Será el próximo 16 de agosto cuando el Presidente Danilo Medina entregue el gobierno al presidente electo Luis Abinader Corona, pero desde antes se sienten ya los aires de oposición de parte del colectivo morado, que se cree con autoridad moral de trazar pautas a los nuevos inquilinos del palacio de la Presidencia.
Cuando en las elecciones de marzo el PRM obtuvo el mayor número de alcaldías, el gobierno -a través de instituciones como la Contraloría General de la República y el Banco de Reservas, entre otras; y del Ministerio de Administración Pública (MAP)- limitaron el accionar de los alcaldes de la oposición recién electos dilatando el proceso de reconocimiento de las firmas de los nuevos alcaldes en la entidad bancaria, así como las declaraciones del ministro de Administración Pública advirtiendo a los nuevos incumbentes de que no podían cancelar a empleados de las alcaldías, en especial los que están amparados por la Ley de Carrera Administrativa. Se le olvidó a Ramón Ventura Camejo tomar la misma actitud en defensa de los empleados públicos cuando el gobierno de Danilo Medina sacó de las instituciones públicas a todo el que oliera a Leonel, como cuando canceló al ex director del hospital Ney Arias Lora, Amaury García Silverio, a pesar de haber éste encabezar una corta y excelente gestión que redujo la deuda con suplidores del centro asistencial de 302 millones de pesos a 85 millones.
Este 5 julio fue la segunda derrota consecutiva del partido oficial en lo que va de año, ya #sevan, pero quieren dejar al PRM atado de manos con una abultada nómina pública (sin contar las nominillas) o que sea visto por los eventualmente cancelados como "el malo de la película", y ellos como sus defensores.
El PRM, al margen de la citada ley, debe hacer valer su derecho de partido ganador, por las siguientes razones:
- Todo el que trabaja en la administración pública es consciente de que esos trabajos no son para siempre, que son posiciones transitorias, y cuando hay cambio de gobierno nadie está seguro/a.
- El PRM debe disponer de los empleos públicos para satisfacer la necesidad de trabajo-reconocimiento de sus dirigentes, votantes y seguidores, además de que los nuevos funcionarios necesitan rodearse de personas de su confianza, máxime: que no tengan responsabilidad en actividades corruptas que han caracterizado a esta gestión.
- Los nuevos funcionarios tienen derecho a sacar de las nóminas a las "botellas".
- Porque la Constitución, en su artículo 39, consagra el derecho a la igualdad de todos los dominicanos y dominicanas, sin privilegios (numeral 1), por lo tanto, si 600 mil peledeístas tuvieron derecho a trabajo en la administración pública, de la misma manera los dirigentes, militantes y seguidores del PRM tienen ese mismo derecho, exceptuando los empleados adscritos a la carrera administrativa, siempre que éstos no violenten el Código de Trabajo ni los reglamentos internos de las instituciones para las que laboran.
- Porque de acuerdo a los informes del Banco Central y del Gobierno, la economía dominicana -bajo los gobiernos de Danilo Medina- se ha robustecido y el sector privado puede absorber sin problemas a los peledeístas que queden sin empleo, además de que el clima de oportunidades creado por esas gestiones gubernamentales es propicio para el emprendimiento.
- Y porque el PLD está evidenciando desde ahora que ya comenzó a hacer oposición sin siquiera estar fuera del poder presidencial y congresual, y bien dice un dicho: "Cría cuervos y te sacarán los ojos". Pues que los jerarcas del PLD, que pretenden proteger a esos 600 mil empleos, les den empleo en sus empresas a sus protegidos.
