En 2010, del total de los municipios a nivel nacional -dos
mil 435-, únicamente cinco por ciento eran gobernados por una mujer.
La persistencia de una cultura política autoritaria y
masculina, la falta de democratización al interior de las instituciones del
Estado, así como la ausencia de una masa crítica de mujeres en puestos de toma
de decisiones y autoridad, genera la limitada participación de las féminas en
los espacios de poder y representación política.
Así lo señaló el investigador del Instituto de Estudios
sobre la Universidad (IESU) de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Martín
Rodríguez Peñaloza, quien refirió que la participación desigual que existe en
México de las mujeres con respecto de los hombres, se ejemplifica en el
ejercicio del poder político en el Congreso Federal.
Al participar en el Primer Congreso Internacional “Género,
derechos humanos y cultura”, organizado por la Unidad Académica Profesional
Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma del Estado de México, marco en el
cual habló sobre la “Discriminación y prácticas de simulación en la
participación de la mujer en la toma de decisiones y/o ejercicio del poder
político”, refirió que las mujeres representan 24.8 por ciento del total de
integrantes de la Cámara de Diputados y 20.3 por ciento en la Cámara de
Senadores.
De igual manera, enfatizó la baja participación de las
mujeres en las alcaldías del país, ya que en 2010, del total de los municipios
a nivel nacional -dos mil 435-, únicamente cinco por ciento eran gobernados por
una mujer.
Es decir, a pesar de que en ese momento la población
nacional superaba los 112 millones de personas, de las cuales 51.17 por ciento
eran mujeres, sólo había 131 presidentas municipales y dos mil 304 alcaldías
eran encabezadas por varones.
El experto comentó que no obstante los avances registrados
en el marco normativo internacional y nacional con respecto a la creación de
leyes, normas y reglamentos para combatir la discriminación, la desigualdad
política de género en México continúa vigente.
Abundó que en la historia del país, la participación de las
mujeres al frente de alguna entidad federativa o jefatura de gobierno del D.F.
apenas llega a seis: Griselda Ponce Álvarez, Colima 1979; Beatriz Paredes
Rangel, Tlaxcala 1987; Dulce María Sauri Riancho, Yucatán 1991; Rosario Robles
Berlanga, Distrito Federal 1999; Amalia García Medina, Zacatecas 2004 e Ivonne
Araceli Ortega Pacheco, Yucatán 2007.
Rodríguez Peñaloza explicó que el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) creado en 1989, aprobó en
1993 la reforma en la que conminaba a los partidos políticos a promover una
mayor participación política; en 1996 hubo reformas que recomendaban a los
partidos políticos considerar en sus estatutos que las candidaturas no
sobrepasarán 70 por ciento para un mismo sexo.
En 2002 se aprobó la obligatoriedad para garantizar que las
candidaturas no excedieran 70 por ciento del mismo sexo, surgiendo así las
cuotas de género, obligatorias en la postulación de candidatos de elección
popular y estableciéndose una porcentaje de 70/30; sin embargo, en 2007 se
estipuló la cuota de género de 60/40.
Este año, enfatizó Martín Rodríguez Peñaloza, se acordó el
establecimiento de una cuota de género de 50/50, sólo que este acuerdo se
aplicará en las elecciones para conformar la LXIII Legislatura, es decir, en
2015.
Puntualizó que el “fraude” a las cuotas de género entre los
institutos políticos y la simulación en el cumplimiento de la cuota de género
se hizo presente en la LXI Legislatura, con las llamadas “Juanitas”, que fue el
caso de 16 renuncias de mujeres electas para diputadas, que cedieron su lugar a
los varones suplentes, por acuerdos y respondiendo a intereses económicos y
políticos de los dirigentes de sus partidos.
Tomado de Diarioportal.com
