más a
su hija, el padre de ésta la acusó de manera aviesa de haber sostenido
relaciones sexuales delante de ella y solicitó una orden de protección a favor
de la menor, la cual se estaba conociendo en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes
(NNA) de Baní, caso que fue declinado al Tribunal de NNA del Distrito Nacional
sin haberse tomado ninguna decisión.
“Concomitantemente a eso, él fue a la Unidad de Atención a
Víctimas y me puso una denuncia en ese sentido el 30 de agosto del año pasado,
y fue el 23 de febrero cuando me enteré de esto, porque yo misma, sin que me
citaran, fui a la unidad. Allí la fiscal Aurelina Cuevas me dijo que esa
denuncia fue desestimada porque se veía halada por los cabellos.
Dos días después voy a buscar la certificación del desestimiento y me encuentro
con la sorpresa de que la denuncia no fue desestimada, de que la investigación
seguía abierta y había hasta una orden de arresto contra mí”, refiere la
periodista, quien sostiene que el padre de su hija se ha propuesto destruirla
sin importar el costo.
Entre las incongruencias del expediente, se encuentran que la
fiscal solicitó orden de arresto por exhibicionismo o violación al artículo 333-1
del Código Penal, pero la orden de arresto es emitida por una juez interina por
supuesto maltrato físico a la menor. En la audiencia del día 8 de abril, para
conocer la medida de coerción, la fiscal Georgia Teresa Abreu Matos varió la
tipificación de exhicionismo a maltrato físico (309-1 y 351-2 del CPD) para
poder estar acorde con la jueza y tener un caso, pues el exhibicionismo es
penado cuando es público.
Báez Martínez refiere que fue Georgia Teresa Abreu Matos, por
encima de la investigación que realizó Aurelina Cuevas del caso, quien solicitó
la orden de arresto y tomó la decisión de fusionar una denuncia por violencia
psicológica que interpuso ella en contra del padre de la menor (de la cual no
le dieron ni la copia que le correspondía) con la denuncia hecha por el padre
de la menor contra ella.
“Ese lunes 4 de marzo, estuve cinco horas detenida en la
Unidad de Violencia de Género hasta ser llevada ante el juez de la Instrucción,
pero en realidad era para que Georgia Teresa Abreu Matos me citara directamente
para que fuera a la Unidad de la Rómulo Betancourt donde me notificaron una
orden de protección a favor de él, por amenaza a la integridad física, a pesar
de que yo había ido allí (a la unidad de Baní) cinco veces por mis propios pies
a enfrentar la denuncia”.
La profesional de la comunicación también sostiene que en la
Unidad de Atención a Víctimas de Baní nunca le leyeron la denuncia ni los
cargos en su contra, y la magistrada Abreu Matos, ante la solicitud que la periodista
hizo en este sentido, le dijo que cuando llegara ante el juez de la Instrucción
podría tener acceso a su expediente.
Luego, el día 8 de abril, cuando se conoció la medida de
coerción, a pesar de que el abogado de la periodista le solicitó a la
magistrada Abreu Matos que no la enviara a la cárcel preventiva de Paya, pues
el dispositivo de la sentencia no había salido ni había dónde comprar sellos de
Impuestos Internos a las 4:00 de la tarde para pagar la fianza, ésta dijo que
no podía hacer nada al respecto porque su jefe no estaba para tomar la
decisión.
Sin embargo, entre los presupuestos presentados por Báez
Martínez figura una carta notariada y firmada por el reconocido arquitecto
banilejo Ismael Díaz Melo, en la que se compromete a ser el garante de que la periodista
no se sustraería del proceso, así como una certificación de la Segunda Sala
Civil del Tribunal de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Nacional que da
cuenta de que ella ha asistido todas las veces que ha sido citada para conocer
el proceso de guarda de su hija menor.
Es de esa forma como la periodista Patricia Báez Martínez
pasa 24 horas en la supuesta cárcel preventiva de Paya, junto a 16 mujeres en
un espacio de 9 metros cuadrados.
A todo esto, la profesional denunció de manera formal y
documentada a la fiscal Georgía Teresa Abreu Matos en la Procuraduría General (Procurador
General, Departamento de Persecución del Ministerio Público y Fiscalía de Baní),
pero en el Departamento de Inspectoría del Ministerio Público –órgano que se
encarga de investigar a los fiscales- no le quisieron recibir la denuncia
alegando que de recibírsela, la iban a desestimar.
La profesional entiende que existe una serie de abusos contra
la mujer en su caso, que empiezan cuando
el padre de su hija la violenta psicológicamente con estos procesos, a los que
arrastra también a su propia hija de 11 años, la cual ha sido vista por cinco
psicólogos durante el último año, razón por la cual la madre puso una denuncia
en Conani metropolitana, institución de la cual tampoco ha recibido respuesta,
pues ella considera que a la menor hay que protegerla, ya que ésta le confesó
que el padre la llevó engañada a Baní a la evaluación psicológica diciéndole que
esa entrevista era para la guarda, mas era una denuncia en lo penal contra la
madre.
Los abusos contra la mujer continúan cuando Cruz denuncia a
la fiscal Cecilia Báez para que no subiera junto a él a solicitar la orden de
protección a favor de la niña, y también cuando manipula para que la fiscal
Aurelina Cuevas sea suspendida e investigada por no haber cedido a sus
presiones de mandar a buscar presa a la periodista Báez Martínez.
“Yo espero que alguna autoridad, si es que existe, le ponga
un freno a este individuo, que sin tener un peso en el bolsillo, utiliza sus
relaciones -sus influencias- y ahora las de su esposa, para hacer daño, sin
importar que el daño mayor se lo causa a su propia hija. ¿Qué hubiese sido de
nosotras si ese hombre tuviera dinero?” Cuestiona la profesional.
