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miércoles, 24 de marzo de 2021

La sociedad civil está ayudando al Presidente a hacer el cambio, y es bueno

Las denuncias sobre nepotismo, corrupción y acoso/abuso sexual vertidas a través de medios de comunicación y las redes sociales están ayudando al Gobierno a tomar decisiones. La oposición quiere hacer una fiesta con esto, pero no lo logra, porque al final se toman las decisiones correctas

Por Patricia Báez Martínez

Baní, provincia Peravia.- Aunque los nuevos escándalos sobre nepotismo, corrupción y acoso/abuso sexual que salpican al nuevo gobierno de Luis Abinader inoculan en la población la percepción de que la nación seguirá navegando en las mismas aguas turbulentas del atraso, es esperanzador el hecho de que se están haciendo las denuncias y, en algunos casos, ya se ven las consecuencias para los funcionarios denunciados. Durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), unos 16 años corridos –desde 2004-, se hacían las denuncias y los funcionarios seguían cometiendo los mismos actos de corrupción, sin que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas hicieran absolutamente nada.

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La Dirección de Ética era inoperante, el Ministerio Público fue apenas el instrumento utilizado por el ex presidente Danilo Medina para hacer una cacería de brujas contra sus adversarios,  mientras la Cámara de Cuenta –como se ha descubierto recientemente- no hacía las auditorias o las maquillaba. La nación estaba de manos atadas y postrada.

Ahora el ambiente de la administración pública, aún con sus reveses focalizados y  momentáneos:

La ministra de la Juventud fue removida de la posición, el director del IAD también, el encargado de Aduanas de Santiago por igual, los dos últimos están siendo procesados judicialmente por delitos contra la dignidad de la mujer. Josefa Castillo está siendo denunciada por nepotismo y abultamiento de nómina, al igual que el director del Instituto Superior Comunitario (ITSC). Aún falta ver el desenlace de estos últimos casos denunciados.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) es un partido del sistema tradicional político en la República Dominicana. Aunque se llame moderno y sea de reciente fundación, acarrea los males de su ascendiente el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Esa es la razón por la que se dan estos casos, pese a la intención del Presidente Luis Abinader y su círculo más cercano.

Ante esta situación, la sociedad civil –organizada o no- y entre ella, los medios de comunicación, han asumido un rol de defensa del bien común y de las buenas prácticas políticas, denunciando a los funcionarios que han llegado al gobierno a copiar el viejo modelo político. El Ejecutivo escucha, investiga, y generalmente hay consecuencias, que en algunos casos llega hasta la judicialización de la denuncia.

Es así como el cambio que está proponiendo Luis Abinader conlleva, de manera obligatoria, la participación de toda la sociedad. Y eso es positivo. Es la sociedad civil la que se mantiene vigilante, la que denuncia, la que conmina a actuar a las autoridades competentes en materia de corrupción. Lejos de que el Gobierno se sienta atacado por esa sociedad civil en este tema, debe asumirla como una aliada en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y para establecer el cambio que amerita el país y fue prometido.

De cualquier forma, corresponde al Gobierno distinguir el arroz de la paja, es decir, distinguir cuando las denuncias vienen de la sociedad civil con la intención de corregir los yerros, o cuando la denuncia proviene de la oposición política con el único fin de hacer daño a la imagen del Gobierno.

El país ha cambiado. Esos 16 años de gobiernos peledeístas corruptos llevaron a la sociedad civil al hartazgo, ese hartazgo que se expresó con cacerolazos y en la Plaza de la Bandera y que coadyuvó al triunfo del PRM en los dos procesos electorales de 2020, contra todo pronóstico. Esa sociedad civil es aliada del PRM y el cambio, lo vamos a construir entre todos y todas. Siéntase parte de él, si Usted desea un mejor país.


La autora es periodista y politóloga. 

viernes, 10 de julio de 2020

El PLD, haciendo oposición antes de dejar el gobierno

Por Patricia Báez Martínez

Será el próximo 16 de agosto cuando el Presidente Danilo Medina entregue el gobierno al presidente electo Luis Abinader Corona, pero desde antes se sienten ya los aires de oposición de parte del colectivo morado, que se cree con autoridad moral de trazar pautas  a los nuevos inquilinos del palacio de la Presidencia.
Cuando en las elecciones de marzo el PRM obtuvo el mayor número de alcaldías, el gobierno -a través de instituciones como la Contraloría General de la República y el Banco de Reservas, entre otras; y del Ministerio de Administración Pública (MAP)- limitaron el accionar de los alcaldes de la oposición recién electos dilatando el proceso de reconocimiento de las firmas de los nuevos alcaldes en la entidad bancaria, así como las declaraciones del ministro de Administración Pública advirtiendo a los nuevos incumbentes de que no podían cancelar a empleados de las alcaldías, en especial los que están amparados por la Ley de Carrera Administrativa. Se le olvidó a Ramón Ventura Camejo tomar la misma actitud en defensa de los empleados públicos cuando el gobierno de Danilo Medina sacó de las instituciones públicas a  todo el que oliera a Leonel, como cuando canceló al ex director del hospital Ney Arias Lora, Amaury García Silverio, a pesar de haber éste encabezar una corta y excelente gestión que redujo la deuda con suplidores del centro asistencial de 302 millones de pesos a 85 millones.
Este 5 julio fue la segunda derrota consecutiva del partido oficial en lo que va de año, ya #sevan, pero quieren dejar al PRM atado de manos con una abultada nómina pública (sin contar las nominillas) o que sea visto por los eventualmente cancelados como "el malo de la película", y ellos como sus defensores.

El PRM, al margen de la citada ley, debe hacer valer su derecho de partido ganador, por las siguientes razones:

  1. Todo el que trabaja en la administración pública es consciente de que esos trabajos no son para siempre, que son posiciones transitorias, y cuando hay cambio de gobierno nadie está seguro/a. 
  2. El PRM debe disponer de los empleos públicos para satisfacer la necesidad de trabajo-reconocimiento de sus dirigentes, votantes y seguidores, además de que los nuevos funcionarios necesitan rodearse de personas de su confianza, máxime: que no tengan responsabilidad en actividades corruptas que han caracterizado a esta gestión. 
  3. Los nuevos funcionarios tienen derecho a sacar de las nóminas a las "botellas".
  4. Porque la Constitución, en su artículo 39, consagra el derecho a la igualdad de todos los dominicanos y dominicanas, sin privilegios (numeral 1), por lo tanto, si 600 mil peledeístas tuvieron derecho a trabajo en la administración pública, de la misma manera los dirigentes, militantes y seguidores del PRM tienen ese mismo derecho, exceptuando los empleados adscritos a la carrera administrativa, siempre que éstos no violenten el Código de Trabajo ni los reglamentos internos de las instituciones para las que laboran.
  5. Porque de acuerdo a los informes del Banco Central y del Gobierno, la economía dominicana -bajo los gobiernos de Danilo Medina- se ha robustecido y el sector privado puede absorber sin problemas a los peledeístas que queden sin empleo, además de que el clima de oportunidades creado por esas gestiones gubernamentales es propicio para el emprendimiento. 
  6. Y porque el PLD está evidenciando desde ahora que ya comenzó a hacer oposición sin siquiera estar fuera del poder presidencial y congresual, y bien dice un dicho: "Cría cuervos y te sacarán los ojos".  Pues que los jerarcas del PLD, que pretenden proteger a esos 600 mil empleos, les den empleo en sus empresas a sus protegidos.