La
acusación contra Fernández Reyna no es para que funcionarios de poca monta lo
tomen como chisme o bola de rumor público sobre la cual montarse para rodar; es
un tema de Estado que demanda tomar las medidas institucionales de lugar que
envíen a la sociedad el mensaje de que
no estamos viviendo en un Narcoestado
En los precisos momentos en que la Procuraduría
General de la República eleva una instancia ante la Suprema Corte de Justicia para
aperturar juicio por corrupción administrativa contra el senador Félix
Bautista, el ex convicto Quirino Ernesto Paulino Castillo lanza la acusación
contra el ex presidente Leonel Fernández de haber recibido recursos
provenientes del narcotráfico para su fundación y sus actividades políticas. De
las acusaciones, aún sin probar, de Paulino Castillo la figura que más parece
destacar es la del ex presidente, sin embargo, siempre a su derecha y a la
sombra, resalta la del senador por San Juan. ¿Cómo es posible que el Procurador
no haya tomado nota de esas acusaciones para incorporarlas a la investigación
que dirige a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa? Risible. Y es esta la prueba fehaciente de que en República
Dominicana no existe una política de lucha contra la corrupción administrativa, y cuando se ha hecho ademanes de ésta, es con
sus límites. Ya cuando Guillermo Moreno acusó de corrupción al líder
peledeísta, el Procurador lo dejó claro y por escrito: La lucha contra la
corrupción tiene sus toros sagrados.
Sin embargo, el tema que nos ocupa no se limita
solo a si la PGR, al día de hoy ha debido pronunciarse públicamente sobre las
acusaciones de un narcotraficante confeso contra un ex presidente de la República
–en tres ocasiones-, presidente de la principal fuerza política y posible
candidato presidencial, no, va más allá, se refiere a la responsabilidad del
Estado en la persecución del narcotráfico, el lavado de activos y los límites
de los partidos políticos. Sobre este tema tienen responsabilidad tanto el
Procurador como el actual presidente de la República, los presidentes del
Senado y de la Cámara de Diputados –por su responsabilidad en la aprobación de
la Ley de Partidos Políticos-, el presidente de la Junta Central Electoral, los
presidentes y secretarios generales de las demás fuerzas políticas, la Cámara
de Cuentas, la Dirección Nacional de Ética, la supuesta Defensora del Pueblo,
es decir, este es un tema transversal que toca todo el tejido social, toda vez
que se envía el mensaje de que el narcotráfico estaría coaccionando con los
resortes más delicados de las estructuras de Poder. Siendo conservadores y
conservadoras.
El escándalo creado no se resume a que el Comité
Político del PLD se reúna en la casa de Leonel Fernández. No. Ese tema debió
debatirse en ese organismo, pero en un terreno institucional, en la Casa
Presidencial del PLD. No es un asunto de apoyo político a un líder, Quirino hoy
es tema de Estado. La acusación contra Fernández Reyna no es para que
funcionarios de poca monta lo tomen como chisme o bola de rumor público sobre
la cual montarse para rodar unos días por los medios, sino para que a nivel
institucional se tomen las medidas de lugar que envíen a la sociedad el mensaje de que no estamos
viviendo en un Narcoestado. Algo de ficción tiene la vida, de apariencias. ¿O
es que es tan natural que un ex convicto acuse a un ex presidente de haberse
beneficiado de recursos provenientes del narcotráfico como que un antiguo
sastre de San Juan en diez años exhiba una fortuna injustificable, y que encima
ambos sujetos involucrados estén política y afectivamente relacionados?
Tampoco las organizaciones de la sociedad civil
han hecho presión en ese sentido, como en otros tantos temas de igual importancia
y trascendencia. Dado que es narcotráfico, pocos le meten el pico o se salen
por la tangente diciendo: “Ellos son blancos y se entienden”. Y es que el mal
es tan grande y grave que los más encumbrados comunicadores nacionales eligen
de qué hablar, algunas veces por miedo, otras como respuesta al pago de
sectores y personalidades. Pero a decir verdad, quien ha debido defenderse de
la acusación formulada en su contra no lo ha hecho ni lo hará, porque no es su
costumbre, su modus operandi son los grupos de funcionarios, de abogados y de
intelectuales que le manifiestan apoyo público, y, claro, las turbas.
¿Qué nos quedará como sociedad? Quizá un ex convicto
muerto, un político a quien no le caben más acusaciones pero con potencial para
volver a gobernar en esta sociedad de la información y del conocimiento que él
tanto ha pregonado con cinismo, una burocracia rolliza a fuerza de ocultar
crímenes y delitos de los poderosos, y generaciones de jóvenes y niños que
crecen bajo el slogan “el fin justifica los medios”. ¿Qué es lo diferente en
esta administración de Danilo Medina? ¿Dónde está la distancia entre él y
Leonel Fernández? No aspiramos un Presidente amigo incondicional de ex presidentes,
apelamos –por el mandato que le fue conferido a través del voto- a un Presidente
amigo incondicional de los mejores valores e intereses del pueblo dominicano.
Duele decir, que hasta el momento, Quirino
Ernesto Paulino Castillo (“el Don”) evidencia una fuerte y compleja complicidad
de Estado con el narcotráfico, porque el que calla: Otorga. En términos
jurídicos el caso prescribió; socialmente acaba de empezar.
