El 30 de agosto del año 2018, el padre de mi hija, el señor Yoni José Cruz, puso una denuncia en mi contra en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar de Baní, por alegadamente haber sostenido yo relaciones sexuales de manera intencional delante de mi hija, entonces de 10 años. Supe de esta denuncia formal (la conocía de oída pero no sabía que cursaba una denuncia en una unidad) el 23 de febrero de este año 2019.
En ese interín, la denuncia fue inicialmente DESESTIMADA por la magistrada que conoció el caso, Aurelina Cuevas, quien me dijo: "él y su esposa insistieron mucho en esta unidad para que se ordenara orden de arresto contra usted, pero yo entendí que era injusto".
Sin embargo, el 25 de octubre de 2018, a solicitud de la directora de la Unidad, Georgia Teresa Abreu Matos, es emitida una orden de arresto en mi contra. Aunque Abreu Matos la solicitó por exhibicionismo, la jueza que emitió la orden lo hizo por maltrato infantil (fue más coherente con lo narrado por la niña ante la psicóloga, a donde fue llevada engañada por su padre con la idea de que hablaría mal de mi para que le dieran la guarda a él, no para que yo fuera hecha presa).
A pesar de que esa orden de arresto fue emitida a finales de octubre, el día 25 para ser exactos, no se ejecutó sino el 5 de marzo de este año 2019, todo ese tiempo ese expediente estuvo dormido.
El lunes 3 de marzo (tercera vez que iba por mi propio interés a la Unidad y ya Aurelina Cuevas suspendida por darme la información de que ella había DESESTIMADO el caso), la magistrada Abreu Matos me dijo que fuera al día siguiente temprano, le respondí que sí, pero que aún no tenía abogado. Ese martes, fui temprano a la oficina de una abogada en Baní, fuimos juntas a la Unidad, pero la magistrada Abreu Matos ya estaba en audiencia. Nos retiramos para volver a su oficina a ver si me contactaba a otro abogado, pues, como me dijo, ya no estaba ejerciendo el derecho penal. De ahí, me envió a la Oficina Provincial de la Mujer de Peravia, en donde la abogada que me atendió me dijo que no podía defenderme porque yo estaba acusada, que sólo defienden víctimas. Pero ella llamó a la Unidad, y es cuando me entero de que el padre de mi hija y su abogado están reunidos con Abreu Matos y que me esperan. La abogada del Ministerio de la Mujer me recomendó que fuera a la Oficina de Defensoría Pública antes de llegar a la Unidad, pasé por allí pero no tenían abogados disponibles en ese momento. Me recomendaron que espera hasta las 2:00 pm, le dije al director de la oficina que no, que me estaban esperando, y me fui sola a la Unidad. Allí me esperaban el padre de mi hija, su abogado, y Gegorgia Teresa Abreu Matos. Ella escribía, y empezó a reclamarme por no haber llegado temprano a su oficina. Le expliqué que estaba buscando abogado, que no tenía (era obvio pues llegué sola), pero parecía sorda, seguía reclamándome: si cuando a usted le vayan a conocer la coerción hace lo mismo, el juez, etc. etc. etc. Le pedí conocer la acusación, algo del expediente. Me miró y me dijo que no, que cuando yo llegara a la Oficina de la Instrucción, tendría copia del expediente. Le pregunté por la denuncia de violencia de género que había puesto el día anterior (lunes) contra el padre de mi hija. "esa denuncia la vamos a fusionar con la denuncia que hizo el señor". Le dije que no estaba de acuerdo y respondió: "yo cumplo con informarle nuestra posición".
Me envió con un policía vestido de civil a un cuarto pequeño y con apenas una silla dura, sin ventilación ni abanico, a esperar. Estuve desde las 11:00 am hasta las 5:00 pm alli, cuando ella me envió con otro policía vestido de civil ante el juez de la Instrucción. Claro, antes me hizo firmarle un recibido de una citación del padre de mi hija en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de la avenida Bethancourt en Santo Domingo (es decir, la retención era para dar tiempo a la Unidad de Santo Domingo a citarme a través de ella, en lugar de que el padre de mi hija pagara un alguacil).
Ese día, no fijaron la fecha de audiencia para conocer la medida de coerción, sino al día siguiente, por lo que desde la oficina de la Instrucción me fui a mi casa con mi familia que estaba allí en solidaridad.
Durante el conocimiento de la medida de coerción, el 8 de abril de este año, la magistrada Georgia Teresa Matos Abreu (que no estaba suspendida pese a que yo la había denunciado el 27 de marzo, más de una semana antes de la audiencia) dijo que la Unidad que ella dirige no tenía el deber de informarme que se me estaba investigando, es decir, que la encerrona que me prepararon junto al padre de mi hija durante 6 meses (desde el 30 de agosto de 2018 cuando pone la denuncia, al 23 de febrero cuando me entero), era LEGAL.
Al menos Abreu Matos, en audiencia, varió la calificación de exhibicionismo a maltrato infantil. Sin embargo, al terminar la audiencia a las 4:00 pm, no había cómo comprar los sellos para pagar la fianza ni estaría listo el dispositivo de la sentencia. Ella, pese a yo tener un garante, el arquitecto Ismael Díaz Melo, me envió para la cárcel preventiva de mujeres ubicada en Paya. Allí estuve desde las 5:00 de la tarde del 8 de marzo hasta las 4:00 de la tarde del 9 de marzo, es decir, unas 23 horas.
Esta es la fecha, jueves 9 de mayo de 2019, que no he recibido respuesta sobre mi denuncia por los atropellos que he recibido de parte de la titular de la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar de Baní, pese a haber denunciado el caso ante el Procurador General de la República, el fiscal titular de Baní y el director del Departamento de Persecución del Ministerio Público. Todos están callados, y la magistrada Abreu Matos sigue tan campante como Juancito El Caminador en el Palacio de Justicia de Baní.
