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martes, 12 de noviembre de 2019

Hay más fiscales corruptas en todo el país


Aurelina Cuevas Román, después de desestimar una denuncia en contra de la periodista Patricia Báez Martínez, ahora presenta pruebas contra ella por el mismo hecho

Era el viernes 23 de febrero de este año, esa mañana decidí salir a investigar dónde era que supuestamente se me estaba investigando por abuso sexual contra mi niña de 12 años. Pasé por la fiscalía de NNA y me dijeron que allí no había nada contra mí, que fuera a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, en el barrio 30 de mayo, y así lo hice. Al preguntar, me informaron que sí, que en agosto de 2018 el padre de mi hija había puesto una denuncia en mi contra por abuso sexual, maltrato físico y abandono contra una menor de edad, pero que eso fue desestimado, “porque la niña iba por un lado y el padre por otro”, dijo textualmente la fiscal Aurelina Cuevas Román, quien había recibido la denuncia; y agregó: “Esa gente, el padre y la esposa, vinieron mucho aquí para que a usted la mandaran a buscar presa, pero yo consideré que eso era un abuso”. Le pedí una certificación de esa desestimación, pero como la secretaria ese viernes había pedido el día libre, me dijo que fuera el lunes 26. Ese lunes tenía audiencia en el Tribunal de NNA de la Pedro Livio Cedeño, donde se discutió la guarda, pero antes de salir fui a la fiscalía por la certificación. Cuando Aurelina Cuevas Román llegó pidió le buscaran el expediente, al rato me mandó a buscar, y muy compungida, me dijo: “Yo le dí una información errada, el caso no está desestimado, de hecho hay una orden de detención en su contra”. Me quedé pasmada. “Considero que lo que se está haciendo contra usted es injusto”, volvió a reiterar. Como tenía audiencia ese día, me dejó ir, quedamos que en cuanto yo llegara a Baní, me pondría a disposición de la UAVVG.

Al yo decir, a través de mis denuncias en las redes, las valoraciones de Cuevas Román sobre la denuncia aviesa en mi contra, fue suspendida por varios meses. Entonces inició la contienda entre su ex jefa y yo, Georgia Teresa Abreu Román, la cual denuncié en diferentes instancias, aunque Bolívar Sánchez no quiso recibir la denuncia en la Procuraduría, y fue separada del puesto. Primero estuvo en la Fiscalía de Baní como asistente del Procurador Fiscal y luego la mandaron para Azua, a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de ese municipio, para que siguiera abusando de otras mujeres, cambiando testimonios de niños para solicitar órdenes de arresto. Pues fue ella, quien por encima de Aurelina Cuevas Román, tomó el expediente, cambió el testimonio de mi hija para pedir una orden de detención dizque por exhibicionismo.

La niña fue llevada a cámara Gesell en San Cristóbal, a pesar de que me opuse porque sabía que iba a ser una tortura para ella. Y fue llevada totalmente manipulada por el padre y su esposa, pero a pesar de eso, todo salió bien, porque mi hija es un ángel (lo mejor dentro de lo peor) y porque oré mucho y pedí unción del Señor en ese lugar. De las cuatro acusaciones, solo una mantuvo la niña: Que le daba con todo y por todo. Y admitió, una vez más, que dice mentiras, así como que su padre le informa de mis publicaciones en Facebook y que deja los expedientes del caso rodando por la casa y ella los hojea. Ése video es la única prueba válida contra mí en ese caso.

Sin embargo, hoy, la titular de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de Baní es Aurelina Cuevas Román, sí, la misma fiscal que me dijo que había desestimado el caso porque la niña iba por un lado y el papá por otro, y que consideraba injusto lo que se me estaba haciendo, y ella va a presentar cargos contra mí el lunes 16 de diciembre.

Las pruebas en mi contra son:

1- 1  El testimonio del padre (testimonio interesado en desaparecerme de la vida de mi hija).
2- 2  Testimonio de la trabajadora doméstica de la casa del padre (que nunca ha ido a mi casa ni me conoce, y cuyo video donde ella cuenta lo que la niña supuestamente le contó, lo graba su padre y la esposa sin ser ellos parte del Ministerio Público ni tener auto de un juez para colectar esa prueba).
3- 3 El acta de nacimiento de la niña (que lo único que prueba es que ella existe y quién es).
4-  Reporte de rendimiento escolar del Colegio Dominicano de La Salle (a ver qué tiene que ver eso con lo que se me acusa).
5- Un CD contentivo de la entrevista en la cámara Gesell (que más que hundirme, me salva, y que tendrá que ser admitido también como prueba a descargo).

Me preguntaba indignado mi adorado Orbis Beltré: “¿Pero es que esa fiscal no tiene oficio?” No lo creo. Me parece que ella le teme al padre de mi hija, porque conoce las influencias que él maneja, pues ya una vez la hizo suspender, y ella le tiró ese bulto al juez, para que cuando hagan una archivo definitivo del caso, él no vaya en contra suya. Muy inteligente de su parte, y la apoyo –en este instinto protector- porque considero que ella también ha sido víctima colateral de la violencia que se ejerce contra mí. La otra posibilidad es que Cuevas Román esté recibiendo órdenes del fiscal Darío Tejeda Fabal, quien es un brazo ejecutor de las maldades del senador Wilton Guerrero en el municipio.

(Haciendo un paréntesis: Después de la destitución de Cecilia Báez de la UAVVG de Baní, a finales de marzo de 2018 (1 año y 8 meses), ya van tres (3) titulares de la unidad: Georgia Teresa Abreu Matos, Praxísteles Méndez Segura y ahora Aurelina Cuevas. ¿Está caliente la silla? Parece que solo el fundillo de Cecilia Báez podía contener las órdenes del brazo ejecutor del cacique de Peravia). Recordar que Cecilia Báez fue la fiscal que solicitó medida de coerción –por violencia de género- contra Vantroi Suazo, el pupilo de Wilton Guerrero, quien  estando aún preso fue designado por el Presidente Danilo Medina secretario de la Juventud.

Gasté 5,000 pesos dominicanos y un mes de esfuerzo denunciando a Georgia Teresa Abreu Matos y conseguí que la quitaran del puesto, lo que hicieron en silencio, mas yo me encargué de pregonarlo, para que las mujeres de este  país sepan que es posible quejarse de las autoridades y hacer que sean removidas de sus cargos. Sin embargo, luego la mandaron al mismo puesto, pero en Azua. Pudiera volver a gastar lo mismo e invertir igual esfuerzo, y hacer que quiten a Aurelina Cuevas Román, por incoherente y sospechosa de corrupción –y conste que la corrupción no es solo recibir dinero-, pero ¿Para qué? ¿Para que la manden a la UAVVG de Nizao?

Hoy la Procuraduría General de la República pretende lavarse las manos por las muertes de Anibel González y Juana Domínguez en San Pedro de Macorís, a causa de los delitos de una red de mafiosos de la Fiscalía de esa jurisdicción, cuya  figura visible es la fiscal Margarita Hernández, pero no se las pueden lavar. Las manos del Procurador Jean Alain Rodríguez, de Ana Andrea Villa Camacho, de Bolívar Sánchez, y otros tantos funcionarios corruptos más, están sucias de la sangre de mujeres víctimas de la violencia machista.

A mí me critican porque denuncio los atropellos en mi contra por las redes sociales, ¿Pero qué hubiese sido de mí, si no denuncio por esta vía? ¿Si no pongo en evidencia a mi fino agresor? Que sepa yo, ni Anibel González ni Juana Domínguez, ni muchas otras víctimas del odio machista, han usado esa vía. A veces me pregunto: ¿Me han salvado las redes? Él podrá tener 30 órdenes de alejamiento a su favor (mi madre dice sobre esto: ¿Y quién quiere acercarse a él?), pero todo el mundo sabe, que si me pasare cualquier cosa, él es el primer y único sospechoso.

Si voy a morir por ser mujer y madre, y defenderme, y defenderla, prefiero morir de pies, y no de rodillas. Que cada quien cargue con su culpa.

miércoles, 22 de mayo de 2019

Destituyen de puesto fiscal denunciada por periodista Patricia Báez Martínez



La profesional de la comunicación agradece al director del departamento de Persecución del Ministerio Público, Fernando Quezada García, quien le recibió la denuncia, pues en el departamento de Inspectoría, que dirige Bolívar Sánchez, se negaron a aceptarla

Baní, provincia Peravia.- La fiscal adjunta de la jurisdicción de Peravia, Georgia Teresa Abreu Matos, fue removida como titular de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género del municipio de Baní, provincia Peravia, a inicios de este mes de mayo, y en su lugar fue designado Praxísteles Méndez Segura, quien fue trasladado de Azua hacia Baní.

Abreu Matos fue designada en el cargo en abril del año pasado, en sustitución de Cecilia Báez. Aunque algunos le atribuyen haber mejorado la razón de ser de la unidad, varios abogados y ciudadanos se quejaron de haber sido maltratados por Abreu Matos, entre ellos la periodista Patricia Báez Martínez, quien la denunció ante el departamento de Persecución del Ministerio Público en Santo Domingo.

“Estaba siendo supuestamente investigada a mis espaldas, el caso fue desestimado por la fiscal que lo manejó, y después de eso, la fiscal titular lo retomó, variaron declaraciones de mi hija en la entrevista con la psicóloga y solicitaron una orden de arresto, que fue emitida el 25 de octubre de 2018 y todavía en marzo no se había ejecutado”, explicó Báez Martínez, quien pasó 24 horas detenida junto a 17 mujeres en la cárcel preventiva de mujeres de Baní (una habitación mugrosa de 3x3 metros cuadrados en Paya, Baní) en espera del dispositivo de la sentencia para pagar la fianza.

“A pesar de tener un garante como el arquitecto Ismael Díaz Melo, y de que yo había dado la cara al proceso -pues nunca tuvieron que llamarme ni citarme ni irme a buscar a mi casa-, la fiscal Abreu Matos quiso que yo durmiera en la cárcel preventiva para así vengarse de la denuncia que le puse”.

La periodista dijo también que no le interesa que los funcionarios del sistema judicial le teman, pero sí que hagan su trabajo de manera correcta y con ética, respetando las leyes, los reglamentos y protocolos judiciales.

Aprovechó la ocasión para agradecer al director del departamento de Persecución del Ministerio Público, Fernando Quezada García, el único funcionario en la Procuraduría General de la República que le recibió la denuncia contra Abreu Matos, y le prometió estudiarla y tomar una decisión al respecto.

jueves, 9 de mayo de 2019

Un abuso legal contra la mujer en la Unidad de Atención a Víctimas de Baní


El 30 de agosto del año 2018, el padre de mi hija, el señor Yoni José Cruz, puso una denuncia en mi contra en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar de Baní, por alegadamente haber sostenido yo relaciones sexuales de manera intencional delante de mi hija, entonces de 10 años. Supe de esta denuncia formal (la conocía de oída pero no sabía que cursaba una denuncia en una unidad) el 23 de febrero de este año 2019.

En ese interín, la denuncia fue inicialmente DESESTIMADA por la magistrada que conoció el caso, Aurelina Cuevas, quien me dijo: "él y su esposa insistieron mucho en esta unidad para que se ordenara orden de arresto contra usted, pero yo entendí que era injusto".

Sin embargo, el 25 de octubre de 2018, a solicitud de la directora de la Unidad, Georgia Teresa Abreu Matos, es emitida una orden de arresto en mi contra. Aunque Abreu Matos la solicitó por exhibicionismo, la jueza que emitió la orden lo hizo por maltrato infantil (fue más coherente con lo narrado por la niña ante la psicóloga, a donde fue llevada engañada por su padre con la idea de que hablaría mal de mi para que le dieran la guarda a él, no para que yo fuera hecha presa).

A pesar de que esa orden de arresto fue emitida a finales de octubre, el día 25 para ser exactos, no se ejecutó sino el 5 de marzo de este año 2019, todo ese tiempo ese expediente estuvo dormido.

El lunes 3 de marzo (tercera vez que iba por mi propio interés a la Unidad y ya Aurelina Cuevas suspendida por darme la información de que ella había DESESTIMADO el caso), la magistrada Abreu Matos me dijo que fuera al día siguiente temprano, le respondí que sí, pero que aún no tenía abogado. Ese martes, fui temprano a la oficina de una abogada en Baní, fuimos juntas a la Unidad, pero la magistrada Abreu Matos ya estaba en audiencia. Nos retiramos para volver a su oficina a ver si me contactaba a otro abogado, pues, como me dijo, ya no estaba ejerciendo el derecho penal. De ahí, me envió a la Oficina Provincial de la Mujer de Peravia, en donde la abogada que me atendió me dijo que no podía defenderme porque yo estaba acusada, que sólo defienden víctimas. Pero ella llamó a la Unidad, y es cuando me entero de que el padre de mi hija y su abogado están reunidos con Abreu Matos y que me esperan. La abogada del Ministerio de la Mujer me recomendó que fuera a la Oficina de Defensoría Pública antes de llegar a la Unidad, pasé por allí pero no tenían abogados disponibles en ese momento. Me recomendaron que espera hasta las 2:00 pm, le dije al director de la oficina que no, que me estaban esperando, y me fui sola a la Unidad. Allí me esperaban el padre de mi hija, su abogado, y Gegorgia Teresa Abreu Matos. Ella escribía, y empezó a reclamarme por no haber llegado temprano a su oficina. Le expliqué que estaba buscando abogado, que no tenía (era obvio pues llegué sola), pero parecía sorda, seguía reclamándome: si cuando a usted le vayan a conocer la coerción hace lo mismo, el juez, etc. etc. etc. Le pedí conocer la acusación, algo del expediente. Me miró y me dijo que no, que cuando yo llegara a la Oficina de la Instrucción, tendría copia del expediente. Le pregunté por la denuncia de violencia de género que había puesto el día anterior (lunes) contra el padre de mi hija. "esa denuncia la vamos a fusionar con la denuncia que hizo el señor". Le dije que no estaba de acuerdo y respondió: "yo cumplo con informarle nuestra posición".

Me envió con un policía vestido de civil a un cuarto pequeño y con apenas una silla dura, sin ventilación ni abanico, a esperar. Estuve desde las 11:00 am hasta las 5:00 pm alli, cuando ella me envió con otro policía vestido de civil ante el juez de la Instrucción. Claro, antes me hizo firmarle un recibido de una citación del padre de mi hija en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de la avenida Bethancourt en Santo Domingo (es decir, la retención era para dar tiempo a la Unidad de Santo Domingo a citarme a través de ella, en lugar de que el padre de mi hija pagara un alguacil).

Ese día, no fijaron la fecha de audiencia para conocer la medida de coerción, sino al día siguiente, por lo que desde la oficina de la Instrucción me fui a mi casa con mi familia que estaba allí en solidaridad.

Durante el conocimiento de la medida de coerción, el 8 de abril de este año, la magistrada Georgia Teresa Matos Abreu (que no estaba suspendida pese a que yo la había denunciado el 27 de marzo, más de una semana antes de la audiencia) dijo que la Unidad que ella dirige no tenía el deber de informarme que se me estaba investigando, es decir, que la encerrona que me prepararon junto al padre de mi hija durante 6 meses (desde el 30 de agosto de 2018 cuando pone la denuncia, al 23 de febrero cuando me entero), era LEGAL.



Al menos Abreu Matos, en audiencia, varió la calificación de exhibicionismo a maltrato infantil. Sin embargo, al terminar la audiencia a las 4:00 pm, no había cómo comprar los sellos para pagar la fianza ni estaría listo el dispositivo de la sentencia. Ella, pese a yo tener un garante, el arquitecto Ismael Díaz Melo, me envió para la cárcel preventiva de mujeres ubicada en Paya. Allí estuve desde las 5:00 de la tarde del 8 de marzo hasta las 4:00 de la tarde del 9 de marzo, es decir, unas 23 horas.

Esta es la fecha, jueves 9 de mayo de 2019, que no he recibido respuesta sobre mi denuncia por los atropellos que he recibido de parte de la titular de la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar de Baní, pese a haber denunciado el caso ante el Procurador General de la República, el fiscal titular de Baní y el director del Departamento de Persecución del Ministerio Público. Todos están callados, y la magistrada Abreu Matos sigue tan campante como Juancito El Caminador en el Palacio de Justicia de Baní.

martes, 26 de marzo de 2019

Inspectoría del MP se niega a recibir denuncia de periodista Patricia Báez contra fiscal de Peravia


Baní, prov. Peravia.- La periodista y politóloga Patricia Báez Martínez denunció este martes que fue objeto de discriminación por parte de la Inspectoría General del Ministerio Público, cuando personal de esa oficina se negó a recibir una denuncia o copia de ésta contra la fiscal titular de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de la provincia Peravia, Georgia Teresa Matos Abreu.

“En ese departamento me atendió el joven Emil Pérez, quien entró a una oficina a mostrarle la denuncia a una magistrada de la que no dijo el nombre, se supone que asistente del magistrado Bolívar Sánchez, y cuando salió de allí, dijo que no la podían recibir porque si lo hacían, luego la iban a desestimar”, refiere la profesional.

El Reglamento Disciplinario del Ministerio Público establece en su artículo 15 que “La Inspectoría General del Ministerio Público es un órgano permanente encargado de investigar, de oficio o por denuncia, las faltas atribuidas a las y los representantes del Ministerio Público y presentar las acusaciones cuando corresponda”.

La periodista Patricia Báez sostiene que una denuncia que el padre de su hija menor interpuso contra ella en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de Peravia, fue mal manejada y manipulada en perjuicio de su persona y de la propia menor, además de haber sido victima de maltrato, por lo que ha solicitado en diferentes instancias una investigación del caso y del accionar de la magistrada Matos Abreu.

En la actualidad la profesional de la comunicación se encuentra peleando por el régimen de visitas para ver a su hija, pues estuvo siete meses sin hablarle ni verla por negativa del padre de la menor, lo que ella califica de secuestro parental con ayuda del sistema judicial, ya sea por complicidad o negligencia.